13 de junio de 2024
RIO NEGRO
Reformularon los cargos contra el ex intendente de Fernández Oro en la causa Techo Digno
Con nueva evidencia, la acusación contra Juan Reggioni y un empresario de la construcción se simplificó a administración fraudulenta y peculado por maniobras de sobrecosto en la edificación de viviendas con fondos nacionales
La fiscalía del Ministerio Público de Río Negro ha dado un paso significativo en el caso contra el ex intendente Juan Reggioni y el empresario Néstor Sarasola, quienes están acusados de administración fraudulenta y peculado en el contexto de la construcción de viviendas bajo el programa Techo Digno. Este avance se basa en la nueva documentación proporcionada por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) y en los resultados de pericias contables ampliadas.
Durante la audiencia, el fiscal jefe explicó detalladamente las acusaciones y el contexto del programa Techo Digno, que es un acuerdo entre el Estado Nacional y los municipios para la construcción de viviendas. "Tras suscribir el acuerdo, los gobiernos locales llamaban a una licitación particular y se comprometían a cumplir las pautas administrativas que requerían el control de las obras y los pagos", señaló.
La fiscalía indicó que, salvo el primer pago, que funcionaba como un anticipo financiero, los demás debían realizarse contra la certificación de avance de obra. En el caso de Fernández Oro, estas certificaciones no se realizaron y los pagos se hicieron “a cuenta de certificados”, lo cual no estaba previsto en los convenios. "Cuando se ejecuta una obra del Estado se deben cumplir las reglas del acuerdo que se firma. La empresa sabiendo que no existían certificaciones de obra emitía facturas y el municipio sin tener esas certificaciones pagaba esas facturas", detalló el fiscal jefe.
Las pericias contables revelaron que hubo un sobrepago significativo en relación a lo construido. El IPPV provincial, que se hizo cargo de la finalización de las obras tras rescindir el convenio con Nación, constató que el avance real de las obras era mucho menor de lo efectivamente pagado. Refiriéndose al empresario imputado, el fiscal mencionó: "en ese documento reconocen y firman un avance de obra menor al que habían cobrado", y agregó que se perjudicó al erario público municipal de manera dolosa.
Parte de las defensas justificaban las diferencias en avance de obra y pago liquidado en un ajuste de precios previsto en el contrato, pero la fiscalía argumentó que no existía procedimiento administrativo que habilitara ese reajuste. Además, una ampliación pericial confirmó que, aun considerando un reajuste de precios, hubo sobrepago. "Según la teoría fiscal, esta conducta encuadra dentro del delito de administración fraudulenta", concluyó el fiscal jefe.
En cuanto a la acusación de peculado contra el ex intendente Reggioni, el fiscal explicó que los fondos del programa Techo Digno debían mantenerse en una cuenta del Banco Nación para permitir el control del flujo de fondos por parte del Estado Nacional. Sin embargo, Reggioni retiró el dinero de esa cuenta y lo transfirió a otras cuentas municipales en otros bancos, lo que impidió el control por parte de la Nación. "En las cuentas particulares del Municipio, la Nación no tiene facultades ni posibilidades de control", concluyó el fiscal.
A pesar de las observaciones de los defensores, la jueza de garantías aceptó los cargos reformulados según lo solicitado por el Ministerio Público.