El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló esta mañana los cargos contra el exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, acusado de hechos que son calificados como peculado en el marco de la causa Techo Digno, por la cual también están siendo investigados otros funcionarios públicos y también empresarios.
En primer lugar, el Fiscal Jefe describió los hechos investigados y destacó que la información se desprende de la investigación que se viene desarrollando hace tiempo. La misma tiene como imputados a empresarios de la construcción y exfuncionarios municipales por el delito de fraude en perjuicio a la administración pública e infiel y peculado en algún caso.
Los fiscales relataron luego que, al momento de la asunción municipal del exintendente, se encontró depositada en una cuenta del Banco Nación la suma de $157.915.146,27, producto de la totalidad de los desembolsos efectuados a raíz de los convenios firmados y que fueron percibidos por la gestión anterior.
“Tal monto dinerario tenía una asignación específica, en tanto estaba destinado al pago a las empresas constructoras, contra la certificación de avance de obra correspondiente, conforme se desprende de la información que fue peritada en el marco de este legajo. A partir de ese momento el hoy imputado, en su calidad de intendente municipal, estuvo a cargo de la custodia y administración de esa suma de dinero, la cual le había sido confiada en razón de su cargo”, señalaron.
Y agregaron que “del monto total del saldo en cuenta al momento de su asunción, el imputado sustrajo por fuera de la esfera de custodia de la administración municipal dinero, que no fue destinado a su fin específico ni restituido al Estado nacional. Tal cosa, mediante las maniobras que fueron describiendo a lo largo de la audiencia”.
Finalmente señalaron: “De ese modo -con todo lo descripto-, quebrantó la esfera de administración y custodia sobre esos caudales, la cual le había sido confiada en razón de su cargo y mediante lo establecido en los convenios celebrados con el Estado nacional. Además con su accionar, vulneró el regular desenvolvimiento de la actividad patrimonial de la administración pública municipal, amén de la confianza pública en él depositada”.
Los abogados defensores del acusado, por su parte, señalaron que “no están reunidas las condiciones de tipicidad que exige nuestro ordenamiento tanto de fondo como de forma y en consecuencia no se debería habilitar la formulación de cargos. Entendiendo que no haría falta analizar la preciosa evidencia probatoria que ha detallado ambiciosamente la fiscalía en función justamente de que no nos encontramos dentro de una infracción penal”.
Cabe destacar que el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y otorgó cuatro meses para llevar adelante la investigación preliminar.
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