La lupa sobre Carmona y Das Neves
El fiscal de Estado, Blas Meza Evans informó que inició una investigación contra su antecesor en el cargo, Diego Carmona y el ex gobernador Mario das Neves por un reclamo económico
El fiscal de Estado, Blas Meza Evans informó que inició una investigación contra su antecesor en el cargo, Diego Carmona, tras una publicación del matutino chubutense Jornada.
Meza Evans quiere conocer acerca de un reclamo económico que un abogado porteño le hace a la Fiscalía, bajo la titularidad del actual subsecretario de Seguridad. Se trata de un reclamo de Gabriel Bouzat a la Fiscalía de Estado por una actuación de Carmona.
La presentación de Bouzat además le apunta al ex gobernador Mario Das Neves. Según su demanda, la Provincia utilizó un escrito suyo protegido por derechos de propiedad sin permiso. El afectado desistió de iniciar un juicio porque el gobierno provincial de entonces le prometió un pago de $96.800 por asesoramiento. Pero no se cumplió. El letrado es especialista en Derecho Público y la Fiscalía de Estado que conducía Carmona fue la que incluyó un texto suyo en una demanda de Chubut contra Nación.
Meza Evans expresó que Bouzat “reclama un pago de unos 80 mil pesos como anticipo en el marco de una conciliación, por lo que inicié una investigación interna para ver qué sucedió realmente y analizar los grados de responsabilidad”. También admitió que “nos enteramos de la situación por las publicaciones periodísticas. A partir de allí, la Fiscalía tomó cartas en el asunto y a ver de qué se trataba”.
Explicó que la causa data de 2009 y se basa en el presunto plagio de una demanda presentada por Bouzat contra Nación en representación de Corrientes. Según repasó del actual fiscal, “en 2009 Chubut inició un juicio contra el Estado nacional requiriendo la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto al Cheque”. Esa demanda fue presentada por Das Neves y Carmona.
“Es uno de los tantos juicios que estamos negociando con Nación para ponerle fin y apareció la voz de Bouzat, quien había sido contratado por Corrientes para realizar un reclamo similar. Este abogado descubrió que la demanda que interpuso Chubut era una copia literal de la que había presentado él; se consideró damnificado por haberse utilizado su propiedad intelectual sin su autoría e inició una denuncia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde dejó constancia de esta circunstancia, pero además inició un juicio de daños y prejuicios contra Das Neves, que era el firmante”, detalló Meza Evans.
Meza Evans aclaró que se trató de una demanda particular “contra Das Neves, Carmona y la Provincia porque en hechos irregulares se puede discutir la responsabilidad del Estado”. Por medio de la demanda, Bouzat “requiere que se indemnice el daño provocado. En Buenos Aires rige un sistema de mediación previa antes del tratamiento judicial de los reclamos”. Por eso se celebró una audiencia de conciliación ante una mediadora oficial y allí se llegó a un acuerdo suscripto por Carmona en representación de Das Neves y la provincia. “Aceptó que Chubut le encargara patrocinarla en un nuevo juicio contra el Estado nacional y solicitaba por ese trabajo un anticipo de 80 mil pesos que nunca llegó a concretarse y con eso se terminaba el conflicto”.
“Ese convenio existe –dijo el fiscal-. Está registrado en la Escribanía General de Gobierno. No hemos encontrado aún un decreto que lo ratifique pero Bouzat facturó el principio del convenio y no aparece la factura por ningún lado”. El abogado se queja de que presentó la factura y aún no hubo respuesta. Tampoco aparece el expediente que incluya la factura.
Pese a que “desde el punto de vista jurídico no existe propiedad intelectual porque los escritos se vuelven públicos cuando se incorporan a expedientes públicos”, Meza Evans admitió que “lo que sin duda existe es una falta ética al hacer una copia literal del trabajo de otro sin permiso”. Por ahora, Bouzat adelantó que reiniciará las acciones judiciales contra los tres y la Fiscalía evaluará el planteo.
En cuanto a si Carmona podría ser separado del cargo por incumplimiento de deberes de funcionario público, advirtió que “en principio yo no lo caracterizaría como un delito. Hay una gran discusión jurisprudencial sobre qué significa el plagio de un escrito judicial. No existe un registro de propiedad intelectual; por eso al menos es una falta ética, salvo que se demuestre que este abogado autorizó a reproducir lo que es su demanda y es evidente que no lo hizo porque justamente cuestiona que esta copia se hizo sin autorización”, abrevió.
“No quiero apresurarme. Tengo que escuchar todas las campanas y recoger toda la información. Lo que sí me consta es que la factura no fue pagada; no sé dónde está y que este acuerdo origina un litigio por un error o falta ética de quien era fiscal de Estado”, concluyó.