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La Justicia porteña obligó a Capital Humano a informar sobre el stock de los alimentos
La justicia porteña confirmó la medida cautelar ordenada por el juez que le impone al Ministerio de Capital Humano la obligación de informar sobre el stock de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y de Tucumán. Además evalúa sanciones para Juan Grabois y Leila Gianni.
La Cámara Federal porteña confirmó la medida cautelar ordenada por el juez que le impone al Ministerio de Capital Humano la obligación de informar sobre el stock de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y de Tucumán, así como el cronograma de su distribución. Esta resolución también incluye, por mayoría, la solicitud de evaluar sanciones para los funcionarios encabezados por Leila Gianni y el abogado Juan Grabois debido a su comportamiento en una reciente audiencia.
Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico coincidieron en respaldar la actuación del juez Sebastián Casanello, argumentando que la medida cautelar era necesaria y adecuada. Gianni había manifestado a los magistrados que no permitirían la injerencia de un juez en las políticas alimentarias del gobierno de Javier Milei, lo que fue considerado una actitud de desacato hacia la orden judicial.
Juez Sebastián Casanello.
El juez Farah destacó en su voto la importancia de que el Ministerio de Capital Humano cumpla con la orden judicial en un plazo de 24 horas, advirtiendo que, de no hacerlo, su conducta podría constituir el delito de desobediencia a una orden judicial según el artículo 239 del Código Penal. Además, señaló que la falta de cumplimiento sería una traición a los principios del sistema republicano.
Durante la audiencia, el juez Irurzun criticó la actitud de las partes involucradas, señalando que no contribuyeron a resolver el caso y mostraron una intolerancia similar a la vista en los medios y redes sociales. Subrayó que el propósito de la intervención judicial no era discutir la política alimentaria del gobierno, sino asegurar que los derechos básicos de los ciudadanos sean protegidos y evitar la consolidación de daños ilícitos.
El juez Irurzun también resaltó la importancia de los informes y fotografías de los depósitos presentados por el Ministerio de Capital Humano, aunque señaló que inicialmente no incluían información crítica como las fechas de vencimiento de los productos. Este detalle fue clave para justificar la medida cautelar y asegurar que los alimentos se distribuyan adecuadamente antes de que caduquen.
El juez Boico añadió que la investigación sobre la ejecución presupuestaria y el estado de los alimentos almacenados reveló cantidades significativas de productos ociosos. En respuesta, Casanello había solicitado al Ministerio de Capital Humano que elaborara un plan de entrega detallado, con plazos razonables para su cumplimiento, desmintiendo las afirmaciones de que el Poder Judicial estaba invadiendo competencias del Ejecutivo.
La denuncia, impulsada por Juan Grabois en febrero, se centró en la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios dentro del "Plan Nacional Argentina contra el Hambre". La situación se agravó cuando se reveló que los depósitos en Villa Martelli y Tafi Viejo contenían alrededor de 5 millones de kilos de alimentos, lo que generó una respuesta del Gobierno y acciones judiciales para asegurar la distribución adecuada de estos productos, en atención a su tipo, cantidad, y fechas de vencimiento.