15 de agosto de 2024
ENERGíA
En Neuquén van por la inconstitucionalidad del decreto que pone en venta a las represas
En intercambio con la Tecla Patagonia, Mariano Mansilla, exdiputado provincial y abogado en representación de varios sectores que realizaron una ampliación judicial para detener el proceso de privatización de las hidroeléctricas, insistió en la soberanía de las provincias sobre sus recursos
La polémica en torno a la privatización de las represas hidroeléctricas de Neuquén y Río Negro escaló con la presentación de una ampliación del recurso judicial que busca frenar el proceso impulsado por el Gobierno Nacional. A través de la ampliación acción de amparo presentada por organizaciones sociales y políticas, representadas por los abogados Mariano Mansilla y Juan Kairuz, se intenta suspender el Decreto 718/2024, que establece la licitación nacional e internacional para la venta de las represas. El recurso judicial argumenta que dicho decreto viola el dominio originario de los recursos naturales de las provincias, consagrado en la Constitución Nacional.
En diálogo con La Tecla Patagonia, Mansilla destacó la importancia de esta acción judicial, subrayando que "las provincias son las propietarias de los recursos hídricos, y cualquier adjudicación que se realice sin su participación es inconstitucional". Según el abogado, el decreto en cuestión fue emitido "a espaldas de las provincias de Neuquén y Río Negro", lo que generó malestar en ambas jurisdicciones.
El conflicto radica en el artículo 6 del decreto, que convoca a una licitación para adjudicar la gestión de las represas Alicura, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuyas concesiones ya deberían haber vencido, pero tuvieron una prórroga. Mansilla señaló que, si bien la Justicia Federal había desestimado previamente la urgencia del amparo, la situación cambió con la promulgación del decreto que formaliza el proceso de licitación. "Ahora estamos ante un hecho consumado que pone en riesgo la soberanía provincial sobre estos recursos", afirmó.
La Cámara Federal de General Roca está evaluando una medida cautelar que podría suspender la aplicación del decreto hasta que se resuelva la cuestión de fondo. "Esperamos que la Justicia actúe con celeridad, ya que lo que está en juego es la administración de recursos clave para el desarrollo económico y social de nuestras provincias", subrayó el letrado.
El decreto nacional que prorrogó las actuales concesiones hidroeléctricas sobre los ríos Neuquén y Limay incluye un concurso internacional para la venta del paquete accionario mayoritario de las empresas que el gobierno nacional creó en junio con el nombre de las represas. Este fue presentado como "hecho nuevo" ante la Cámara Federal de Roca para frenar "el proceso privatizador", según lo calificó Mansilla. El dirigente explicó que la jueza federal Carolina Pandolfi había rechazado un amparo previo por considerar que los actores no estaban legitimados para llevar a cabo la petición.
El recurso que fue denegado inicialmente planteaba que para continuar con el proceso de concesiones hidroeléctricas, el gobierno nacional debía convocar a las autoridades de Neuquén y Río Negro, ya que las provincias son las dueñas de los ríos Neuquén y Limay. La medida de fondo cuestiona la constitucionalidad del proceso de transferencia de las concesiones hidroeléctricas resuelto "de modo exclusivo" por la Nación y sin la participación de las provincias.
No obstante, justamente el martes las provincias de Neuquén y Río Negro lograron el compromiso por parte de Nación de dejarles participar de en lo que sería en el futuro de las hidroeléctricas
El desenlace de este conflicto podría tener repercusiones más allá de las fronteras provinciales. Mansilla advirtió que situaciones similares podrían darse en otras provincias, como Chubut, donde la concesión del complejo hidroeléctrico de Futaleufú vence en 2025. "Este es un tema que afecta a todas las provincias con recursos hídricos, y debemos estar unidos en defensa de nuestros derechos", concluyó.