27 de septiembre de 2022
CHUBUT
Otro exfuncionario dasnevista irá a juicio oral por enriquecimiento ilícito
Leandro Aquilanti ocupó varios cargos en la función pública desde 2003. El fiscal de la causa anticipó que le pedirán tres años en prisión, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 39 millones de pesos. A Aquilanti se le acusa por el rápido crecimiento de su patrimonio
Durante la audiencia preliminar por en la causa por enriquecimiento ilícito, el juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase resolvió enviar a debate en juicio oral y público la investigación penal en la que se encuentra imputado Leonardo Aquilanti y su esposa Susana Zafaroni. A ambos se les acusa del delito de enriquecimiento ilícito durante el paso del exfuncionario por la función pública, en la que ocupó distintos cargos de importancia en el Poder Ejecutivo, para luego ser nombrado como asesor en la Legislatura provincial, hasta ocupar un cargo en el directorio del Banco del Chubut. Aquilanti está imputado por el dicho crimen en materia de autor, mientras que a su esposa en carácter de interpósita persona.
El fiscal general Omar Rodriguez a cargo de la investigación, anticipó como pedido de pena para Aquilanti, tres años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, además de una multa de casi 37 millones de pesos. Para Zafaroni pidió la pena de dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
En la audiencia preliminar realizada en la Oficina Judicial de Rawson, Rodríguez pidió que ambos sean sometidos a un juicio por jurados. Sin embargo, el juez Nieto Di Biase resolvió la conformación de un tribunal.
Sobre la investigación realizada por los fiscales se da cuenta de la adquisición por parte de Aquilanti y su esposa de inmuebles, terrenos, vehículos y viajes de la pareja y de sus tres hijos por Perú, Méjico, Turquía, países europeos y Gran Bretaña, además de plazos fijos en pesos y dólares en entidades bancarias de la zona.
“Ni siquiera ahorrando el 100% de sus ingresos como funcionario público, habría podido construir tantos metros cuadrados, además con materiales de primer nivel”, dijo el fiscal general Rodriguez sobre una casa construida en Playa Unión, además de la compra de un terreno para un emprendimiento comercial. Estos bienes, más los vehículos adquiridos y el detalle de los viajes realizados por el matrimonio en algunos casos y por los tres hijos en otros, constan en los detalles de la investigación.
Agregó que a través de su esposa Aquilanti “ocultó bienes para no ser detectado por los organismos de control. Sus ingresos eran inconsistentes y, por lo tanto, no tenía capacidad económica para adquirir esos bienes y mantener el nivel de gastos”.
El defensor de ambos imputados, Andrés Meiszner pidió el sobreseimiento para Aquilanti y su esposa. Cuestionó algunas de las pruebas y pericias contables realizadas durante la investigación. Antes, el propio Aquilanti pidió expresarse ante el juez Nieto Di Biase y se refirió como fue construyendo su capital a partir de actividades comerciales, herencias y adquisiciones de varias propiedades, inversiones, alquileres, ventas en dólares de fondos de comercio, actividades comerciales de su esposa, además de tareas comerciales realizadas antes de arribar a la provincia del Chubut, desde Santa Fé. “Me incorporé a la función pública en Chubut, cuando ya tenía 39 años de edad, expresó a manera de justificación general respecto del capital reunido durante su vida.
También se refirió a las dificultades que tuvo para justificar legalmente su patrimonio, debido al paso del tiempo.
Durante la audiencia, tanto el defensor Meiszner como Aquilanti ingresaron en un terreno de descripción de las pruebas y el cuestionamiento a varias de las que reunieron los fiscales durante la investigación. El juez Nieto Di Biase los reprobó indicando que esos cuestionamientos son propios de un debate en juicio oral y no en la audiencia preliminar que se estaba desarrollando.
El fiscal Rodríguez destacó la necesidad de ventilar en juicio este caso de presunta corrupción y la gravedad que ello conlleva cuando los hechos son protagonizados por funcionarios públicos.