Lago Escondido: el Gobierno Nacional amplió la denuncia y pidió investigar los fallos posteriores al viaje de los jueces

Desde el Gobierno Nacional decidieron ampliar la denuncia en contra de los jueces y empresarios que viajaron a Lago Escondido en octubre pasado. La presentación inicial fue realizada por el Ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, a inicios de diciembre luego de que filtraran los chats de la comitiva que estuvo en la propiedad del magnate británico Joe Lewis. Según el funcionario, existió una clara intención manipular los medios de comunicación y periodistas para ocultar lo sucedido.

La causa investiga “el posible incumplimiento de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y posible cohecho agravado de magistrados y/o tráfico de influencias agravado a Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10; Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2; Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9; Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires” quienes fueron imputados por la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare.

Igualmente también se pide investigar por “el incumplimiento por parte de los jueces Cayssials y Ercolini, de su obligación de excusarse de intervenir en causas vinculadas a los integrantes y promotores de la comitiva que viajó a la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido”, y además se solicitó el secuestro de los teléfonos celulares para verificar si hubo un intento de borrar información.

A pesar de haber sido tramitada por la Justicia Federal en Bariloche, la causa fue traspasada a Comodoro Py por orden de la Cámara Federal. En este aspecto, el Ministro Soria advirtió en su escrito por “la llamativa demora”, para resolver si se tiene al Estado como querellante, lo que no permite “la constitución de una parte ajena al propio sistema judicial aquí investigado, poniendo un manto de dudas sobre la legitimidad del presente proceso, que tras el traspaso de la causa a los juzgados federales de Comodoro Py, ahora será investigado y juzgado por los propios colegas de varios de los imputados”. Actualmente la causa se encuentra en el juzgado de Sebastián Ramos, que deberá resolver si se secuestran o no los teléfonos.

“En mi rol de Ministro de Justicia y Derechos Humanos, no puedo dejar de advertir que en causas en las que está en juego la honorabilidad del Poder Judicial, el mensaje que se transmite a la sociedad parece ser claro: la Justicia es lenta para investigar a sus propios miembros, pero muy rápida para garantizar su impunidad”, señaló el funcionario.