22 de marzo de 2024
DESDE PUERTO MADRYN
Con pedidos a Nación, Procuradores de todo el país estrecharon fuerzas para investigar el narcotráfico
El encuentro congregó a los titulares de los Ministerios Públicos Fiscales de todas las provincias y tuvo como eje el abordaje de estrategias y diseño de políticas para combatir el narcotráfico. Hubo un firme reclamo al Gobierno de Javier Milei por el envío de partidas para solventar investigaciones
Se realizó el Encuentro Nacional de Procuradores qen Puerto Madryn con la participación de los representantes de los Ministerios Públicos Fiscales del país, en el marco de la cual los presentes abordaron aspectos vinculados con la prevención, el control y la punición de los delitos, especialmente aquellos vinculados al narcotráfico. La apertura estuvo a cargo del gobernador, Ignacio Torres.
Al momento de tomar la palabra, el gobernador Torres señaló que “es un encuentro más que importante para nosotros porque pone en evidencia la centralidad que está teniendo nuestra provincia en este momento, y la que va a tener también en el marco de la reforma del Código Procesal Penal que debería estar resuelta antes de mayo”.
El Procurador de Chubut, Jorge Miquelarena señaló que “hace aproximadamente 15 años que venimos insistiéndole al Gobierno Nacional para llevar adelante una agenda conjunta donde estemos todas las provincias con el objetivo de mejorar los procesos de investigación”, y agregó: “Creemos firmemente que para tener éxito en un combate contra el narcotráfico y con todos los inconvenientes y los delitos conexos que trae aparejado, tenemos que hacerlo en conjunto, diseñando políticas serias, sustentables y que no sean espasmódicas”.
“Que estas políticas atiendan no solamente lo que tiene que ver con la represión del delito, sino también todo lo que se relaciona con la prevención, la disuasión, la publicidad, el tratamiento del adicto, y el combate contra todo aquello que financia el narcotráfico, como el lavado de dinero y los capitales que utilizan para cometerlos", agregó el funcionario, destacando asimismo la necesidad de tener "un régimen penitenciario como corresponde”.
Finalmente, Miquelarena arremetió contra el Gobierno Nacional y sostuvo que “Nación no envía un solo peso de lo que está obligado en función de la ley que prevé la posibilidad de desfederalización en términos del narcomenudeo”, añadiendo que “sin dinero no se puede investigar, por eso hace falta una política seria, constante y que atienda todas estas cuestiones”.
El comunicado oficial de los Procuradores
"El Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, asociaciones integradas por los Procuradores Generales y Fiscales de todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la reunión de los Titulares de los Ministerios Públicos efectuada en la Provincia del Chubut, ciudad de Puerto Madryn, los días 21 y 22 de marzo de 2024, manifestamos:
Mantenemos el criterio sustentado en comunicados anteriores emitidos en las jornadas precedentes sobre el tema del narcotráfico, en particular sobre el modo en que se lleva a cabo la gestión judicial de los delitos relacionados con drogas en la República Argentina.
Desde hace años las organizaciones vienen intentando ubicar en la agenda nacional la situación de algunas provincias argentinas sobre el avance de la distribución de drogas en sus territorios.
El federalismo es una herramienta para facilitar la persecución penal, no un obstáculo. Es por ello que insistimos en la necesidad de que desde Nación se impulse la desfederalización de la Ley 26.052, ampliando el número de provincias adheridas y la interacción de todos los Ministerios Públicos Fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que mediante la implementación de criterios comunes de persecución penal se logre un eficaz combate contra el narcomenudeo, bloqueando los canales de distribución de droga. Establecer mapas del delito, enfocar con precisión la acción policial, fortalecer la presencia del Estado, evitar la ocupación territorial por los narcotraficantes en barrios y zonas propicias para el desarrollo clandestino de organizaciones criminales.
Deben profundizarse las acciones coordinadas y efectivas con autoridades federales, aplicando modelos de intervención convergentes que tiendan a abarcar la problemática de modo integral, reduciendo los márgenes de impunidad sobre todo en relación con el fenómeno del narcomenudeo.
Es importante aprovechar las fortalezas de los Ministerios Públicos Fiscales locales para la persecución del narcomenudeo, teniendo presente que se cuenta con regímenes procesales modernos, eficaces y ágiles, con capacidad e infraestructura para abordar las actividades periciales que requieren este tipo de causas mediante la red de Laboratorios Forenses distribuidos en todo el territorio nacional.
Se entiende al flagelo del narcotráfico y el narcomenudeo como un mal desintegrador de la sociedad. Es necesario combatirlo de manera global, mediante la implementación de políticas de Estado que sean generales, fuertes y sustentables.
Es imperativo un abordaje integral, mediante la creación de un sistema que abarque: prevención, asistencia social y punición del fenómeno. Ello implica abordar el fenómeno, las causas y las consecuencias de una manera integral. A esos efectos, corresponde profundizar en los conceptos de PREVENCIÓN, DISUACIÓN, PERSECUCIÓN PENAL y TRATAMIENTO DEL ADICTO.
En ese orden de ideas, habremos de propiciar que se construya y profundice a nivel de nuestras organizaciones:
1.- Una verdadera política de prevención, publicidad y desintoxicación con lugares de tratamiento adecuados.
2.- Organización, capacitación y modernización de una policía de investigaciones, cuyos integrantes deben ser meticulosamente seleccionados y bien remunerados.
3.- Una inteligencia criminal institucionalizada.
4.- La organización y cooperación entre todas las autoridades Estatales, Municipales, Provinciales y Nacionales.
5.- Máximos controles en puertos y fronteras. 6.- Ataque decidido al lavado de dinero con legislación adecuada.
Debe concretarse un diálogo efectivo entre los Ministerios de Seguridad y de Justicia de la Nación, los poderes ejecutivos de la Provincias adheridas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, definiendo los aportes económicos que se deben asignar conforme las previsiones de la Ley 26.052, aportes que son vitales para una correcta investigación del delito.
Requerimos firmemente una convocatoria del Gobierno Nacional, con una amplia participación de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales para poder efectuar un abordaje integral del asunto. Es que observamos como prioritario que los estamentos gubernamentales argentinos, sin distinciones ideológicas o partidarias, asuman políticas de Estado que definan un camino hacia la convivencia pacífica, asegurando la prevención, control y punición de los delitos, especialmente los vinculados al narcotráfico y las infracciones penales colaterales".