Los años impares son difíciles para las alianzas electorales, y en un escenario tan polarizado como se presenta hoy en la política argentina, mucho más. Hay dos fuerzas nacionales que se disputan la mayor porción del electorado en todo el país, y algunos dirigentes pugnando por representar una tercera vía que coseche algo del desencanto de los electores con esos polos enfrentados más que nunca. En la Patagonia, en esa puja se implican con gran protagonismo las fuerzas provinciales. Particularmente se da en el caso de Neuquén y Río Negro, conduciendo al Ejecutivo y con representantes en las cámaras nacionales, justamente los lugares que se pondrán en competencia en las elecciones de este año. Ese juego a dos puntas genera cierta tensión política entre los gobiernos provinciales y la Rosada, que solo la disuelven las urnas. Tanto Juntos Somos Río Negro (JSRN) como el Movimiento Popular Neuquino (MPN) son conscientes de las limitaciones que implica, en materia de gestión, mantener un mal vínculo con el poder central, por lo que se caracterizan por oscilar entre el diálogo abierto y cierto disenso sobre algunas cuestiones más puntuales de cada territorio. Hacia adentro, con los representantes del Gobierno en la Provincia, la cosa es bien distinta. La cordialidad y el diálogo con Balcarce 50 se corta en las fronteras de cada distrito, donde los enfrentamientos cotidianos son moneda corriente y las parcelas de cada fuerza política quedan bien delimitadas.
Los años impares
En los años impares, todo es distinto, como suele decirse en aquellos momentos donde todo el país va a elecciones. El calor de las urnas pone en discusión la posibilidad de congeniar una gestión conjunta entre gobiernos y la potencial contienda política, siempre latente. Si bien en el caso de los provincialismos, la mirada hacia adentro es mucho más fuerte, también hay conciencia de que una banca en el Congreso es una posibilidad concreta de negociación. Y a más escaños, más poder de fuego a la hora de sentarse a una mesa de discusión. En el caso patagónico, el esquema es sencillo: “Con una mano te acuesta y con la otra te da tiro”. La frase de una reconocida canción de Bersuit Vergarabat podría describir a la perfección la estrategia. Los gobiernos provinciales acuerdan lo macro con el Ejecutivo nacional y mandan a sus representantes en el Congreso a pelear el punto por punto. Ya no garantizan el consenso y la mano levantada ante cada proyecto. La rispidez crece y, por orden natural, viene el despegue político. Este cambio se acentúa también desde lo discursivo. Por decantación comienza a vislumbrarse en el enfoque un provincianismo más marcado, que contrasta con la idea de una fuerza nacional que viene a imponer deseos ajenos a la región. Allí hace mella el perfil hiperlocal y los dirigentes arraigados a la Provincia, en contraposición a referentes más federales, con una mirada mucho más amplia y, por consiguiente, menos focalizada. Lo que se busca siempre es ocupar el espacio que los otros, por compromisos políticos o ideológicos, no pueden llenar. Así como los referentes regionales del Frente de Todos y Juntos por el Cambio buscarán utilizar como estrategia el arrastre de las figuras nacionales, las fuerzas provinciales intentarán capitalizar esas mismas caras con un sentido negativo, que aporte a la idea de centralidad del poder y ausencia de federalismo.
Terciar es la tarea
Sin embargo, no solamente la diferenciación con el Gobierno se pone en juego, también con la oposición. El gran objetivo de las fuerzas provinciales es lograr terciar entre los gigantes y sacar rédito a esa disputa, hoy acentuada por el tránsito del COVID. A esa idea ayuda también el creciente malestar que se vive con la gestión del Gobierno actual, por las medidas “antipáticas” tomadas, y algo de la huella que dejó Cambiemos, con una fuerte ima gen negativa en la región. Pero también, en ese tablero, hay una cuota de desgaste para los sellos provinciales. El hecho de llevar adelante la gestión cotidiana, a lo que se suma la acuciante coyuntura, no deja de ser una piedra que se va horadando con cada decisión. Sin embargo, el rol de líbero que les permite diferenciarse de las disposiciones nacionales y, al mismo tiempo, gozar de los privilegios que otorga ese paraguas, hace las veces de vía de escape y reduce el costo político. Como se viene viendo desde inicio de año, los aliados rompen filas. No lo hacen de una manera burda ni definitiva. Hay gestos y acciones que demuestran que las distancias se van agrandando. Puntualmente empiezan a escasear los apoyos políticos públicos y rebrotan las duras críticas. Tampoco hay tantas fotos de gobernadores y funcionarios nacionales sonrientes, aunque se mantiene la cordialidad protocolar. En definitiva, como en un campamento militar, los aliados trazan su propia táctica de cara a lo que será la madre de todas las batallas, que en este caso se jugará en un cuarto oscuro y tendrá como única arma una boleta. Mientras tanto, las fichas en el tablero comienzan a moverse y puede verse a qué juega cada uno.
NEUQUEN
El MPN sufrió un duro golpe en términos parlamentarios en 2019, que lo dejó ubicado en una posición de debilidad en el Congreso, con tal solo una banca en la Cámara de Diputados. Justamente, su única representante, Alma “Chani” Sapag, comenzó a desandar el camino de la confrontación con la agenda nacional y la revalorización de los temas propios. La Ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva, presentada por el Ejecutivo en los inicios de su gestión, fue acompañada por la representante neuquina. “Yo no acuerdo votos”, dijo Sapag en el recinto cuando debió justificar su voto a favor del Presupuesto 2021 presentado por el Gobierno nacional, vital para trazar la estrategia política de la Rosada. Sin embargo, por esos días y en el marco del debate por el impuesto a las grandes fortunas, iniciativa de Máximo Kirchner y caballito de batalla del Frente de Todos, Sapag votó en contra y comenzó a marcar sus diferencias. Ya entrado este año, la diputada endureció su postura. Adelantó su rechazo a la reforma del Ministerio Público Fiscal. Su dudoso posicionamiento fue blanco de críticas por el ala dura de Juntos por el Cambio, que la incluyó dentro del grupo de “colectoras parlamentarias” del Gobierno nacional. Lejos de marcar afinidad con Balcarce 50, la legisladora incluyó en sus apariciones públicas una acusación a La Cámpora y el senador Oscar Parrilli, a quienes señaló como parte necesaria de las protestas de autoconvocados de Salud. Esa misma línea que siguió el Gobierno provincial, apuntando a la oposición y, en especial, al kirchnerismo por buscar sacar un supuesto rédito político a la crisis que paralizó a la Provincia por varias semanas.
CHUBUT
Chubut es un escenario aparte, ya que la figura de Mariano Arcioni y su armado que en la Legislatura lleva el nombre de Chubu al Frente tiene reconocidos lazos con el Gobierno nacional y, fundamentalmente, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Sin embargo, el apoyo no es lineal y los cambios surgen principalmente por las dificultades de los distintos actores del peronismo, oficialistas y no tanto, para confluir en un proyecto común. En el ámbito legislativo, la diputada Rosa Muñoz se integró al bloque del Frente de Todos y votó siempre a favor de las propuestas elevadas por el oficialismo en el recinto. En términos discursivos y políticos, el posicionamiento fue más oscilante. El punto de mayor tensión se dio en la visita presidencial a la Comarca Andina, luego de los incendios en la región. Allí, la comitiva sufrió el ataque de grupos antimineros y el hecho suscitó un enfrentamiento público entre el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el gobernador Arcioni. Esa diferencia se saldó, pero la tensión en el territorio con los representantes del Frente de Todos sigue latente. Tal es así que en las últimas semanas, el propio mandatario provincial no ocultó su malestar por la visita del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, a un municipio aliado, como el de Trelew, pero que incluyó una agenda común con el Ejecutivo chubutense. Pese a ello se prevé un acuerdo de “no agresión” entre el gobierno y Nación en año electoral.
RIO NEGRO
Los representantes de JSRN en el Congreso hacen valen su lugar y buscan beneficios para su provincia. Por un lado, el exgobernador Alberto Weretilneck, quien desde su banca en el Senado marca la línea de la Provincia en la discusión federal. Por otro, el diputado nacional Luis di Giácomo, también de Juntos Somos Río Negro, emula los movimientos del exjefe. En 2020, su primer año en el ejercicio de las bancas, Juntos tendió un puente con el oficialismo. Esto se vio en uno de los debates más intensos en el recinto, que tuvo que ver con la aprobación del aborto legal. Allí, sus referentes pusieron condicionamientos pero terminaron levantando la mano para darle a la Rosada el triunfo que necesitaba para revitalizar la imagen del Presidente, Alberto Fernández. También el año pasado, el senador Weretilneck aportó su voto positivo a la reforma judicial, que creó un nuevo fuero penal federal y más juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en siete provincias, y fue muy cuestionada por la oposición. Además apoyó el proyecto de expropiación de Vicentín, que luego fue retirado de la Cámara Alta, y presentó un proyecto para la reforma integral del Ministerio Público Fiscal, en consonancia con la estrategia de cambios en la Justicia planteada por el Gobierno nacional. En 2021, la sintonía se interrumpió. Desde JSRN criticaron el aumento de combustibles y desde Juntos presentaron un proyecto para que se exima del pago de IVA a los productos de la canasta básica. En ambos casos atendiendo una de las principales demandas que se le hacen a la gestión del Frente de Todos, relacionada con la suba de precios. Desde la fuerza provincial no ven con buenos ojos la ley que faculta al Ejecutivo a tomar nuevas restricciones sanitarias. También insisten con la necesidad de eliminar las PASO, pese a la propuesta del Gobierno de retrasarlas para los meses de septiembre y noviembre.
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