INFORME
02/05
Tierras en Chubut: ¿Se terminó el cuento del tío?
El ordenamiento territorial es una materia pendiente. Hay algunas acciones en ese sentido, como la creación de la Comisión de Tierras Indígenas, pero aún queda mucho por resolver. La Ley vigente es de los años ´90. De la extranjerización al curro verde y a los litigios actuales
Por Mariela Branda 

El dominio de la tierra sigue siendo un tema controversial en la provincia de Chubut. El denominado “curro verde” hacía referencia a la venta de tierras con bosques nativos durante el dasnevismo pero este modelo se replicó en otras zonas con tierras con costa de lagos, o belleza natural. Básicamente consistió en la venta de tierra en cercanía del Parque Nacional Los Alerces a precios irrisorios. Dentro de los compradores hubo políticos, empresarios y allegados al extinto gobernador, Mario das Neves. Todo esto fue posible gracias a polémicos decretos emitidos por Das Neves que violaban la Constitución Provincial la que establece que la cesión y/o venta de estas tierras debe ser aprobada por la Legislatura por las 4/5 partes. 

En el año 2019 con el voto de la mayoría de los diputados quedó aprobada la ley por el cual declara nulo de nulidad absoluta y carente de validez desde su dictado el Decreto 712/04 y su Decreto modificatorio 74/05. Es decir que quedaban anuladas las ventas de tierras con bosques nativos. El gobernador, Mariano Arcioni, vetó la Ley al considerar que perjudicaba a la Provincia pero la Cámara aprobó el rechazo al veto por extemporáneo.  


(Los incendios de 2015 sacaron a la luz el negocio del "curro verde")

Previo a esto, en la década de los ´90 varias de las tierras con mayor riqueza natural de la provincia fueron adquiridas por grandes empresarios extranjeros. El caso más emblemático es el de Luciano Benetton quien mantiene desde hace años litigios con la comunidad mapuche. 

En el año 2011 se sanciona a nivel nacional la Ley de Tierras que limita el porcentaje de tierras que pueden estar en manos extranjeras. Se establece limitar la posesión extranjera de tierras a 1.000 hectáreas por propietario, ya sea persona física o jurídica. Y además se pone un tope del 20% del total de tierras rurales que pueden estar en manos foráneas, tanto a nivel nacional, provincial y municipal.

Las diferencias entre las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Mauricio Macri y el de Cristina Fernández llegaron también a los registros. En 2016, el Presidente emitió un decreto que modificaba la llamada Ley de tierras (26.737) donde flexibiliza  la Ley que fue sancionada en 2011 y que estipulaba el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.  



En el plano local,  el Instituto Autárquico de Colonización, el organismo provincial encargado de legalizar las posesiones de tierras, tiene gran cantidad de litigios por resolver en cuanto a la titularidad, mucho de ellos finalmente terminan en la Justicia.  

La Ley vigente quedó obsoleta. Data de la década del ´90  y tanto desde la conducción del Instituto como desde la oposición reconocen que es necesario actualizar la ley pero poco se avanza con alguna iniciativa en este sentido. 

Actualmente existen por un lado, reclamos de miembros de comunidades originarias a quienes se les despojó de sus tierras; por otro existen compras de particulares que denuncian que han sido perjudicados con tomas en sus terrenos. Apuntan al uso que algunos abogados estarían haciendo de los reclamos ancestrales de las comunidades.  

Treinta años después se creó la Comisión de Tierras Indígenas  

El decreto 112, firmado por el Gobernador de Chubut, que invoca el fallo dictado en la causa Pilquimán impulsada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y la Comunidad Pilquimán desde 2007, repara un largo incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos indígenas en la Provincia.  

Este decreto llega después de tres décadas de incumplimiento del derecho a la consulta y participación indígena, un antiguo reclamo de Comunidades y organizaciones indígenas. El decreto es de marzo de este año y todavía no se ha conformado la comisión ya que requiere de un proceso de selección complejo que deben hacer las propias comunidades.  



El Superior Tribunal de Justicia exhortó al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural a que, cuando adjudique tierras donde una de las partes sea indígena por sí, por pertenencia comunitaria o familiar, deje advertencia expresa de que esa operación dependerá de la revisión de la Comisión de Tierras Indígenas. Así busca garantizar que se escuchará la opinión de los pueblos originarios.  
 
El máximo órgano judicial de la Provincia también reclamó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo que urgente pongan en funcionamiento esta Comisión, que revisará casos pendientes y asegurará la seguridad jurídica de los pueblos originarios en casos futuros.  

 El fallo se basa en el Caso Pilquimán, amparo iniciado en 2007 por Crecencio Pilquimán en el Juzgado de Familia de Puerto Madryn. Reclamaba la nulidad de la Resolución 60/07 del IAC, que otorgaba derechos al ganadero Camilo Rechene sobre un predio rural en el Departamento Gastre.  
 
El amparo exigió que antes de concretar esa operación, se respetaran y escucharan los derechos de la comunidad aborigen a la que pertenecía Pilquimán. La demanda fue contra el IAC pero luego se vinculó al proceso a Rechene, a quien esa Resolución le había reconocido derechos sobre 2.500 hectáreas.  

Pilquimán llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal nacional anuló la sentencia del Superior y lo cuestionó por haber omitido “todo pronunciamiento sobre los derechos” de los pueblos originarios a ser oídos. En 2017 Pilquimán falleció tras una década sin que un juez lo escuchara. Su familia siguió adelante con el caso, de nuevo en tribunales chubutenses.  
 

Máximo Pérez Catán (Titular del IAC) 

“Estamos trabajando para lograr un determinado ordenamiento”  


“Es cierto que hay varios litigios en curso sobre tenencias de tierras, hay de todo de un lado y del otro. Hay una gran diversidad de conflictos en este sentido que tienen que ver con diferentes situaciones y en este sentido desde el Instituto estamos trabajando para lograr un determinado ordenamiento”, expresó en diálogo con La Tecla Patagonia, el responsable del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento.  

“Hubo un caso que se llama Pilquimán vs Pilquimán en la provincia de Chubut que terminó dándole la razón a una de las partes de la familia que argumentaba su derecho sobre la propiedad. En ese fallo queda ratificada la actividad del IAC, el proceder en este contexto, pero la sentencia del Superior dice en una parte que, si se hubiese conformado la Comisión Aborigen que establece la ley del IAC, la controversia hubiese terminado igual tal vez, pero se hubiera tenido un paso de legitimación que para ellos hubiese sido importante”, agregó.  



“Nosotros venimos trabajando hace bastante para conformar la Comisión, pero había un tema presupuestario que lo impedía. Nos apoyamos en el fallo para pedirle al gobernador, Arcioni que integre la comisión y que en vez de nombrar a los directores lo que vamos a hacer es correr con todos los gastos de su trabajo. Se crea la comisión y el IAC va a pagar los viáticos, los gastos de combustibles o pasajes y todo lo que necesiten para llevar adelante el trabajo.  Era una deuda pendiente el tema de la conformación de esta Comisión porque la reforma que la crea es del año 1994. El tema fue que en las conversiones con las comunidades me encontraba sin herramientas más allá de la buena voluntad. No tenía un interlocutor que me ayudara a que no desconfíen”, añadió.  

“Vamos a integrarlos a ellos sin cobrar sueldos, vamos a pagarles todo lo que necesiten para trabajar, pero me parece que esto de que no cobren sueldos es beneficioso en definitiva para que no genere recelos con sus decisiones futuras. Me parece que más adelante habría que modificar la Ley en este sentido”. 

“Hoy en Chubut la tierra está prácticamente toda ocupada. Lo que hace el IAC es reconocer las ocupaciones y el mecanismo administrativo para hacerlo es el permiso precario. Eso le pasa a muchos pobladores aborígenes o pequeños pobladores porque no venían al pueblo. Ahora es más fácil hacerlo y de a poco se va regularizando esto. Pasa otra cosa que los permisos que el IAC otorgó hace 30 años atrás muchos están en litigio familiar porque el titular murió y entonces son los familiares quienes reclaman. Es un tema complejo”, concluyó.  

 

Gabriela Dufour (ExMinistra de Desarrollo Territorial – Ex Interventora del IAC)  

“No hubo ni hay voluntad política para regularizar la situación”  


“Por lo que he visto no hay mucho ordenamiento en el IAC. Para poder actualizar hay que cambiar la ley vigente y hasta donde sé la última que se presentó fue la mía. Antes de irme del Ministerio junto con un equipo armamos una nueva ley de ordenamiento territorial. La lógica de la ley vigente es de los años ‘90, y con la lógica neoliberal de ese momento. La Ley original del IAC casi de creación tenía la lógica de la colonización. Supuestamente los espacios “vacíos” - aunque nunca estuvieron vacíos- los llenaban los “blancos” por decirlo de una manera simbólica. Esta lógica cambia en la ley de los ‘90 que de alguna manera permitió reproducir la dinámica del empresario que venía con mucha plata a comprar belleza, la panorámica. Ahí se empiezan a dar en la Patagonia estos fenómenos de las compras de tierras que seguía determinado mecanismo. Se le reconocía al poblador original la supuesta tenencia precaria, se lo obligaba a hacer la mensura, ya ahí aparecía el “rico” pagando la mensura, teniendo un acuerdo de transferencia de titularidad. Les pagaban poca plata a los pobladores que tenían el derecho, se los acompañaba en el proceso para regularizar en el IAC y luego cuando ya no era precaria la tenencia se transfería de manera definitiva a sectores capitalizados”, explicó Dufour en diálogo con La Tecla Patagonia.  

“Todo esto se potencia desde el año 2003 en adelante hasta el año 2014 aproximadamente. Allí fueron apareciendo abogados e inmobiliarias haciendo este tipo de negocios en la zona. Al mismo tiempo empieza a darse como contraposición el fenómeno del reclamo de los pueblos originarios. Después de 2014 o 2015 se empieza a visualizar cómo ricos y famosos se fueron quedando con las tierras chubutenses”, agregó.  

“Hay que entender que en las zonas donde no había interés económico se empiezan a dar permisos comunitarios. Todavía no estaba instalado ni había interés en la minería, entonces en la Meseta se pueden encontrar entregas de tierras comunitarias a las comunidades. Para mi es clave cuando se empiezan a hacer los relevamientos de tierras que tienen las comunidades originarias. En Chubut fue muy traumático el proceso” 

Respecto a la reciente conformación de la Comisión de Tierras Indígenas, Dufour señaló que se presenta un problema que es “la elección de los integrantes. La ley es muy clara y dice que son las propias comunidades quienes deben elegirlos. El primer tema es que hay que entrar en la lógica de la comunidad, quién es el lonko, él decide quién lo representa, es complejo.  Todas las veces que se intentó avanzar se presentó este problema. Porque después como hemos visto aparece gente que está atrás de las comunidades al acecho para sacar algún rédito”.   

Por último, sostuvo: “Para mí no hay voluntad política en avanzar con un ordenamiento. El momento clave si hubieran querido hacerlo fue cuando decretamos la nulidad de los decretos 712/04 y 74/05 que permitieron la venta de tierras con bosques nativos. Si Arcioni hubiese querido ordenar hubiera avanzado con la conformación de un equipo para empezar a revisar títulos. El tema es que como a todos le vendieron a precio vil, pocos pueden reclamar que la Provincia les pague otro precio que no sea el que les cobró. Se puede plantear alguna mejora. Había elementos para avanzar en el ordenamiento y hubo una clara decisión para trabar todo para que los dueños - todos ricos y famosos- no vean afectado su patrimonio”.  

El caso Samamé 

De ambos lados los conflictos territoriales en Chubut siguen generando causas en la Justicia. Un caso reconocido es el que tiene como protagonista a la familia del ex Procurador General, Eduardo Samamé quien sostiene que su compra fue de “buena fe” y que existe miembros de las comunidades que se aprovechan de ese rol y posición para quedarse con tierras que no son suyas.  

Si bien el exprocurador no lo dice se habla también de abogados que incitarían a los litigios a miembros de las comunidades aborígenes con el fin de algún tipo de rédito.  

En diálogo con La Tecla Patagonia,  Samamé, relató el caso que lo involucra a su esposa y su hijo en la compra de tierras. Actualmente el mismo se encuentra en litigio judicial debido a que las mismas se encuentran ocupadas.  

“La historia que presenta a la señora Isabel Catrimán como una anciana desvalida, humillada, acosada, aislada, alterada en su integridad por dos empresarios sin conciencia, es una construcción fraudulenta ideada por Gloria Colihueque y la abogada Sonia Ivanoff.   

Carente Gloria Colihueque de respaldo legal para consumar el despojo que intentó primero por la violencia y luego por procesos judiciales sin sustento, recurre a la sensibilidad de distintas organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos de personas y comunidades vulnerables”, señaló Samamé.  

Y agrega en una serie de ítems el recorrido de la propiedad en cuestión.  

“1. El primer ocupante del inmueble rural conocido como Laguna “El Martillo”, fue el señor Santiago Salazar (año 1919);  

2.En el año 1959 Lucio Freeman compra los derechos que por la ocupación le fueran reconocidos a S. Salazar (I.A.C. 218/59);  

3.En el año 1973 el I.A.C. adjudica en venta el predio al señor Lucio Freeman y se cancela el precio;  

4.En el año 2009 con anuencia del I.A.C. Lucio Freeman lega en favor de su hijo Luciano Gabriel los derechos que le otorgaban la anterior y cancelada adjudicación en venta;  

5. En el año 2020 el I.A.C. otorga al señor Luciano Gabriel Freeman, la anuencia para que ceda, venda y transfiera onerosamente sus derechos sobre el predio a Martín Famulari, Sayy Fabiana Serra y Alicia Mercedes Bordas.   

En el año 2003, el señor Lucio Freeman emplea al señor Hipólito Colihueque, hijo de Isabel, como puestero. Éste fallece en el año 2013 y Lucio en acuerdo con la señora Isabel Catrimán continúa, asistida por el señor Gregorio Cayulef con el cuidado del predio. Al morir Lucio Freeman, Luciano Gabriel Freeman sigue la relación laboral en iguales términos.  

Desde que Hipólito Colihueque fue empleado, era visitado por la madre y su hermana Gloria.  

La señora Isabel Catrimán junto con la familia vivió en el inmueble de su propiedad ubicado en la calle Molinari 1800 s/n de Esquel. En esta ciudad trabajó, crió a sus hijos y por la calidad de ocupante que desde 1930 tenía la familia Catrimán/Notao, en el año 2015, ratificado por Ordenanza del 2016, el municipio les otorga la superficie de 89 hectáreas en la zona denominada “Laguna La Zeta”.  

Hay épocas del año en el que la zona “Laguna El Martillo” queda aislada para el tránsito de vehículos. Que por la edad y los problemas de salud que refieren, la señora Isabel Catrimán permanezca en el predio durante el período invernal, es responsabilidad de su hija Gloria Colihueque.  

Durante el resto del año, las personas que la han visitado pueden dar testimonio que han podido ingresar y salir del lugar sin inconvenientes y que la comunicación con la señora Catrimán también puede efectuarse por telefonía celular”, sostiene.