Argentina
Domingo, 4 diciembre 2022
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3 de noviembre de 2022

Un decreto reaviva la interna entre el gobierno y los movimientos sociales

Esta tarde, Alberto Fernández se reunió en Casa Rosada con el jefe de Gabinete Juan Manzur y cuatro de sus ministros para avanzar con una medida que pone en jaque a un sector del Frente de Todos.

Un decreto reaviva la interna entre el gobierno y los movimientos sociales - La Tecla Patagonia

Juan Manzur, y los ministros Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Raquel "Kelly" Olmos (Trabajo) y Sergio Massa (Economía) se dieron cita con el Presidente para avanzar en la firma de un decreto que limitará la incorporación de beneficiarios a programas sociales.

La medida va en línea con las exigencias planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la renegociación de la deuda, entre las que se incluye la reducción del gasto público.

Desde Casa Rosada se informó oficialmente que el decreto “es una herramienta para avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con el empleo genuino, iniciado por el Gobierno nacional”. Y confirmaron que, “de esta manera, a partir de su entrada en vigencia, no se otorgarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial. En su lugar, las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral”.

“No hay más incremento en los titulares del Potenciar Trabajo, tengo un techo al que me he comprometido”, había afirmado temprano Victoria Tolosa Paz, en declaraciones radiales.

“El Potenciar Trabajo se lleva el 50 por ciento del presupuesto del ministerio. El decreto habla de como estos sectores se incluyen en el trabajo formal, la institucionalización de la economía popular y allí las organizaciones sociales van a poder discutir esa agenda”, dijo la funcionaria.

Desde el Gobierno se informó que el mandatario, en su decreto, instruye a “la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar en los pliegos de bases y condiciones generales, un margen de preferencia para los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa “Puente al Empleo””. Y otorga en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta $ 300.000.000, bajo la modalidad de contratación que corresponda. Asimismo, instruye a los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y de Economía a designar a sus representantes en el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC), creado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública.

También convoca a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica, a designar los y las representantes que integrarán el referido Consejo. El CEPSSC tiene como misión promover una “Agenda para la institucionalización y el Desarrollo de la Economía Popular”, con los siguientes objetivos: el fortalecimiento productivo, la formalización de los trabajadores y las trabajadoras, y el fomento del acceso al crédito y del compre estatal para los emprendimientos de la Economía Popular.



Polémica en puerta

La tijera en las prestaciones sociales cayó mal desde un primer momento: el Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois y cuenta con tres legisladores nacionales, amagó con salir del Frente de Todos a fines de agosto tras reclamar que el Gobierno no cumplió con el contrato electoral de 2019 cuya cláusula central era ‘primero los últimos’.

Sin embargo, el dirigente social dio marcha atrás luego el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner y en un plenario celebrado días después, su espacio ratificó la unidad camino a 2023.

No obstante, la nueva medida de Alberto Fernández agita el quiebre definitivo: esto pone en jaque al oficialismo tanto a nivel nacional como provincial, en un momento clave como el tratamiento del Presupuesto 2023.

Tras conocerse la nueva disposición, movimientos como la Unidad Piquetera y el Partido Obrero amenazaron con activar un acampe a partir de la semana que viene frente al Ministerio de Desarrollo Social.