Con la intención de destrabar el conflicto en relación a la construcción de las represas de Santa Cruz, desde el consorcio encargado de gestionar la obra solicitaron al Gobierno Nacional un apoyo económico por unos 18.000 millones de dólares. Desde el Estado ven con buenos ojos la inversión, para evitar que se estanquen las construcciones y poder avanzar con el plan energético pero no es tan fácil. Dicho consorcio está conformado por las empresas Electroingeniería, Hidrocuyo y la china Gezhouba que esperan lograr el cobro atrasado para destrabar la situación con los inversores extranjeros. Para la elaboración de las represas habían elaborado un plan de pagos, que desde el gobierno santacruceño no pudieron responder y desde China le cortaron los víveres. El conflicto con el gigante asiático data desde el 2013, cuando durante el gobierno de Cristina Fernández se le adjudicó a sus empresas la obra pública de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz. Este trato terminó de pactarse para el 2014 cuando el presidente Xi Jinping llegó al país para ponerle el gancho. Por ese entonces se acordó la inversión por unos 4714 millones de dólares con un interés del 3,8% y tenía un plazo de cinco años para empezar a pagar. Algo que no sucedió, por lo que desde el consorcio constructor cancelaron la obra. Esto se debió a una serie de demoras judiciales y políticas durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, lo que terminó con el estancamiento de la construcción. Además, distintas rajaduras llevaron también a que se cumpla el plazo de 66 meses de gracia y que los bancos empiecen a reclamar el pago sin que las obras hayan avanzado significativamente. Por el momento, esperan la respuesta del Gobierno Nacional para ver si pueden continuar con las obras y evitar que, paulatinamente, empiece a desmoronarse la represa. |