La Legislatura rechazó la decisión de Nación de administrar las represas hidroeléctricas

La Cámara sancionó, por mayoría, la declaración 3540 que rechaza y expresa preocupación ante la decisión del gobierno nacional de entregar el control exclusivo de las represas hidroeléctricas emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén a la compañía del Estado nacional Enarsa. Por el mismo tema, sancionó también la declaración 3537 que expresa apoyo a las gestiones de la provincia ante el gobierno nacional para establecer una administración tripartita, integrada por la Nación, Neuquén y Río Negro, de las represas hidroeléctricas en cuestión.

Desde los distintos bloques que componen la Legislatura neuquina hubo consenso en el rechazo a la decisión a la que calificaron de inconsulta y unilateral, impartida por la Secretaría de Energía, que deja en manos de Enarsa la administración de las represas El Chocón- Arroyito, Alicurá, Planicie Banderita y Piedra del Águila –ubicadas sobre los ríos Neuquén y Limay- ante el inminente vencimiento de sus concesiones.

Al respecto, el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) pidió que el gobierno nacional convoque a la provincia a “mesa de diálogo” para la conformación de una administración tripartita de las represas, ya que esta el momento solo hubo “tibias referencias” por parte de Nación. Se refirió también a otras demandas vinculadas, entre ellas la evacuación del canon del agua, del valor de las regalías, los fondos para el mantenimiento de infraestructura y la implementación de la denominada Tarifa Comahue. Sus pares Murisi, Villone y du Plessis remarcaron que el recurso hídrico es propiedad de los neuquinos y las neuquinas por mandato constitucional. 

En tanto, desde el FT, se pronunciaron Darío Peralta y Lorena Parrilli, remarcando la importancia del trabajo en conjunto entre las provincias y Nación. “Neuquén tiene que tener mayoría en la administración de las represas”, aseguró Parrilli tras destacar que el recurso es de las jurisdicciones. 

A su turno, César Gass (JC) criticó el funcionamiento de Enarsa, pidió que se respete la Constitución Nacional que determina que los recursos son de dominio d las jurisdicciones, “que es la letra que debe regir los destinos superiores”.

En tanto, en contra se pronunciaron Blanca López (FIT) y Andrés Blanco (PTS-FIT), quienes pidieron la estatización de las hidroeléctricas bajo control de los trabajadores, criticaron las ganancias de las empresas privadas y solicitaron una verdadera soberanía energética.