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Redacción
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El PRO levantó sospechas sobre si hay empleados públicos cobrando planes
El presidente del bloque amarillo en la Legislatura Provincial, Juan Martín, adelantó que le reiterará el pedido al ministro de Desarrollo Humano, Juan Muenna, que corrobore si hay agentes estatales rionegrinos beneficiados con planes sociales, tal como se descubrió en una auditoria del Gobierno Nacional
El bloque del PRO-Unión Republican manifestó su preocupación ante la posible existencia de empleados públicos en Río Negro que estarían cobrando planes sociales de manera indebida. Esta inquietud surge de un relevamiento nacional que identificó a aproximadamente 200 personas en esa situación. El jefe del bloque, Juan Martín, adelantó que intimará de nuevo al ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, a brindar información precisa sobre el asunto y a definir la postura del gobierno en caso de confirmarse irregularidades.
“A fines del año pasado, cuando se reveló la enorme estafa de los planes Potenciar Trabajo en todo el país, nuestro bloque presentó un pedido de informes en la Legislatura y pasados casi seis meses no hubo ninguna respuesta”, señaló Juan Martín. El presidente del bloque recordó que, tras asumir el nuevo Gobierno Nacional, se realizó una auditoría que detectó 8.500 personas cobrando planes sociales de manera indebida, de las cuales 200 eran de Río Negro.
“Lo que queríamos saber con el pedido de informes que se niegan a responder es quiénes son estos empleados y qué piensan hacer luego de que estafaran a la sociedad quedándose con dinero que no les correspondía, pero ahora también nos interesa conocer qué quieren ocultar que no responden tal como los obliga la ley”, añadió Martín.
Hola @MuenaPablo. En diciembre del año pasado le mandamos el pedido de informes 822/23, preguntando si había empleados de la provincia cobrando indebidamente planes sociales.
Pasaron casi 6 meses y no nos respondió, pese a los reclamos.
Abro hilo para explicarle más.
— Juan Martin (@jmrionegro) June 12, 2024
El legislador subrayó que la ley es clara y obliga al gobierno a responder los pedidos de informes en un plazo que ya está vencido, sin que se haya solicitado prórroga ni dado señal alguna. Además, Martín detalló que la normativa prevé una multa, aunque consideró que esta es irrisoria, y por ello han presentado un proyecto de ley para modificar esta situación.
Asimismo, Martín enfatizó que los funcionarios responsables podrían estar incurriendo en el delito de incumplimiento de sus deberes al no responder el pedido de informes. La situación plantea un desafío para las autoridades provinciales, quienes deben aclarar las acusaciones y tomar las medidas pertinentes para resolver cualquier irregularidad detectada.
Hola @MuenaPablo. En diciembre del año pasado le mandamos el pedido de informes 822/23, preguntando si había empleados de la provincia cobrando indebidamente planes sociales.
Pasaron casi 6 meses y no nos respondió, pese a los reclamos.
Abro hilo para explicarle más.