17 de junio de 2024
ENERGIA
La Federación Económica de Santa Cruz tuvo que ir ante la Justicia por las subas del gas
La organización presentó un recurso de amparo ante la suba de las tarifas del servicio para los comerciantes. Según argumentan, los precios están distorsionados en comparación referencias internacionales
La Federación Económica de Santa Cruz (FESC) presentó un recurso de amparo colectivo ante la Justicia Federal para frenar los recientes aumentos en las tarifas de gas que afectan a los comercios de la provincia.
La medida, según la FESC, se toma ante la "falta de justificación" de los incrementos y las "distorsiones" en los precios del gas en comparación con referencias internacionales.
El recurso de amparo cuestiona la Resolución N° 41/24 de la Secretaría de Energía de la Nación, que fijó aumentos progresivos en el valor del gas natural al momento de su ingreso al sistema de transporte.
La Federación sostiene que estos nuevos valores superan significativamente el promedio del gas natural en comparación con las referencias internacionales, especialmente durante los meses de invierno.
El amparo también critica la Resolución N° 122/24 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que establece los cuadros tarifarios para la distribuidora Camuzzi Gas del Sur S.A. y la subdistribuidora Distrigas S.A.
La FESC argumenta que estos cuadros tarifarios no cumplen con los principios de protección de los usuarios, tal como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo anterior del año 2016.
Al día de la fecha, el caso está pendiente del dictamen del Ministerio Público Fiscal, indispensable para que la jueza federal decida sobre la admisibilidad formal del amparo y la medida cautelar solicitada, que busca suspender la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios vigentes desde el 1° de abril de 2024.
La Federación Económica de Santa Cruz, en representación del sector PyME de la provincia, recalca que la ley que permite estos incrementos, (Ley N° 24.076), fue dictada en 1992 bajo la convertibilidad entre el dólar estadounidense y el peso argentino, sin actualización por inflación.
Con la derogación de la convertibilidad en 2002 y las posteriores devaluaciones, los usuarios quedan desprotegidos frente a modificaciones cambiarias, lo que va en contra de los principios de accesibilidad y racionalidad en la determinación de tarifas de servicios públicos.
"Los comerciantes, productores y pequeños industriales de Santa Cruz no pueden seguir soportando incrementos desmedidos en un contexto económico ya de por sí complicado", afirmó la vicepresidenta a cargo de la presidencia de la FESC. "Es necesario proteger a los usuarios de las distorsiones tarifarias y garantizar un servicio accesible y equitativo".