Los mandatarios de Santa Cruz y Chubut adhirieron a un comunicado en el que se lamenta la ola de violencia que vive por estas horas el territorio del norte y velaron por una salida pacífica al conflicto

Acompañados por Alicia y Arcioni, la Liga de Gobernadores repudió la represión en Jujuy

Después de que ayer la convención constituyente de Jujuy aprobara la nueva Constitución provincial, se terminaron de desatar una serie de manifestaciones que finalmente desembocaron con la intervención de las fuerzas de seguridad. Entre versiones cruzadas, en las que se acusaban al gobernador Gerardo Morales por la represión y al kirchnerismo, junto con la izquierda, de suscitar a la violencia, desde distintos sectores de la política hubo todo tipo de expresiones de preocupación sobre lo que está sucediendo en el territorio norteño.

Recientemente, la Liga de Gobernadores, que nuclea a mandatarios afines al peronismo y que incluye a Mariano Arcioni, de Chubut, y Alicia Kirchner, de Santa Cruz, emitió un comunicado en el que señala “nuestro más enérgico repudio a la represión desatada que está sufriendo el pueblo jujeño. La democracia y el federalismo se construyen sin violencia”.

En ese sentido, también resaltasn que “este año celebramos cuatro décadas de democracia ininterrumpida en Argentina. Es muy doloroso observar cómo nuevamente se presenta al ajuste salvaje y a las medidas regresivas como únicas alternativas y a la represión como la contrapartida para garantizarlo”, y enfatizan: “abogamos por una salida pacífica que preserve la democracia y el bienestar de los jujeños y jujeñas”.

Según pudieron reconstruir varios medios, este martes, la respuesta por parte de las fuerzas de seguridad hacia los manifestantes que protestaban por la reforma constitucional de la Provincia se prolongó por más de 4 horas, y dejó como saldo más de 170 heridos y al menos 69 detenidos.

El principal reclamo de quienes se expresaron en contra de la modificación a la Carta Magna Jujeña es que el nuevo texto prohíbe la protesta social materializada en los cortes de calles y rutas, asimismo se puso en sospecha la rapidez para un proceso que debió haber tardado meses.

No obstante, a raíz de las manifestaciones, se dio marcha atrás con los cambios en dos artículos, uno que estaba relacionado a la propiedad privada y otro que se enfocaba en los derechos y garantías de las comunidades indígenas.

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