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Política Provincial
7 de febrero de 2024
SANTA CRUZ

El Gobierno pretende traccionar de vuelta sobre una causa que involucra al exintendente de Pico Truncado

La Fiscalía del Estado solicitó que se investigue el accionar del fiscal y el juez que sobreseyeron a Osvaldo Maimo de una denuncia de administración fraudulenta, en la cual el exjefe comunal habría cometido una serie de irregularidades para adjudicarse a si mismo, junto con otra funcionaria, un par de terrenos

El Gobierno pretende traccionar de vuelta sobre una causa que involucra al exintendente de Pico Truncado
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La Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz presentó la semana pasada un pedido de investigación ante el Juzgado de Instrucción de Pico Truncado el 2 de febrero, cuestionando los procedimientos en torno al caso penal "NAHUIN, HILDA ISABEL Y OTRA S/ DENUNCIA" (Expte. Nro. N-36354/13). Esta denuncia surge tras una serie de actos judiciales que llevaron al sobreseimiento de Osvaldo Rubén Maimó, ex intendente de la localidad, y Sofía Amanda Hernández, ex secretaria de desarrollo social, en lo que la Fiscalía considera una irregularidad y un atentado contra el debido proceso legal.

La Fiscalía señala al abogado Federico G. Pereyra, quien fungió como agente fiscal ad-hoc en el caso, y al juez Eduardo Alejandro Quelin, en su calidad de Juez de Instrucción Subrogante, como presuntos responsables de estas acciones que afectan gravemente la administración pública de la provincia, particularmente el Poder Judicial de Santa Cruz.

La denuncia se enmarca en el compromiso del nuevo gobierno provincial con la transparencia, la legalidad y la protección de las instituciones democráticas, asegurando la integridad y el correcto funcionamiento de la administración pública en beneficio de todos los ciudadanos de Santa Cruz, según informaron en comunicación oficial.

El caso original, que data de 2013, se originó a raíz de una denuncia presentada por Hilda Isabel Nahuin. Esta denuncia acusaba a los ex funcionarios municipales de una serie de delitos contra la administración pública, incluyendo la autoadjudicación de terrenos fiscales, contratos sin la debida autorización del Concejo Deliberante y omisiones en informes relacionados con el pago de profesionales del Concejo Deliberante. Estos cargos, dada su inusitada gravedad institucional, ponen en entredicho la integridad y la transparencia de las instituciones gubernamentales de la provincia.

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