29 de septiembre de 2020
NEUQUEN
Avanza la causa que investiga el "cajoneo" de ordenanzas durante la gestión Quiroga
El juez Mauricio Zabala amplió la querella en la investigación por las ordenanzas cajoneadas a los Concejales del Frente de Todos. La causa se inició por una denuncia de los ediles que detectaron irregularidades en el proceso de aplicación de normas votadas por el Concejo local
Los concejales del Frente de Todos, Marcelo Zúñiga y Ana Servidio, fueron admitidos como querellantes en la causa penal que investiga el "cajoneo" de ordenanzas que fueron aprobadas durante el gobierno municipal de Horacio "Pechi" Quiroga. El fiscal Diego Azcárate había rechazado el pedido de los ediles de participar en la querella.
La causa se inició por una denuncia de los concejales peronistas, según la cual la administración de Quiroga obvió la publicación de más de 50 ordenanzas aprobada por el Concejo Deliberante en el Boletín Oficial. Uno de los retrasos tuvo que ver con la sanción a las llamadas "tomas VIP", por la ampliación del reconocido barrio privado El Rincón sobre terrenos públicos en la capital provincial.
Al conocerse la denuncia, el presidente del Colegio de Abogados de Neuquén, Marcelo Iñiguez, consideró que "es un hecho grave que haya 47 ordenanzas no publicadas. En el país hay montones, pero creo que esto es un récord. Si no publicas una ordenanza significa que no tiene efecto, que no es obligatoria".
Las normas se aprobaron y quedaron promulgadas tácitamente al vencerse los plazos del veto. Se trata de ordenanzas sobre donaciones de artistas, modificaciones o actualizaciones al código contravencional, y otra que otorga un día de trabajo a los empleados que integran pueblos originarios en el año nuevo mapuche. También las normativas vinculadas a la prevención de la violencia de género y las que regulan el programa municipal de capacitación en género, entre otras.
“Corresponde revocar la decisión de la fiscalía y tener por querellante a Marcelo Zuñiga y Ana Servidio, con representación del doctor (Bruno) Vadalá, ya que el solo hecho de la representación de la función pública que tienen creo que es un acto suficiente para tener un interés legítimo en que las resoluciones y los procedimientos administrativos en cumplimiento de las resoluciones de ese órgano se cumplan”, escribió el juez Zabala en su resolución.