REGIóN
28/02
Las provincias del sur: coletazos del vacunagate
El suministro de dosis a funcionarios y allegados salteando los protocolos establecidos también sacudió a la región. Hubo privilegiados, robos y denuncias cruzadas en distintos lugares. Quienes son los "vacunados VIP" de la Patagonia y cual es la situación en cada caso

Por Alejandro De Angelis 

El escándalo por la vacunación, que se desató luego de las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky, quien confesó haberse vacunado tras contactar al por entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y así evitar esperar su turno, y terminó con la salida del funcionario del Gobierno, también tuvo sus coletazos en la Patagonia.

Con Carla Vizzotti al frente de la cartera sanitaria nacional, el primer gesto político fue en el sentido de la transparencia. Para ello, se publicó la lista de quienes accedieron a la vacuna pese a no ser parte de la población objetivo. Se trató de 70 personas, entre altos funcionarios, empresarios y periodistas. También se anunció la creación del  Monitor Público de Vacunación, una herramienta que permite ver día a día el progreso de la campaña en todo el país.

En la fatídica nómina de personas que fueron inoculadas en el Hospital Posadas de Buenos Aires, hubo dirigentes patagónicos presentes. El caso más resonante fue el del santacruceño y actual procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, quién recibió las dosis gracias a anotarse como personal de salud. Otro nombre que apareció fue el del exdiputado nacional y exministro de Salud de Chubut, Manuel Corchuelo Blasco. En su caso, explicó que "tengo 75 años y soy asesor 'ad honorem' del Ministerio de Salud de la Nación", motivos con los cuales justificó su aparición en la lista.

El caso testigo

Santa Cruz fue uno de los primeros casos en el país donde se denunciaron irregularidades en el proceso de vacunación. Allí se detectó que al menos dos intendentes y sus allegados accedieron a la vacuna, por fuera de los protocolos establecidos que indicaban como prioritarios a los trabajadores de salud y los adultos mayores de 70 años.

El señalamiento a los implicados no partió solo de la sociedad. El propio Gobierno provincial, del mismo color político que los Jefe comunales beneficiados con la aplicación de la Sputnik V, se desligó del asunto y condenó lo ocurrido en las localidades de Gobernador Gregores y Comandante Luis Piedra Buena, al tiempo que abordó una investigación para esclarecer lo sucedido.

“No hubo vacunación VIP, hubo irregularidades en el sistema de vacunación”, aseguró en diálogo con La Tecla Patagonia el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Matías Mazú, quien remarcó además que “las autoridades son personal estratégico. Eso está determinado por la Organización Mundial de la Salud. Los Presidentes, los Gobernadores y los Intendentes están determinados como estratégicos”.  

Asimismo, Mazú analizó que “en este caso el problema es que la vacunas que pretendíamos tener a esta altura no llegaron en la cantidad que tenían que llegar”, y reconoció que se debería haber explicitado a quienes correspondía inmunizar. Asimismo, enfatizó: “la caza de brujas no corresponde, quienes lo hicieron indebidamente tendrán un costo político y social y deberán hacerse cargo”.

Por su parte, la diputada nacional Roxana Reyes (UCR), quien presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Río Gallegos por la presunta carga de datos falsos en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) del Ministerio de Salud de la Nación, advirtió a La Tecla Patagonia que "todos los ministros de salud han permitido esto", y lo describió como “un daño nacional".

La legisladora hizo hincapié en el caso Zannini. "Pusieron como personal de salud a gente que no lo era", remarcó Reyes y enfatizó en que "eso genera daño porque de acuerdo al Sisa se toman decisiones sanitarias nacionales. Las claves las maneja cualquiera".

Mazú, por su parte, consideró “imposible” adulterar el SISA ya que “los que tienen clave se identifican y cuando ingresan quedan registrados, al igual que todo lo que hagan”, al tiempo que deseó que todo lo sucedido “ayude a que la campaña de vacunación sea más rápida”.

Como adelantó este medio en las últimas semanas, la sangre no llegó al río. Ni los intendentes Federico Bodlovic (Piedrabuena) y Héctor Vidal (Gregores), ni los diputados José Bodlovic y Juan Vázquez, principales señalados entre los que se saltearon su turno usando sus privilegios, renunciaron a sus cargos. Sin embargo, el costo político es un hecho. En lo inmediato, Bodlovic perderá la vicepresidencia de la Cámara de Diputados y Vázquez no tendrá la posibilidad de postularse para renovar su banca. Para ambos, más allá de las posibles consecuencias legales, el escarmiento llegó por parte de sus correligionarios. 

Muchas sospechas y alguna certeza

En Neuquén, una lista con los principales nombres de la política y el sindicalismo circuló por las redes y grupos de Watshapp y fue desmentida inmediatamente por el Ministerio de Salud. Las autoridades aseguraron que se trató de una Fake News y descartaron la posibilidad de que se haya dado una situación de esas características en la provincia.

“La campaña de vacunación contra el COVID-19 en la provincia del Neuquén se lleva a cabo a través de dos registros publicados en la página oficial de la cartera sanitaria, uno para personal de salud y otro para adultos mayores de 60 años. Actualmente, son las únicas dos poblaciones objetivos que han iniciado con la vacunación”, dijeron desde la cartera neuquina.

Sin embargo, hubo un caso confirmado. Se trata del dirigente radical Juan Peláez, que fue señalado por la exfuncionaria del Municipio de Neuquén, Yenny Fonfach, como un vacunado VIP. Peláez es dueño de la clínica Pasteur, en Neuquén capital, y abogado, de profesión. “Es una persona joven de 45 años y sin ninguna afección preexistente, y se aplicó la vacuna”, denunció Fonfach en diálogo con La Tecla Patagonia.

En tal sentido, la dirigente neuquina explicó que “el Ministerio de Salud pide los listados a las clínicas privadas de las personas para vacunar, que son las que están en contacto permanente con personas con COVID. Y la clínica envía el listado para solicitar la vacuna al Ministerio. Salud lo que hace es dar los turnos en base a esa lista”. Así, Fonfach desligó de responsabilidades a las autoridades sanitarias, e insistió: “acá hay un abuso de autoridad de parte de Peláez, que por ser dueño de una clínica y sin ser médico, se incluye en una lista para ser vacunado. Él se vacunó el jueves 18 en el Ruca Ché, solicitado por él. Es un vacunado VIP”.

Por su parte, Peláez se justificó al asegurar que “al ser Director General de un centro COVID, no sólo debo dar el ejemplo en vacunarme, sino que soy además personal estratégico”, y habló de una campaña “difamatoria” en su contra, inscripta en la interna que afrontará la UCR en las próximas semanas y que enfrenta a ambos dirigentes.

En Río Negro, si bien no se conocieron casos de privilegios, la oposición marcó la cancha. El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Juan Martín, pidió al Gobierno que publique una lista de “quienes se hayan vacunado como personal estratégico o por excepción” y solicitó a la Defensora del Pueblo que investigue si en Río Negro funcionó algún tipo de “vacunatorio VIP”.

“La revelación de la existencia de vacunatorios VIP no sólo en el Ministerio de Salud de la Nación sino en diversas partes del país pone a todo el sistema bajo sospecha”, aseguró en diálogo con este medio el diputado Martín, y resaltó que “no es nada bueno que los rionegrinos se pregunten por lo bajo si en nuestra provincia tal o cual personaje se vacunó por acomodo. La transparencia debe ser total”.

En esa línea, el legislador recalcó como “muy importante” que en Río Negro se informe “a dónde van a parar las vacunas y se asegure transparencia”, y recordó el caso nacional como un hecho “miserable” en el que “se jugó con la vida de los argentinos, se roban la esperanza de los que están aguardando su turno”.

Desde el Gobierno rionegrino, la encargada de responder a las sospechas fue la Secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, quien aseguró que el sistema de selección y asignación de turnos “es totalmente transparente y no hay intervención de personas en eso”.

En ese sentido, Ibero explicó que se realiza mediante “una computadora que saca el listado del orden de inscripción y lo ordena entre los mayores de 70, los mayores de 60, los de riesgo y el personal estratégico, entonces se llama según el orden de prioridad y de inscripción”.

Un robo inesperado

En Chubut se dio el hecho más llamativo en torno a la provisión de vacunas. Se trató de la detección de un faltante de 30 dosis, que fueron robadas del Hospital Municipal de Comodoro Rivadavia. Las versiones extraoficiales, tras varios días de investigación, señalaron al sindicato de Camioneros como uno de los involucrados en el ilícito. Sin embargo, desde el gremio desmintieron tales acusaciones.

Quién habló al respecto fue el exdiputado y principal referente del sindicato, Jorge Taboada, quien aseguró que “no nos robamos la vacuna”, y responsabilizó a una empleada del nosocomio, quién aseguró “nos dijo que iba haber una disponibilidad de vacunas” para poder vacunar al personal de nuestra obra social”, al tiempo que afirmó: “No hay ninguna posibilidad de que nosotros sospecháramos de una situación irregular”. Taboada también apuntó contra el Ministerio de Salud provincial.

Sobre el caso, el titular del área de Salud chubutense, Fabián Puratich, aseguró a La Tecla Patagonia que “las vacunas llegan custodiadas y se quedan en los vacunatorios donde hay cámaras de seguridad y la vigilancia propia de los hospitales”, aunque admitió que “luego del evento de público conocimiento, lo reforzamos con custodia policial”.

“Soy el absoluto responsable”, reconoció Puratich en diálogo con este medio, agregó: “por eso inicié los procesos sumarios correspondientes y se hizo la denuncia penal para esclarecer la cadena de responsabilidades y hasta dónde llegan. Eso lo va a determinar la Justicia y en base a ello se tomarán las decisiones desde el sistema de salud”.

Al polémico caso del robo de dosis se sumó la acusación contra el diputado nacional del Frente de Todos, Santiago Igón, a quien la oposición lo apuntó como un “vacunado VIP”, aunque no existió confirmación oficial de que haya sido inmunizado. Al respecto, su par de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, enfatizó en que “necesitamos que las vacunas lleguen a los que tienen que llegar para salvar vidas. La prioridad tienen que ser los adultos mayores y las personas en riesgo”, y pidió: “basta de privilegios”.

Como sucede con cada debate a nivel nacional, la Patagonia tiene su propia versión de los hechos. En las últimas semanas hubo listas, fake news, acusaciones cruzadas, rumores de renuncia y más de un inquieto por la revelación de datos. En el sur también existen los tristemente célebres “vacunados VIP”.