9 de mayo de 2024
RIO NEGRO
Negocio redondo: era funcionaria de Educación y contrataba a su hijo con transporte escolar
La Justicia imputó a la exsubsecretaria de Coordinación Regional de la cartera educativa, Elba Ostertag y a su empleada, Marcela Carrasco, por haber beneficiado mediante varias contrataciones directas al hijo de esta última
El Ministerio Público Fiscal de Viedma imputó a una ex funcionaria del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia y a una empleada por haber beneficiado al hijo de ésta última en distintas contrataciones directas del servicio de transporte escolar para alumnos/as de escuelas de San Carlos de Bariloche. Al individuo, Rodrigo Agustín Chicaval, también se le formularon cargos como partícipe necesario del hecho.
Según indicó la Fiscalía, Elba Edith Ostertag, en su carácter de directora contable y subsecretaria de Coordinación Regional, entre 2019 y 2022 y la empleada, Marcela Carrasco, permitieron la contratación directa del servicio de transporte escolar en Bariloche, “en miras a la obtención de un beneficio propio y de un tercero, hijo de esta última”.
“En el período aludido, se autorizó la contratación directa del hombre en seis oportunidades a través de distintos expedientes, pese a la incompatibilidad por el vínculo entre el contratado y la mujer, prevista por el artículo 19 de la Ley Provincial de Ética e Idoneidad de la Función Pública”. Agregó la acusación que en diversas ocasiones la contratación benefició al hombre por sobre otros oferentes que presentaban mejores condiciones.
El delito endilgado a los tres imputados es negociaciones incompatibles con la administración pública siendo las dos mujeres sindicadas como autoras y el hombre, partícipe necesario.
El legajo penal se inició por una denuncia realizada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a partir de la cual se inició una investigación preliminar que incluyó gran cantidad de documentación y permitió la realización de una pericia de más de un centenar de páginas realizada por el equipo de contadores del Ministerio Público. Con esta evidencia ayer formularon cargos.
En la audiencia, además de detallar el sustento probatorio, la Fiscalía mencionó distintos expedientes en los que se habrían detectado irregularidades. A pesar de la oposición del abogado particular, el juez interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.