La Tecla Patagonia dialogó con el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro para conocer su historia, su opinión sobre los hechos de violencia que vienen ocurriendo en la Provincia, el debate sobre la Consulta previa, libre e informada y el relevamiento territorial

Orlando Carriqueo es el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, tiene 51 años y nació Valcheta en 1971, en lo que “fue el primer campo de concentración en Argentina” durante la campaña al desierto. Está en pareja con Rocío, tiene tres hijas de un matrimonio anterior y una nieta. Actualmente vive en Fiske Menuco en General Roca.

“Nosotros acá conformamos nuestra comunidad que es familiar, mis tías y mi mamá vienen de Blancura Centro de Mencue y la familia paterna es de cerca de Sierra Colorada”, explicó en diálogo La Tecla Patagonia.

“Mi papá, que aprendió a leer y a escribir por su abuelo, tuvo la posibilidad de ingresar a la policía de territorio en 1950 y se retiró en 1978, siempre estuvo en la línea sur. Tiene mucho reconocimiento de las comunidades porque en algunos conflictos, él fue el que freno el avance los turcos”, contó.

Sobre su llegada a Roca y el comienzo de su militancia relató: “Me vine a los 13 años e hice el secundario. A partir de ahí siempre tuve una militancia activa: fui presidente del Centro de Estudiantes, participé de la comisión de padres de mis hijas, en lo barrial también, en el territorio cuando acompañé la discusión de las Comisiones de Fomento para que pudieran elegir sus comisionados. También milité en ATE cuando comencé a trabajar en Anses pero tuve distintas actividades antes: fui repartidor de carne, carnicero, vendedor de condimentos, vendedor de diarios cuando era chico. Quise estudiar en la universidad, cursé algunas materias de Derecho pero siempre se me hizo muy difícil estudiar la carrera porque no tenía recursos, luego estuve complicado con el trabajo”.

¿Cómo llegaste a la Coordinadora del Parlamento Mapuche?

Siempre participé en los parlamentos que es donde se decide y se discute. Pero nunca hasta el 2017 tuve una participación activa sino que eran otros los espacios de participación que yo tenía. Pero ese año las comunidades me eligen como werken, como vocero y entonces asumí una responsabilidad y dejé de lado otros lugares de participación como la CTA y ATE, y me aboqué solo a la organización.

El parlamento Mapuche es una organización que viene construyendo desde los años 80, que creó la ley 2.287, la ley integral indígena en 1988; que puso en funcionamiento el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. Formalmente la Coordinadora tiene su reconocimiento y su formación como tal desde 1998. Está reconocida por el Decreto 310 del Gobierno de Río Negro.

Tiene una organización política de 8 integrantes, dos por cada zona y un vocero. Las comunidades marcan los lineamientos y los llevan a la mesa política y de ahí tenemos que acompañar a los concejeros en el Concejo de Desarrollo.

Si vamos un poco más en la historia, en la provincia tenemos también las comunidades que fueron reconocidas después de la campaña del desierto y delegados indígenas en los 40 y 50 que también reclamaban por las perdidas territoriales que se estaban produciendo en esos momentos. El pueblo mapuche siempre tuvo un grado de organización en la provincia y la consolidó en la década del 80.

¿Cómo ves todo el conflicto que viene sucediendo en Villa Mascardi, y el pedido de la Gobernadora al Ministerio de Seguridad de la presencia de fuerzas federales?

Hay un problema territorial que le corresponde resolver al Gobierno Nacional y lo ha dilatado, lo ha extendido en el tiempo. Fue parte de las conversaciones que intentó la Mesa alternativa de resolución de conflictos cuando Frederic estaba a la cabeza de la cartera de Seguridad, y se avanzó, por lo menos, en empezar al diálogo.

La situación de hoy tiene que ver con algunos hechos que vienen pasando en la Patagonia y nosotros venimos advirtiendo que son los grupos de derecha los que están haciendo esos atentados que han sido violentos.

Por ejemplo el asalto a esa persona que se quemó sus manos. Yo escuché su relato en la televisión y lo que más me llamó la atención fue que las dos personas encapuchadas lo único que le pedían era plata, no hablaron de territorio, ni le dijeron que se tenía que ir, ni que eran mapuches. Claramente eso marca que fue un asalto porque buscaban dinero y sospechosamente a 500 metros de la casa apareció ese cartel, similar al que había aparecido en El Bolsón en el ataque contra el club Andino.

Utilizan léxico militar porque hablaron de “reorganización nacional mapuche”, algo que no son términos que use ninguna organización mapuche porque el pueblo mapuche no habla de “nacional”, habla de “pueblo nación” en todo caso; y “reorganización” tampoco, es más se usa la palabra “reconstrucción” del pueblo, de su historia, de su filosofía, de su espiritualidad. Entonces en esos dos hechos no se corresponde la simbología. Hubo varios errores que marcaron que no era un cartel verídico y, de hecho, en el último incendio en Villa Mascardi ese cartel ni directamente no apareció. Pero porque fuimos de los primeros en salir a cuestionar eso.

También me parece que es grave la situación porque toda esa zona de Mascardi desde el año 2020 tiene iluminación, un puesto de Gendarmería antes de llegar, un puesto policial, tiene cámaras que toman las patentes y que vigilan ese trayecto de la ruta. Todo eso está en funcionamiento. Además, hay patrullaje continuo con móviles policiales y de la gendarmería, y con autos que no tienen identificación, que son de los servicios de inteligencia que están operando en la zona.

Nosotros lo que reclamamos es claridad y objetividad en la investigación ya que hay muchos elementos para investigar. La zona de Villa Mascardi, después de la Casa Rosada, debe ser una de las más vigiladas de la Argentina. Entonces que pasen estos hechos y que la policía y gendarmería no digan nada cuando tienen cámaras que toman las patentes nos parece inexplicable y eso es responsabilidad del Estado.

Además el incendio del 1 de agosto coincidió con el aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, y justamente la comunidad de la zona nunca reivindico la muerte de Maldonado. Si existen posicionamientos políticos respecto a que se reivindican las figuras de Rafael Nahuel y Elias Garay que son personas mapuches que fueron asesinadas por el Estado en un conflicto territorial.

Hay que dejar en claro que hace unos meses Aldo Rico estuvo reuniéndose con gente retirada de las fuerzas de seguridad llamando a la sociedad a un levantamiento en contra del orden democrático. Me parece que hay que analizar estas situaciones en estos términos. Hay una inestabilidad democrática con un Gobierno Nacional, que es parte de una coalición que está cada vez más tirado a la derecha, y se acentúa más este discurso antimapuche, porque el hombre fuerte hoy es Massa y tiene una perspectiva de derecha.

Esta situación no es de ahora, lleva más de 100 años y no se va resolver si la Argentina y los Gobiernos de Río Negro y Neuquén siguen negando todo el despojo territorial y la violencia que han infligido a las familias mapuches y tehuelches. Pareciera que la violencia fue solo en la campaña del desierto y no es así.

Claramente hay leyes que marcan que hay que devolver territorio a comunidades y esto tiene que ver con una perspectiva de reconocimiento constitucional, de pactos internacionales, de convenios que han sido aceptados por el Estado argentino. Y no están en vigencia, ni por la Justicia que ha sido siempre un brazo ejecutor del despojo territorial de las comunidades, ni por el legislativo que a través de distintas declaraciones o leyes intenta criminalizar el reclamo territorial.

Has manifestado que la RAM no existe ¿Qué opinas de que los hechos de violencia que distintos dirigentes les atribuyen?

La RAM nace con un informe que realizó Patricia Bullrich. Para hacer eso se tomaron algunos conflictos que habían tenido algunas comunidades y se sumaron un montón de hechos delictivos que había en la zona y todo se lo puso en el informe, y por arte de magia estaban todos relacionados con el conflicto mapuche. Ese informe el primero que lo desestima es el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Frederic y después, con datos fehacientes y reales, el CELS desbarata totalmente ese informe.

El fantasma de la RAM está presente desde el 2015-2016 cuando asume el Gobierno de Cambiemos. Y está fuertemente presente en el discurso antimapuche del 2017 cuando lo matan a Rafael Nahuel y con la desaparición Santiago Maldonado. Y a partir de ahí, se exacerba la idea de que hay una organización armada mapuche que está detrás de esos atentados. Yo negué el 2017 y lo he recordado ahora. Yo conozco el territorio, me relaciono con las comunidades, recorro Río Negro, Chubut, Neuquén y la verdad es que esa organización tal como está planteada no existe y si el Gobierno o la derecha tienen las pruebas que vayan a la justicia a presentarlas. Así tiene que funcionar un Estado democrático.

Porque sino yo también podría opinar que Consenso Bariloche junto con algunos gobiernos y estudios de abogados que trabajan en contra de las comunidades mapuches forman una asociación ilícita y financian los atentados. Yo podría presuponer que hay una asociación ilícita que ha contratado sicarios para matar gente mapuche pero no puedo salir a denunciar, hay que probarlo.

Esas cosas cuando se dicen tan impunemente persiguen un objetivo que es deslegitimar la discusión territorial. Hay una subalternidad del indígena en la Argentina. Los indígenas son ciudadanos de segunda, son extranjeros, son violentos. Si conocieran un poco de nuestra cosmovisión podrían entender que la violencia está muy lejos de ser una característica de nuestro pueblo. El desconocimiento es tal y el discurso hegemónico es tan fuerte que se viene dando hace varias décadas. Los conflictos se vienen arrastrados desde que la provincia era territorio nacional y se extendió cuando se produjo la provincialización y nuevamente se dio un proceso de distribución de la tierra sin tener en cuenta a las familias mapuches. No son las decisiones de las comunidades las que llevan al conflicto sino las políticas del Estado que han sido continuas estos 130 en la Patagonia.

Neuquén presentó un protocolo de Consulta previa, libre e informada ¿Crees que en Río Negro se va a poder avanzar? Hace poco estuvieron reunidos con el Gobierno y el INAI por el relevamiento territorial

Nos reunimos el lunes pasado, ellos pidieron unos días porque lo iban a hablar con la Gobernadora. Yo le escribí al ministro Buteler para saber qué respuesta tienen ellos porque tratamos todo el relevamiento de la 26.160 y quedamos en que la respuesta la iba a dar Carreras pero todavía no hay respuesta. Creo que en 10 días se deben haber encontrado. Quizás esto no sea la prioridad para el Gobierno. También intente comunicarme con la gente del INAI para ver que piensan ellos.

Con respecto a la Consulta nosotros la estamos exigiendo judicialmente. Presentamos un amparo colectivo entre 7 comunidades por el proyecto minero en la zona de Laguna Blanca, Mencue, Comallo, Ñorquinco, y ahora está frenado por la posición de las comunidades. Acá hasta que no haya Consulta no puede haber trabajo en el territorio. Lo mismo venimos planteando para el hidrogeno verde.

El proceso de Consulta es algo que le cuesta al Estado nacional, provincial y municipal. Son situación que dependen más del poder político que de la voluntad de las comunidades. Nosotros estamos exigiendo que se cumpla la ley que la Argentina ha consagrado. Es una demanda histórica de todos los pueblos de en el país. Ojala avancemos en eso.

Hay poca articulación y poco reconocimiento del derecho que nos asiste a nosotros. En realidad el derecho que tenemos es a dar o no el consentimiento, y la herramienta es la Consulta Previa, Libre e Informada. Presupone también discutir esos proyectos que se intentan desarrollar en los territorios comunitarios.

Guardo la esperanza para los próximos gobiernos, no de estos porque creo que han tenido discursos y acciones antimapuches, y es muy difícil el diálogo con el Gobierno de Río Negro. Las problemáticas que tienen hoy los gremios para avanzar en discusiones con el Gobierno son las mismas que tenemos nosotros pero en peores condiciones porque a las organizaciones indígenas se nos ve en un grado de inferioridad. Yo siento que el racismo marca un grado muy fuerte en la posibilidad de acuerdos y entendimientos.

Hace unos días aseguraste que Massa tenía una perspectiva de derecha y tuviste un cruce con referente provincial del Frente Renovador

Thieck no puede hablar en nombre del pueblo mapuche. Tiene todo el derecho a reconocerse mapuche pero nuestros reclamos territoriales tienen que ver con una perspectiva de construcción de una organización política como el Parlamento y la Coordinadora.

También dijo que él solo reconoce a las comunidades pacificas, es decir, aquellas que no reclaman tierras, tienen papeles y están en regla según el orden constitucional de la Argentina pero se olvidan de que el derecho internacional marca que ninguna comunidad o pueblo necesita tener una personería jurídica para ser reconocida como tal. El derecho a la autodeterminación de los pueblos tiene que ser reconocido por el simple hecho de la expresión y del reconocimiento de los pares. Ni él, ni la Gobernadora, ni el presidente Fernández tienen la potestad de no reconocer a ninguna comunidad.

Thieck tiene relación con algunos conflictos territoriales. En su momento era una persona que recorría tratando de comprar tierras a bajo precio, por no decir aprovechándose de personas que no tenían la capacidad de discernir o entender qué era lo que estaba pasando. La comunidad de Buenuleo lo ha nombrado como el antecesor al hombre que está llevando el juicio contra la comunidad.

En esta coalición de gobierno los intereses para reconocer el derecho indígena no los tiene ni Cristina Kirchner que tiene inmobiliarias, ni La Cámpora que también ha tenido actitudes antimapuches en Río Negro, ni Massa que está caracterizado como un hombre con perspectiva de derecha por la manera que tiene de resolver los problemas, que es arrasando los territorios con el extractivismo, algo a los que cualquier pueblo indígena se va a oponer.

Que no piensen que con nuestros territorios van pagar la deuda externa, que expropien las tierras de la pampa húmeda que fueron robadas y apropiadas por Sociedad Rural; o que expropien el latifundio de 1 millón de hectáreas de Benetton; que le cobren a los extranjeros que se están apropiando de la tierra. Que busquen en ese sector el equilibrio para el Estado. No somos los sectores postergados, las comunidades indígenas y las organizaciones sociales las que estamos robando plata al Estado.

Esas medidas del hombre fuerte tienen que ver más con un discurso social de racismo estructural, es una política racista. Así como la decisión de Cabandie de retroceder con la declaración del sitio sagrado y pedirle la renuncia al Director de Parques Nacionales. La Confederación y Parques nacionales venían llevando un diálogo intercultural hace tiempo. Lamento decirle a Cabandie que nosotros no necesitamos un papel que diga que el Lanín es un sitio sagrado, así lo consideramos.

Las representaciones políticas en la Argentina necesitan de una fuerte impronta indígena pero no la perspectiva de los blanquitos cuidando a los indiecitos para que no se mueran de hambre sino una perspectiva real de entendimiento. Para eso hace falta reconocer un genocidio, si estas cosas no se reconocen el conflicto va a estar vigente en toda la Argentina pero no solo con el pueblo mapuche. El conflicto por el territorial está en Jujuy, en chaco, en Catamarca donde las comunidades tenemos que soportar las forestales avanzando, el cultivo de la soja desforestando para la ganancia de los sectores concentrados de la Argentina.

¿Alguna reflexión final?

El colonialismo en Latinoamérica no ha concluido. Para noticia de Fernández y de Cristina Kirchner y de los gobiernos progresistas que se dicen fuera del colonialismo, eso no es una realidad. El colonialismo está presente, no como hace 150 años, pero sí con una fuerte presencia en la extranjerización de la tierra, en la autonomía de los territorios que tienen Lewis, Benetton, que son tierras que están fuera de la órbita del Estado federal. El discurso nacionalista debería tener en cuenta estas situaciones.

Los gobernantes no deberían ser tan hipócritas para reconocer la historia tan violenta que han aplicado y que, en todo caso, estas discusiones las arrastra la historia de Argentina y no se puede resolver a los tiros. Se tienen que resolver poniendo las herramientas y sobre todo devolviendo tierras. Acá no hay muchas más vueltas que darle a una situación que marca la necesidad de las comunidades de tener territorio comunitario y que ese territorio sea respetado.

La idiosincrasia argentina tiene todavía un gran tinte racista y eso es lo que no permite todavía la discusión de una integración social marcadamente indígena.

Los pueblos originarios estamos en una constante discusión sobre cuándo va a cambiar esto. En la medida que aceptemos la identidad indígena que tiene la Argentina, que aceptemos el genocidio, en la medida que los pueblos originarios seamos capaces de construir herramientas políticas para influir en la discusión del Estado, tendremos la posibilidad de mejorar como sociedad. Y esa discusión se está abriendo ahora, a pesar de la violencia, de las muertes que tenemos, de que nos han intentado correr de los territorios. Estamos ante la necesidad de seguir enfrentando esa conquista, esa colonización.

CHUBUT

El próximo lunes iniciará el juicio oral y público de la causa Ñoquis Calientes

El caso tiene como figura central La exdiputada y exministra de Familia Cecilia Torres Otarola, que será juzgada junto a seis imputados más por presuntos actos de corrupción relacionados al uso indebido de recursos públicos. La Fiscalía solicitará penas que incluyen prisión efectiva e inhabilitación para ocupar cargos públicos

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