El juicio al exintendente Prades de Caleta Olivia ya tiene fecha de inicio
El exjefe comunal de la localidad del norte de la Provincia está acusado del presunto cobro de coimas para beneficiar a comerciantes chinos, que también están procesados, en la venta de terrenos fiscales
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En junio de 2019 el ahora exintendente de Caleta Olivia, Facundo Prades, fue procesado y embargado en 14 millones de pesos por el supuesto cobro de coimas por 2 millones de pesos en la venta de terrenos fiscales a comerciantes chinos. El caso “de la mochila” salió a la luz en 2017, cuando un medio de alcance nacional mostró un video, grabado en 2016, de un pago de dinero entre ambas partes en un hotel porteño. El incidente provocó una investigación judicial.
Uno de los funcionarios del exjefe comunal, José Fermín Valdivia Jara, fue quien reveló detalles de la operación. Junto a éste, los ciudadanos chinos Weng Jianping, Yan Shisong, YanShiling Xue Yanqing también quedaron imputados.
El 16 de marzo iniciará el juicio oral y público contra Prades, Valdivia Jara y los comerciantes chinos, que se desarrollará en el tribunal Oral en lo Criminal y Correccional en Capital Federal.
Conocido el hecho, Prades se presentó de manera espontánea en un juzgado de Caleta Olivia para declarar que no hizo parte de ninguna operación ilegal, negando toda acusación. En su escrito, señala que de lo qué se le atribuye “constituye una clara maniobra preelectoral dirigida y orquestada con la única finalidad de perjudicarme, pues, la persona que aparece en el video (editado), es un allegado personal del diputado nacional Eduardo Costa, quien al verse contundentemente derrotado en las próximas elecciones primarias a llevarse a cabo el 13 de Agosto de 2017, por mi padre, habría buscado, inescrupulosamente, un atajo miserable y perverso, que sin miramientos morales ni éticos, ha intentado dañar mi credibilidad pública”.
Sin embargo, Valdivia Jara relató que el mismo día en el que se grabó el video, en simultáneo recibió 500 mil pesos en un hotel local por parte de los comerciantes, que pretendían instalar supermercados en la zona. En total, se pagaron 7,5 millones de pesos por tres terrenos fiscales.
