7 de septiembre de 2022
RIO NEGRO
Denunciaron penalmente a María Emilia Soria por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”
El abogado y presidente de Republicanos Unidos, Nicolás Suárez Colman, presentó una denuncia contra la Intendenta de General Roca por haber contratado de forma directa una encuesta por casi $4,5 millones
El abogado y presidente de Republicanos Unidos Río Negro, Nicolás Suárez Colman, presentó una denuncia penal contra la Intendenta de General Roca, María Emilia Soria, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber contratado de forma directa a la consultora “Reyes-Filadoro” para realizar una encuesta a los vecinos de dicha localidad sobre los servicios municipales.
El dirigente de JxC, también denunció a la titular de la encuestadora, María Florencia Filadoro. La contratación directa por $4.489.100 está comprendida en la resolución municipal 1.713/2022 del 21 de junio. La misma se realizó sin licitaciones y sin pasar por el Tribunal de Cuentas local.
El servicio contratado consta de una muestra estadística de 1200 casos respecto de la evaluación de los ciudadanos sobre los servicios municipales de barrido, limpieza y recolección de residuos, alumbrado público, mantenimiento de calles, contención social, atención tributaria, obras públicas y política habitacional.
Según explica Suárez Colman en la denuncia el costo de la encuesta es muy superior a los informes recogidos de otras consultoras, con valores estimados en 450.000 pesos y, además, la contratación no cumplió incluso con los pasos administrativos correspondientes, puesto que conforme la resolución 008-TC-14, Artículo 2, Inc. 1, toda contratación, que tenga por objeto disponer y aprobar concesiones, licitaciones públicas, privadas, concursos de precios, deben tener la intervención del Tribunal de Cuentas Municipal por el plazo de 10 días, previa adjudicación de la obra, servicio, tarea, o concesión.
Tampoco se cumplió -según la denuncia- con la Resolución Municipal 1780/2022 del 30 de junio, que dispuso que el monto máximo para la contratación directa no podía superar los $423.000, indicando que desde dicha suma hasta los $1.755.000 debe haber concurso de precios y desde dicha suma hasta los $3.645.000 debe haber una licitación privada y superando dicha suma es obligatoria la licitación pública.