Este lunes el Gobierno Nacional concretó el pedido de juicio político para los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials por el viaje privado a la mansión del magnate, Joe Lewis, en el Lago Escondido.
La presentación fue realizada por el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz. Mediante un escrito de 16 páginas, elevado a la Mesa de Entradas de dicho organismo, el magistrado considero “necesario que se dé curso a una investigación en el seno de este Cuerpo ya que, de resultar comprobadas, las conductas descriptas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones”.
El documento sostiene que “si bien no compete a este Consejo analizar si los hechos denunciados podrían constituir delito -lo que será analizado en sede penal- la responsabilidad política por la cual se interpela a los magistrados denunciados tiene como principal objetivo determinar si mantienen, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos”.
Ustarroz cuestionó el accionar de los jueces y recordó que en la Constitución Nacional de 1860, se estableció que “pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño porque perjudiquen al servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, en cuyo caso bastan para promover el enjuiciamiento”.
“En el comportamiento del juez deberá primar una mirada social que anteponga el interés colectivo y común al particular o individual, como también un evidente e irreprochable sentido de independencia e imparcialidad en todo aquello en lo que por su función deba intervenir”, señaló el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
Ustarroz describió la existencia de un “mecanismo” que buscó “influenciar indebidamente sobre el ánimo de los magistrados al momento de resolver en aquellas causas judiciales de su interés, ya sea como una contraprestación, o bien, por las resoluciones que estos habrían de dictar en el futuro”.
En ese contexto, recordó que la Ley de Ética Pública “prohíbe a los funcionarios recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.
Los jueces implicados ya habían sido denunciados por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, por instrucción del presidente, Alberto Fernández, en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento (ver nota). |
