12 de abril de 2022
RIO NEGRO
Odarda disparó contra la nueva conformación del STJ por la causa Buenuleo
La titular del INAI dijo que el fallo es un claro mensaje “disciplinador” para todo juez, jueza o fiscal que, de aquí en más, aplique leyes y normativa de derecho indígena
La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), Magdalena Odarda, cuestionó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) por anular los sobreseimientos dictados sobre miembros de la comunidad Lof Che Buenuleo en Bariloche.
A través de un comunicado, Odarda expresó que con la nueva composición del STJ, “la participación ciudadana en la jurisdicción ha ingresado en un empinado tobogán debido a su evidente tendencia contramayoritaria”. “Al leer la sentencia del STJ, se advierte en sus palabras y citas grandilocuentes la presencia de una amenaza velada dirigida hacia Jueces y Fiscales de esa provincia”, indicó Odarda.
A su vez manifestó que “en este ‘llamado de atención´ al Ministerio Público de Río Negro por haber osado aplicar el derecho indígena en una causa iniciada por un particular contra una comunidad indígena, se lanza un claro mensaje ‘disciplinador´ para todo juez, jueza o fiscal que, de aquí en más, aplique las leyes 23302 y 26160 y toda normativa de derecho indígena surgida del orden interno o de convenciones internacionales”.
La funcionaria nacional calificó el fallo como “preocupante” ya que “condena al desalojo a una comunidad originaria, encontrándose vigente el DNU que lo suspende”. De esta forma, objetó que “mientras el STJ desconoce el derecho indígena, mira para otro lado cuando un inglés como el magnate Joe Lewis desconoce una sentencia surgida de su propio seno en 2009 y 2012”. Y que al desconocer la sentencia que “ordena la restitución de Lago Escondido, se sostiene en el tiempo una privatización de hecho de un espejo de agua dulce y recurso turístico excepcional”.
Asimismo insistió que la nueva conformación del STJ “se utiliza un sólido ‘candado´ para impedir el acceso de los ciudadanos a reclamar por derechos difusos y colectivos -como la defensa del ambiente, el acceso al agua y los derechos de los pueblos indígenas- a través de la imposición de costas”.
“En el mes de la Memoria por la Verdad y la Justicia y a 40 años de la gesta de Malvinas, resulta imperioso que el STJ revierta esta tendencia contramayoritaria, abra la participación ciudadana en la jurisdicción y deseche toda sospecha de fomento de privilegios a los poderosos, en desmedro de los más débiles, de los más humildes”, finaliza la nota.