Los hechos de violencia en Cuesta del Ternero recalentaron las tensiones entre el Gobierno provincial y el nacional. Tras las elecciones legislativas, las diferentes posturas políticas y las críticas
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Por Gisela Sabatini
A poco de cumplirse cuatro años de la muerte de Rafael Nahuel, otro joven mapuche fue asesinado en El Bolsón, más precisamente en el predio que la comunidad Lof Quemquemtreu ocupa en Cuesta del Ternero. También otro joven fue herido de gravedad.
El hecho repercutió a nivel nacional y puso nuevamente en debate la reivindicación territorial indígena. Se produjeron fuertes cruces entre los diferentes actores políticos y todas las críticas apuntaron a la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda.
El primero en alzar la voz fue el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, al acusarla de generar “una escalada de violencia” por sus declaraciones vertidas en Twitter. Pogliano dijo además que denunciará penalmente a la funcionaria nacional y que la hará responsable de las pérdidas económicas por los destrozos que hubo en El Bolsón. En la misma sintonía se expresó Juan Martín, legislador de Juntos por el Cambio, que pidió la inmediata remoción del cargo que ocupa Odarda.
Por su parte, la gobernadora Arabela Carreras afirmó, tras conocerse el homicidio de Elías Garay en Cuesta del Ternero, que el Estado rionegrino que “no avala ningún tipo de violencia”, y calificó al hecho como “un caso extremo”.
La discusión va en ascenso y cada vez son más las críticas hacia el Gobierno nacional por su postura ante una problemática que se vuelve más violenta.
La respuesta de Odarda
“Desde el primer momento de mi gestión, ante cualquier conflicto relacionado con reclamos de los pueblos indígenas nosotros hemos trabajado y abordado como debe hacer un gobierno democrático y en Estado de derecho”, indicó a La Tecla Patagonia la titular del INAI, Magdalena Odarda.
Ante las repercusiones políticas por los hechos de violencia ocurridos en Cuesta del Ternero sostuvo que “seguramente detrás de este recrudecimiento y endurecimiento del discurso antindígena hay un gran interés económico por las tierras que hoy poseen las comunidades indígenas, porque hay muchos sectores que quieren quedarse con la tierra; se trata de una cuestión económica, lamentablemente, que tiene sus voceros políticos, pero es una cuestión por la posesión de la tierra y, sobre todo, por minerales estratégicos que contiene el subsuelo que son de alto interés para ciertos sectores económicos extranjeros y, también, nacionales”.
Agregó que “todo este discurso del odio que ha provocado un crimen, que a nuestro juicio es muy posible que sea un crimen racial, tiene un fuerte móvil económico que seguramente lo determinará la Justicia. Además, desde el ámbito político alientan la división del pueblo y, sobre todo, la estigmatización y discriminación hacia el pueblo indígena en una provincia con un gran componente de la población indígena; por lo tanto es muy triste que en un Estado de derecho existan hoy unas voces que llaman al odio racial. Esas voces, de alguna manera, tienen que llamarse a la reflexión y frenar ese discurso de odio y discriminación”.
La funcionaria también recordó cuando fue invitada al Primer Consenso Bariloche: “Lo que menos tenía era consenso, porque dejaron afuera a todo el pueblo indígena de esa discusión, y fue, lamentablemente, promovido por el propio Gobierno de Río Negro, donde se escucharon voces como la del senador Pichetto reivindicando el genocidio indígena o lo que fueron los delitos de lesa humanidad cometidos durante la mal llamada campaña del desierto. Entonces, todas estas críticas y pedidos de renuncia por el solo hecho de pedir el esclarecimiento de una situación donde muere un joven nuevamente, a cuatro años del asesinato cobarde de otro joven, como fue Rafael Nahuel, que aún no encuentra justicia ese delito, entiendo que las denuncias hacia mí sean para buscar un elemento de distracción, porque aquí hay muchos que tienen que dar respuestas y muchos responsables de la muerte de otro joven”.
Por otro lado, le contestó al intendente de El Bolsón: “Este señor tiene que responder por qué permite que un magnate inglés cierre un acceso a un lago que es un recurso turístico de la ciudad. Hoy, cuando uno va a preguntar al organismo de turismo en El Bolsón a algún turista que quiera ir a Lago Escondido, le dicen que no puede ir porque es privado; puede ir al Lago Puelo, que está en la provincia de Chubut. O sea que están garantizando privilegios, y los privilegios están prohibidos en la Constitución”.
Para finalizar, Odarda afirmó: “Quieren hacerme callar con este tipo de denuncias, que no lo son, porque hasta el momento estoy esperando la denuncia para poder decir varias cosas y no la he recibido. Lo que se necesita aquí es paz social, y la paz social se consigue con las políticas públicas que tenemos a mano, que son la Ley 26.160, los relevamientos territoriales y la Mesa de Diálogo para buscar alguna alternativa de solución al conflicto que se ha presentado”.
RODRIGO BUTELER (MINISTRO DE GOBIERNO Y COMUNIDAD)
“No avalamos ningún tipo de tomas y usurpación de tierras”
En diálogo con La Tecla Patagonia, el ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro, Rodrigo Buteler, dijo que desde la gestión de la que forma parte “no avalamos ningún tipo de tomas y usurpación como método para acceder a la tierra”, y agregó que siempre mantienen la misma posición con respecto al tema: “Somos un Gobierno de diálogo, somos coherentes y consecuentes con lo que decimos y lo que hacemos”, aunque aclaró que con el INAI “hoy no tenemos relación”.
El ministro añadió: “Hemos sido muy críticos del INAI, en el abordaje de las comunidades indígenas en nuestra provincia; de hecho somos una provincia que no tiene firmado el convenio de relevamiento, justamente porque el INAI en vez de dialogar y construir un acuerdo, pretende imponer un convenio redactado unilateralmente, donde se imponen condiciones con, prácticamente, nula participación de la Provincia en el relevamiento. Es un convenio muy distinto al que han formado con otras provincias, donde hay un marco más igualitario entre la provincia y el INAI”.
Por otro lado diferenció la toma de tierras: “No son lo mismo la toma de Villa Mascardi, que se encuentra en tierras de Parques Nacionales, donde intervienen las fuerzas federales, que la toma de Cuesta del Ternero, que es una propiedad privada que está resolviendo la Justicia provincial. Después tenemos otra toma en la Provincia que tiene que ver con un supuesto reclamo de tierras ancestrales. Por eso volvemos a remarcar que no avalamos la toma”.
ORLANDO CARRIQUEO (REFERENTE INDIGENA DE RIO NEGRO)
“Hay un contexto en el que se criminaliza al pueblo mapuche”
El coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, habló con La Tecla Patagonia para abordar los discursos predominantes que llevan a exacerbar los conflictos. “A partir de 1980 se fueron incorporando derechos comunitarios como, por ejemplo, la Ley 2287 del año 88, como la creación del INAI en el año 85 y hasta la reforma constitucional del ‘94; entonces son obligaciones que el Estado tiene que cumplir, pero que a veces esa discusión es difícil de dar en un contexto donde se criminaliza al pueblo mapuche, que se lo acusa de terrorista, de violencia, cuando quienes hemos sufrido la violencia históricamente fuimos las comunidades”, expresó.
A su vez manifestó que “el INAI en la provincia de Río Negro tiene vedada la participación porque hay un problema político particular entre la Gobernadora y la presidente del INAI. Nosotros quedamos en medio de una disputa política de la cual no somos parte, y esto se traslada al mal desempeño del INAI, que tiene que defender a las comunidades. En medio de eso existen las muertes, que para nosotros son muy graves, porque es un problema de la democracia”.
Por último indicó: “En Argentina sí ocurren estas cosas, que no son ni más ni menos que violencia racial, que se trasmuta en más violencia siempre. Está clara la responsabilidad del Gobierno de Río Negro en no sentarse a dialogar, y me parece que hay una responsabilidad del Estado provincial y del Gobierno nacional que no quiere federalizar el conflicto; pero, para mala noticia del presidente Alberto Fernández, el conflicto ya está vigente, y no es de ahora, sino de hace mucho tiempo. Que Fernández se tape los ojos y se tape las orejas para no escuchar, el conflicto por las tierras es un problema de una necedad y una mala perspectiva política”.
JUAN MARTIN (DIPUTADO PROVINCIAL)
“El Estado se pone del lado de los violentos, les da apoyo, los incentiva”
Juan Martín es legislador de Juntos por el Cambio Río Negro y una de las voces disonantes en contra de la tomas de tierra. En diálogo con La Tecla Patagonia dijo que “el Estado se pone del lado de los violentos, les da apoyo, los incentiva. Acá no se trata de mano dura o mano blanda, sino de mano firme. Si vamos a buscar una solución dialogada, que sea en serio y no un simulacro, y los que decidan mantenerse al margen de la ley tienen que ser tratados como delincuentes”.
A su vez calificó de pésima la gestión de la titular del INAI, Magdalena Odarda: “Lejos de completar el relevamiento que manda una ley de emergencia que tiene 15 años y ya lleva cuatro prórrogas, incluyendo una por un DNU que le pedimos a la Justicia que lo declare inconstitucional, lo único que hizo fue alimentar los conflictos y brindarles apoyo a los grupos violentos”.
También opinó que “el Gobierno nacional sigue sin enterarse de que hace un par de semanas perdió las elecciones, e insiste con su manera de actuar, mientras que el Gobierno provincial sigue atado a su estrategia de decir una cosa y hacer otra”.
Martín finalizó: “Lo más triste de toda esta situación es la destrucción de una trama social, que se está haciendo por motivos ideológicos. En esta región siempre encontramos la manera de resolver nuestros problemas; ahora, de la mano del kirchnerismo y su necesidad de vivir enfrentando a los argentinos, tenemos un conflicto donde antes no lo había”.