A través de un proyecto de Comunicación, el bloque del Frente de Todos (Fdt) solicita al Poder Ejecutivo Provincial que “analice la viabilidad, legitimidad y conveniencia, de transferir al Municipio de Bariloche la titularidad, jurisdicción y competencia, así como el poder concedente, sobre la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica dentro del ejido municipal”.
Según establece la Carta Orgánica los plazos para definir el poder concedente están vencidos. Hubo varias iniciativas desde el Concejo, expresiones de todos los signos políticos, pero nada prosperó y esa potestad sigue en manos del gobierno provincial.
Días atrás la Gobernadora Arabela Carreras admitió que el tema está bajo análisis en la Fiscalía de Estado provincial y mantiene “conversaciones” con el municipio y con la CEB. “No me imagino tener antagonismos en esto porque no hay ningún interés en relación al poder concedente, esto tiene que ver con acompañar el servicio para tener beneficios para los usuarios”, indicó la mandataria.
Desde su fundación, hace más de 60 años la única prestadora del servicio de energía eléctrica en la ciudad, es la Cooperativa de Electricidad Bariloche, una empresa local, creada y desarrollada por los vecinos, quienes son además sus dueños, en calidad de asociados.
“El vínculo con el Municipio en tanto prestadora del servicio de energía eléctrica precede de hecho y sin interrupciones en medio siglo a la creación del Ente Regulador de la Electricidad de Río Negro (EPRE) y a la configuración actual del servicio público de energía eléctrica de la provincia”, recuerda el proyecto en sus fundamentos.
El EPRE es un organismo creado por Ley provincial en 1997 con la función de regularizar, controlar y concesionar la prestación del servicio de energía eléctrica en Río Negro, donde existen sólo tres prestadores: EDERSA, la Cooperativa de Electricidad y Anexos de Río Colorado (CEARC) y la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), estas dos últimas creadas a finales de la década del 1950.
En el caso de la CEB, la empresa está además en el extremo de la línea de distribución eléctrica en la provincia, de modo tal que no sólo es la única oferente en capacidad de prestar el servicio, también es propietaria de toda la infraestructura de distribución eléctrica de la ciudad. “Cualquier intento por reemplazar a la CEB, implicaría una multimillonaria expropiación, innecesaria y actualmente imposible. No obstante la provincia, a través del EPRE, se reserva la autoridad de concesión -el contrato en vigencia vence dentro de 5 años– poniendo puntos suspensivos a la actividad de la Cooperativa, cuyos plazos de inversión y recupero no son inmediatos y se estiman en décadas”, indicaron.
En este sentido se informó que “en numerosas ocasiones la Municipalidad de Bariloche reclamó a la provincia que se le restituya el poder concedente del servicio de energía eléctrica, entendiendo que la decisión hace a la autonomía plena del municipio, tal como lo establece la Constitución provincial. La discusión se renueva cada vez que se acerca el fin del contrato con la CEB”.
“A pesar del artículo 229 de nuestra Constitución, que otorga la facultad de municipalizar los servicios públicos, Bariloche puede decidir sobre cualquier aspecto de Gobierno municipal, excepto sobre cuál será la distribuidora del servicio eléctrico de la ciudad”, subrayó la presidenta del Bloque, María Eugenia Martini.
Para la legisladora, “la concesión del servicio de energía eléctrica en la ciudad debe interpretarse además como un activo municipal, con un valor intrínseco, propiedad de los vecinos de Bariloche. La injerencia del Gobierno de Río Negro en el funcionamiento de la CEB a través del EPRE tiene hoy un costo burocrático para los usuarios barilochenses de 65 millones de pesos anuales, sin contraprestación alguna”, señaló Martini.
“Una vez más, la discusión no es judicial ni es técnica sino política. Es inaceptable que quienes en foros locales abogaron por el ejercicio del poder concedente municipal, luego lo nieguen en el ámbito provincial”, concluyeron Martini y el legislador Ramón Chiocconi.
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