Juicio político e imputaciones: crisis y tensión en el Concejo Deliberante de La Angostura

La tensión en Villa La Angostura sube semana tras semana. Días atrás, la comarca turística neuquina fue noticia por llevar adelante el primer juicio político de su historia. Allí, el Concejo Deliberante resolvió por unanimidad apartar de su cargo al ahora exsecretario de Economía de la comuna.

A partir de allí, el escándalo fue sumando nuevos capítulos a diario. Tras conocerse la resolución del Deliberante, La totalidad de los ediles quedaron bajo investigación por desobedecer una orden de la Justicia cuando decidieron sesionar y llevar adelante el juicio político contra el ahora exsecretario de Economía, Daniel Brito. Ahora, el presidente del Deliberante, David Tressens, echó a la secretaria parlamentaria, Magalí Díaz.

Sin razones aparentes, la Resolución 09/2021, del 17 de febrero último, lleva la firma de Tressens y señala que la decisión de desafectarla de su puesto de trabajo la tomaba en función de las facultades que tiene de “nombrar y remover al secretario parlamentario y supervisar el cumplimiento de sus funciones”.

La decisión se tomó pocos días después de la imputación. Cabe señalar que el juez en lo procesal administrativo de Zapala, Matías Nicolini, había ordenado a los concejales suspender la sesión del 15 de enero pasado y el proceso de juicio político a Brito, por supuesto mal desempeño.  Los concejales no acataron y sesionaron. 

Pese a la instrucción del juez, los concejales negaron haber tomado conocimiento de esa orden judicial. No obstante, el fiscal jefe Fernando Rubio y el fiscal adjunto Ramiro Amaya formularon los cargos contra los 7 concejales el viernes de la semana pasada por el delito de desobediencia a una orden emitida por un juez. A Tressens le atribuyeron además haber cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Es preciso remarcar que una de las pruebas que la fiscalía presentó ante el juez de garantías Nazareno Eulogio, fue la declaración de la secretaria parlamentaria, que reveló que Tressens estaba en conocimiento de la orden del juez. Díaz declaró, según la fiscalía, que la noche del 14 de enero del 2021 había conversado con Tressens y que “le refirió que iban a sesionar igual y la citó para el 15 de enero”.

Asimismo la presentación judicial señala que “ante la negativa de Díaz de participar de la sesión del 15 de enero por entender que iba en contra de la orden judicial, Tressens Ripoll le solicitó que concurriera a las 7 de la mañana para mostrarle cómo debía hacer con el sistema de grabación requiriéndole que entrara oculta y que no recibiera nada antes de ingresar al Concejo”.