El fuerte descenso en el precio del barril internacional y la crisis económica generada como consecuencia de la pandemia pusieron a la industria petrolera y a las provincias productoras, en jaque. Mientras se aguarda una definición nacional con medidas de sostenimiento, las administraciones provinciales, comienzan a echar mano en el asusto para asistir al sector y evitar la pérdida de empleos. 

En este contexto, la Legislatura santacruceña, que el jueves próximo sesionará de manera virtual, tiene pendiente de tratamiento dos proyectos relacionados a este temática. 
Solicitaron la adhesión a la Ley Nacional N° 27541, Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, declarada por el Gobierno de Alberto Fernández, en el marco de la Emergencia Pública por la pandemia del coronavirus.

Esta iniciativa pertenece a los diputados del justicialismo aliado, Hernán Elorrieta, José Luis Garrido, Miguel Farías, Liliana Toro y Juan Miñones y tiene por objetivo impider los despidos “sin justo fundamento” y por “causa de falta o disminución de trabajo por fuerza mayor”.

Por otra parte, el diputado de la oposición, Javier Perez Gallart, presentó un proyecto en el que solicita que se prorrogue la Declaración de la Emergencia Pública en materia hidrocarburífera, dictada por Ley 3.535 y extendida mediante Ley 3.573, en todo el ámbito de Santa Cruz hasta el día 31 de diciembre de 2020.