La Tecla Patagonia
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El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén demora una resolución respecto de la aplicación de la Ley 3234 votada por la Legislatura y motorizada por la Fiscalía de Estado, que prevé la extensión de las prisiones preventivas en casos de delitos graves, a raíz de la imposibilidad de avanzar en los juicios por la pandemia.
El defensor general Ricardo Cancela, señaló respecto del caso de Maximiliano Mérgola, quien lleva un año y un mes preso sin juicio, que "el estado de detención que actualmente sufre mi representado es ilegal e inconstitucional". La cuestión planteada "amerita urgente tratamiento toda vez que reviste trascendencia institucional y jurídica y compromete la responsabilidad internacional del estado en atención a vulnerar garantías convencionales vigentes".
En diálogo con La Tecla Patagonia, el impulsor del proyecto de extensión, el Fiscal general José Gerez explicó que “en Neuquén las prisiones preventivas duran un año. Vencido ese plazo el Código establece que no puede decretarse otra medida restrictiva de la libertad. Avizorando que eso podía llegar a suceder porque los juicios no estaban llevándose adelante, para los casos de delitos graves presentamos un proyecto de ley a los efectos de neutralizar ese riesgo. Cuando a una persona se le cumple el año de prisión preventiva no desaparece el riesgo por el cual el juez decidió encerrarlo”.
Asimismo, resaltó que “buscamos adelantarnos a esa situación y que la sociedad no tenga que enfrentarse de nuevo a una situación de impunidad y desconfianza con la justicia. El promedio e Neuquén de la resolución de un juicio por jurados es de 300 días, desde la formulación de cargos hasta el veredicto con una revisión. Es un relojito en realización de juicios y cumplimiento de plazos. En este caso no hay una ineficiencia del Estado sino a una imposibilidad de realizar el juicio por la pandemia”.