31 de julio de 2024
CHUBUT
Emergencia Climática: la Fiscalía pidió penas de entre 6 y 4 años para los imputados
Asimismo se solicitó la inhibición de bienes para todos los funcionarios acusados por maniobras de corrupción en el manejo de las consecuencias del temporal que azotó Comodoro en 2017. El veredicto y las penas se dictaminarán a finales de agosto
En una jornada clave para la causa "Emergencia Climática I", se llevaron a cabo los alegatos de pena de las partes involucradas. El tribunal, presidido por Mariano Nicosia e integrado por los jueces penales Martín Cosmaro y Carlos Tedesco, anunció que el veredicto de pena y la sentencia completa se darán a conocer el próximo 28 de agosto.
El fiscal Cristian Olazabal, acompañado por Fabiola López y Cristian Ovalle, solicitó diferentes penas para los condenados, basándose en las circunstancias agravantes y atenuantes de cada caso. Entre las penas solicitadas, destacan 6 años de prisión para Boyero y Palomeque; 5 años y 6 meses para Mansilla y Monasterolo; y 5 años para Cristian Pérez y Morales. Además, se pidió una reparación económica de 408.804 dólares y la medida cautelar de inhibición general de bienes para todos los acusados, considerando como única atenuante la falta de antecedentes penales.
El fiscal Olazabal argumentó que la naturaleza de la acción y el daño causado por el delito de corrupción constituyen un atentado al sistema republicano de gobierno, establecido en la Convención de las Naciones Unidas. Durante la tormenta extra-tropical que azotó la ciudad, algunos individuos aprovecharon la situación para enriquecerse a costa del Estado, causando un daño patrimonial de 410 millones de pesos al valor actual.
La defensa, representada por varios abogados, entre ellos Guillermo Iglesias, María de los Ángeles Garro, María Cristina Sadino, Juan Bill, Ivo Di Taranto y Fabián Gabalachis, solicitó penas mínimas de dos años de prisión en suspenso, oponiéndose a la inhibición general de bienes. Garro, Di Taranto y Bill pidieron penas ligeramente mayores para algunos de sus defendidos.
Cabe recordar que el 8 de julio, el tribunal sobreseyó a Gonzalo Pérez y Julián Astiz, declarando parcialmente nula la acusación en su contra, y declaró a Palomeque y Boyero responsables de estafa en perjuicio de la Administración Pública. Monasterolo, Morales, Cristian Pérez y Lobos Rosas fueron declarados responsables de fraude, y los inspectores Mansilla, Lara, Van Heerden y Sartori fueron considerados partícipes de fraude y falsedad ideológica de instrumento público.
La investigación de la causa "Emergencia Climática I" se originó tras la devastadora tormenta que azotó Comodoro Rivadavia entre el 29 de marzo y el 9 de abril de 2017, provocando la precipitación de casi 400 mm de agua. El 5 de abril de ese año, el Consejo Deliberante local declaró la emergencia económica, social y administrativa, lo que permitió al Ejecutivo local contratar 197 empresas para remover el lodo resultante de la tormenta. Sin embargo, se descubrió que varios partes diarios fueron fraguados y autorizados para su pago por los funcionarios Boyero y Palomeque, lo que desencadenó la investigación y las subsecuentes acusaciones de corrupción y fraude.