Los números obligan a nuevas estrategias para financiar la Provincia de Buenos Aires
La caída de la recaudación propia y de la coparticipación no alcanza a cubrirse con la asistencia financiera que brinda la Nación. En ese contexto, el gobierno de Kicillof busca acordar con distintas fuentes de financiamiento para reducir el défict de este año y proyectar el 2021
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(Vía www.latecla.info)
El equipo económico encabezado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, concentra sus esfuerzos en dos cuestiones antes de concluir el primer ejercicio del gobierno de Axel Kicillof: por un lado la elaboración del billonario Presupuesto 2021, que tendrá un perfil productivo y de obra pública; por el otro, el cierre de un 2020 trazado por la pandemia y la crisis económica.
El incremento de los gastos y la caída de la recaudación son las primeras consecuencias del COVID-19 para todas las administraciones públicas. El desafío demanda pericia para que el cierre fiscal sea con el menor déficit posible, y en eso se concentran en la cartera económica. En paralelo, Nación sigue asistiendo con millones, pero tampoco alcanza.
De acuerdo a datos que pudo recabar La Tecla, mientras le da las puntadas finales al Presupuesto, López apuesta a cerrar con los Organismos Multilaterales de Crédito la gestión de nuevos préstamos y la reactivación de los ya otorgadas, mejorar el acceso al mercado en pesos y concluir con el demorado canje de deuda. En este caso, el objetivo es terminar las negociaciones con los acreedores antes de fin de año.
La búsqueda de financiamiento tiene no sólo el contexto de la pandemia, sino el de la grave crisis económica, que agrava los problemas traídos por el coronavirus. El país ya estaba en recesión desde hace dos años, y la inflación viene a galope tendido desde mucho antes en la Argentina.
En la Provincia dicen que el cierre de las paritarias con los empleados estatales está dentro de las posibilidades económicas y que equipara a la inflación. Incluso, en algunos casos, llegaría a estar por arriba de la previsión inflacionaria anual del 30%, cifra que fue estimada por la administración bonaerense desde el inicio de la gestión. Es dable recordar que la inflación acumulada enero-septiembre fue del 22,3%, registrando en el último mes un aumento del 2,8%
En el año, los agentes públicos regidos por la Ley 10.430 tuvieron una suba promedio de sus salarios del 28%, con una promesa de reapertura de las negociaciones en diciembre (en cuyo caso el impacto será para el año que viene). Para los docentes hubo un incremento promedio del 32%, con la propuesta de volver a paritarias en febrero. Estas mejoras, sumadas a las otorgadas a la Policía Bonaerense luego del reclamo del mes pasado, representan un gasto adicional de 17.000 millones de pesos para el último trimestre. La parte de la policía se cubre con el punto de coparticipación que Nación le sacó a la Ciudad y se comprometió a destinar para tal fin.
En cuanto a la recaudación, en términos reales, la pérdida de recursos propios está estimada en 15% promedio para todo el año. Tuvo caídas de 20 a 25% en el inicio de la pandemia (abril-mayo) y alrededor del 10% en los últimos meses. Estiman en el Gobierno que se dejarán de percibir en 2020 unos 50 mil millones de pesos por impuestos provinciales. De hecho, la pérdida promedio mensual desde abril a septiembre supera los 4.200 millones.
En cuanto a los recursos nacionales, en septiembre los números repuntaron considerablemente por un crecimiento del IVA, y las transferencias automáticas de Nación a Provincia tuvieron el mayor crecimiento nominal desde diciembre de 2019. No obstante, tampoco alcanza para recomponer la pérdida acumulada en relación a la estimación inicial.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2020 de Nación preveía que las transferencias de enero a septiembre serían de 382.786 millones de pesos, pero fueron de 346.402 millones, lo que representa una pérdida en términos reales de 36.384 millones. La proyección hasta fin de año indica que son más de 45.000 millones de pesos los que las arcas provinciales dejarían de recibir por coparticipación federal.
Desde el gobierno le dijeron a La Tecla que la caída entre la recaudación propia y la coparticipación perjudicará a la caja de la Provincia en unos 100.000 millones cuando cierre el ejercicio, “e incluso puede ser más”, estimó un funcionario de alto rango. Hasta ahora la pérdida acumulada ronda los 70.000 millones.
Como contrapartida, crecieron considerablemente las transferencias presupuestarias, es decir el dinero que llega por fuera de la coparticipación. En septiembre, la asistencia directa fue de 13.083 millones de pesos, alcanzando en lo que va del año los 112.865 millones de pesos. Pero no es una literal compensación por la pérdida, ya que muchos de esos recursos ya están estipulados en el cálculo inicial, como por ejemplo lo que viene por el Fondo de Incentivo Docente y otros destinos específicos. También se debió repartir buena parte de ese dinero entre los municipios y el sistema de salud (ver aparte).
El resto que queda, 42.000 millones de pesos, sirve para compensar la baja en la coparticipación nacional y poco más. Para nada alcanza a paliar el total del déficit que, se engrosa, por ejemplo, con el desequilibrio en las cuentas previsionales a partir del rojo del Instituto de Previsión Social (IPS), y con los 50.000 millones que demandan los subsidios al transporte y la energía. En este contexto es que el gobierno bonaerense busca acordar antes de fin de año con todas las fuentes de financiamiento posible, no sólo para equilibrar las cuentas de 2020 sino para tener una mejor proyección para el ejercicio que viene.
“Estamos implementando una política de financiamiento responsable. A diferencia del gobierno anterior, que tomó deuda en dólares y a tasas altas, el financiamiento sostenible que estamos trabajando se realizada sobre tres ejes”, contaron en el Ejecutivo a este medio. Y describieron los tres ítems en los cuales se basa esa política.
El primero es gestionar nuevas líneas de financiamiento y reactivación de desembolsos de préstamos ya otorgados por parte de los Organismos Multilaterales de Crédito Multilaterales (CAF, BID, BANCO MUNDIAL, FONPLATA), que brindan líneas de préstamos a tasas bajas y más largo plazo. Los nuevos empréstitos serán destinados a obras de infraestructura vial, educativa, agua potable y a atender las demandas generadas por la pandemia.
Pero un punto clave en la negociación con estos organismos es la ejecución de toda la cartera de préstamos ya firmados durante la gestión de María Eugenia Vidal y que habían quedado sin ejecución. Durante en los primeros 9 meses de 2020 llegaron desembolsos acumulados que alcanzaran un récord histórico. Son 136.800 millones de dólares, que casi duplican los envíos de 2019, y que pertenecen a obras ya estipuladas con antelación.
El otro aspecto en el que trabaja el ministro de Hacienda es el mercado en pesos. En línea con el Gobierno Nacional, se busca refinanciar más del cien por ciento de los vencimientos de Letras del Tesoro, con el objetivo de lograr mayor plazo y una tasa más baja.
“En diciembre de 2019 la tasa era del 50% y en la última licitación realizada en septiembre refinanciamos el cien por ciento de los vencimientos con una tasa promedio fue del 29%. Por otra parte, logramos extender los plazos promedio de vencimiento de letras a 96 días, mientras que en la gestión anterior el plazo de las últimas licitaciones era de 49 días. Hasta el momento se han utilizado 24.750 millones de los 26.686 millones de pesos que tenemos autorizados para este año”, contaron desde el entorno de Palo López.
Por último, y quizá el eje central, está la negociación por el canje de deuda. Se trabaja en la reestructuración de 7.148 millones de deuda en moneda extranjera con acreedores privados externos.
“Actualmente el 84% de la deuda de la Provincia está nominada en dólares lo cual la hace insostenible. Trabajamos para alcanzar un acuerdo, en un contexto económico y fiscal muy complejo, y que respete la capacidad de pago de la Provincia”, fue la respuesta de Hacienda ante la consulta sobre el acuerdo con los acreedores, que se busca desde el inicio de la gestión.
Banco Interamericano de Desarollo
Asistencia financiera El reparto de las transferencias directas del Gobierno Nacional La Provincia recibió 112.865 millones de pesos desde enero a septiembre de parte del Gobierno Nacional por fuera de la coparticipación. Buenos Aires es la principal beneficiaria de la asistencia de la Casa Rosada, al quedarse con el 46% de las transferencias presupuestarias destinadas a las 24 jurisdicciones. De todos modos, una buena parte de ese dinero, 30.000 millones de pesos, pertenecen a fondos que figuran en el cálculo inicial de gastos y tienen, además, una asignación específica. En este caso esos 30.000 millones están repartidos en el Fondo de Incentivo docente, en el sostenimiento del Sistema de Salud y en el incremento de los gastos alimentarios. Otros 19.000 millones se utilizaron para la asistencia financiera extraordinaria a municipios, mientras que 6.000 millones llegaron por el convenio entre ANSES y el Instituto de Previsión Social (IPS) para cubrir el déficit de la caja previsional bonaerense. “Desde el mes de marzo a la actualidad la Provincia realizó una inversión histórica de 15.600 millones de pesos para mejorar y fortalecer el sistema de salud para atender las mayores demandas generadas por la pandemia”, confirmaron desde el Ejecutivo. La inversión en la cual se utilizó ese dinero extra fue para obras de terapia intensiva; insumos, kit de hisopados, medicamentos; respiradores; obras de hospitales modulares; camas en las UTI; y también para la contratación de trabajadores y trabajadoras de la salud. Otros 10.000 millones fueron destinados al incremento del Sistema Alimentario Escolar y el aumento en la demanda de alimentos que tuvo el ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Es decir que unos 42.000 millones de pesos son los que terminan compensando la caída de la coparticipación y una escasa parte de la recaudación propia.
En plena elaboración Hermetismo sobre el billonario presupuesto que viene El gobierno bonaerense no ha publicado en lo que va del año ningún dato acerca de la ejecuci ón presupuestaria de cada uno de sus ministerios. En rigor, el último gobernador que lo hizo con cierta regularidad fue Daniel Scioli. Ahora, desde el Ejecutivo sostienen que es difícil establecer un comparativo cuando se trabaja con una Ley de Leyes prorrogada del año pasado, y las necesidades que disparó la pandemia obligaron a reasignar partidas hacia las áreas que deben atender más de cerca la crisis sanitaria. De todos modos, se sabe que el ejecutado total a fin de año estará entre 1,2 y 1,3 billones de pesos. Si se toma en cuenta la previsión inflacionaria de un 30% para 2020 y se respeta una cifra similar para ampliar el cálculo de gastos de 2021, la Legislatura votaría un Presupuesto de 1,7 billones de pesos. Como ya adelantó La Tecla en su edición del 25 de agosto, el eje estará puesto en la ampliación de la obra pública y el fomento de la actividad productiva, para lo cual tanto el ministro de Infraestructura, Agustín Simone, como su par de Producción, Augusto Costa, han elaborado ambiciosos proyectos que llevarán adelante sus carteras y necesitan de alto financiamiento. En el caso de Infraestructura, se insiste en la puesta en marcha de un plan quinquenal que demanda una inversión de 200.000 millones de pesos por año. En este sentido, para 2021 no sería necesario conseguir todo ese financiamiento, puesto que hay unos 60.000 millones que ya están financiados, en parte por la recuperación de créditos otorgados a la gestión anterior. Y una porción de los 140.000 millones restantes se desprenden del Presupuesto de la Nación. También la Provincia cuenta con la autorización para endeudarse por 500 millones de dólares que la Legislatura le otorgó en agosto. Por ello se trabaja con los Organismos Multilaterales de Crédito para avanzar en la concreción de los créditos para obras específicas, cuya ejecución ya comenzará el próximo año.
El traspaso se demora Un tema en el que los ministerios de Hacienda y de Infraestructura se embarcaron desde el inicio de la gestión pero todavía requiere una solución, y que en gran medida depende de la buena voluntad del gobierno de Alberto Fernández, es la devolución a la Nación de los subsidios al transporte y la energía. Mauricio Macri le cargó el paquete a María Eugenia Vidal en 2019, cuando eso representaba 30.000 millones de pesos (más de 26.000 millones para transporte). Este año afectará en unos 50.000 millones de pesos a las arcas de Axel Kicillof. “Es un tema que debemos solucionar en breve, porque no podemos seguir haciéndonos cargo”, le habían dicho funcionarios a La Tecla en agosto. Sin embargo, la negociación sigue en stand by y el dinero para subsidios continúa horadando la caja bonaerense. Una cuestión política detrás del problema es que, en su momento, fueron los gobernadores peronistas quienes le exigieron a Macri el traspaso para acordar el Pacto Fiscal. Desde ese ángulo es dificultoso para el Gobierno Nacional dar marcha atrás con la medida.
Déficit previsional Un problema de difícil solución y una promesa tajante El impacto de sueldos y jubilaciones sobre el total del Presupuesto bonaerense oscila, dependiendo de las paritarias, entre el 65 y el 70% cada año. Una matriz que la actual administración busca cambiar, sobre todo si se tiene en cuenta que otro 20% va para otras obligaciones como transferencias a los municipios y servicios de la deuda. El porcentaje para destinar a la obra pública queda muy reducido, y para avanzar en un programa como pretende KIcillof la ecuación debe cambiar. El principio de esa restructuración es con un aumento de la masa presupuestaria, pero también está la necesidad de reducir algunos déficits. Hoy, uno de los que más preocupa en el Gobierno es el del Instituto de Previsión Social (IPS), aunque desde el Ejecutivo prometen que no habrá ni reforma jubilatoria ni traspaso a la órbita nacional. En 2019 el balance de la caja jubilatoria provincial arrojó pérdidas por primera vez y el rojo estimado para este año es de 40.000 millones de pesos, de los cuales tan sólo 6.000 se cubren con una partida de la ANSES. Lo que se recuperará con el traspaso de contratados a la planta estable también es un bálsamo, pero no una solución definitiva para una caja que se vio seriamente afectada, además, por los retiros anticipados promovidos durante la gestión de Cambiemos.
