Por Gustavo Menna (Diputado nacional de la UCR por Chubut y Vicepresidente 1° de la Comisión de Asuntos Constitucionales)
La Patagonia tiene particularidades que justifican el diseño de políticas diferenciadas y específicas.
Su vastedad geográfica, la baja densidad demográfica, la dispersión de sus centros urbanos, la ubicación, su clima extremo, el atraso en la infraestructura respecto de la zona centro de la República Argentina, entre otras razones, obligan a una política de integración que tome en consideración el mandato constitucional de “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio, promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”, tal como lo establece la “cláusula del progreso con justicia social” que la reforma de 1994 incorporó como art. 75 inc. 19 a la Norma Suprema.
El Estado Nacional desarrolló diversas herramientas de este tenor para promover la ocupación de los entonces territorios nacionales que hacia fines de la década del ’50 del siglo XX se provincializarían y adquirirían el estatus de entidades de la federación en un plano de igualdad con las provincias “históricas”.
En este orden pueden reseñarse la zona libre de derechos de importación al sur del paralelo 42, la promoción industrial para la radicación de parques industriales textiles en Trelew, el Programa de Desarrollo de la Industria del Aluminio que favoreció a Puerto Madryn o el régimen de promoción industrial que posibilitó el desarrollo de la industria electrónica en Tierra del Fuego, entre otras medidas que posibilitaron un grado importante de crecimiento económico.
Asimismo, y en este caso del lado de las relaciones laborales, las normas contemplaron un diferencial salarial por zona, originalmente del orden del 20% y posteriormente incorporado en la negociación colectiva con porcentajes mayores según el respectivo convenio.
En 1992 una medida de alto impacto fue la exención del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) para lo que la presidencia de Carlos Menem dio en llamar “Patagonia Austral” y que en su origen favoreció con este beneficio a las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, y a la línea sur de Río Negro (dec. 897/92, modificado por dec. 1.161/92, ambos aprobados por ley 24.181).
Al tener el ITC un valor fijo de alrededor de $ 0,30 por litro de combustible en lugar de una alícuota porcentual, el diferencial equivalía a casi el 50% del precio final en surtidor, que en el resto del país valía $ 0,60 por litro.
Esta determinación fue muy importante para compensar los costos logísticos y atenuar la incidencia del flete en los productos que se venden en Patagonia, además de compensar el mayor costo de vida de la zona, especialmente en materia de traslados.
La salida de la convertibilidad a principios de 2002 licuó este beneficio ya que los combustibles comenzaron a incrementar su valor en mayor medida que el ITC, que de esta forma dejó de representar un 50% del valor final.
En la actualidad, con la sanción de la ley N° 27.209, la exención se expandió territorialmente y alcanza a la totalidad de las provincias del Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, y La Pampa, además del departamento de Malargüe en la provincia de Mendoza y el partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires, pero acotada a las naftas (ya no comprende al gas oil y el diésel, en virtud de lo dispuesto por la reforma tributaria integral de fines de 2017), aunque existen proyectos del suscripto y de la Senadora Nancy González para reponer la exención al gas oil.
De todas formas, el tributo (denominado ahora Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono) es al día de la fecha del orden de los $ 18 por litro, lo que aun de lograrse la aprobación de esos proyectos se estaría muy lejos de generar por esta vía un diferencial del 50% como existía en los ’90.
Otro diferencial muy relevante son los adicionales de zona patagónica en las jubilaciones y los montos diferenciales para las asignaciones familiares que reconoce la ley 24.714.
Estos últimos fueron dejados sin efecto por el decreto 702/18 del Pte. Macri, pero la norma fue suspendida al cabo de los pocos días y luego dejada sin efecto, como consecuencia de los reclamos y presentaciones que efectuamos junto a las diputadas nacionales Roxana Reyes y Lorena Matzen, de Santa Cruz y Río Negro, respectivamente.
Otro tanto pasó con el proyecto de ley presentado recientemente por el diputado Sergio Massa, orientado a elevar las deducciones computables orientadas para de este modo excluir del pago del impuesto a los trabajadores que perciban menos de $ 150.000 mensuales.
Ese proyecto, que finalmente fue sancionado como ley 27.617, modificaba el art. 30 de la Ley del Impuesto a las Ganancias eliminando el 22% de deducciones adicionales que pueden computarse para los salarios de Patagonia.
Nuevamente debió activarse el reclamo que efectuamos junto a las diputadas Reyes, Matzen y el diputado Martín Berhongaray para evitar la pérdida de ese beneficio que compensa el mayor costo de vida de la región.
Finalmente, uno de los diferenciales más relevantes por involucrar un servicio básico y esencial en una zona de rigor invernal como la Patagonia es el subsidio al gas residencial.
En 2002 se estructuró por ley 25.565 un Fondo Fiduciario que se forma con un cargo que pagan los usuarios de gas de todo el país, y con esos recursos la tarifa residencial en las provincias patagónicas y en el departamento Malargüe en Mendoza –posteriormente ampliado a la Puna-, es un 50% menor. La diferencia le es compensada a las empresas distribuidoras por el Estado con los recursos del Fondo Fiduciario.
Este beneficio pensado para 10 años de vigencia fue prorrogado en 2009 mediante la ley 26.546 por otros 10 años a partir de su vencimiento en 2012. Ello significa que estamos próximos a que finalice el subsidio.
Teniendo en cuenta que cubre el 50% de las tarifas residenciales, su pérdida implicaría que las facturas de gas se incrementarían al doble, con el agravante que estamos en el medio de un proceso de ajuste tarifario, lo que haría aún más costoso al servicio.
Por ese motivo impulsamos en 2020 un proyecto de ley propiciando la prórroga por otros 10 años computados desde el vencimiento, ya que estos beneficios suelen tener un trámite engorroso en el Congreso y generan una puja regional.
De hecho, hace pocos días el diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto en el mismo sentido, pero incorporando al subsidio a distritos de otras provincias, en particular de Buenos Aires, que pueden conspirar contra el sentido patagónico que tiene la medida, y cuya justificación se apoya –además del frío extremo- en ser la Patagonia la región en donde se produce la mayoría del gas que se consume en la Argentina.
En definitiva, no se trata de mendigar subsidios, sino de comprender que una política de desarrollo que comprenda a todo el país demanda generar ventajas competitivas por vía estatal que compensen las diferencias ya apuntadas.
El equilibrio federal lo demanda y por otra parte los hechos demuestran que existe una enorme transferencia de recursos desde los márgenes del país hacia las zonas centrales.
Esto es muy notorio en el caso de los servicios públicos como energía eléctrica y transporte, que en todo el país son concesiones locales mientras que en el área metropolitana de Buenos Aires el poder concedente es el Estado Nacional, generando con ello que los subsidios se concentren en dicho espacio geográfico y se paguen tarifas sensiblemente inferiores a las del resto de los distritos.
No se trata entonces de una puja distributiva caprichosa o que procure sacar ventajas indebidas, sino de tener una visión de país integrado, lo que demanda mecanismos que posibiliten un desarrollo armónico de todas sus partes.
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