La polémica decisión será apelada desde el Ministerio Público Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia. María Laura Martini dispuso que los manifestantes antimineros que causaron disturbios y prendieron fuego, entre otros edificios, la Gobernación, reparen el millonario daño que causaron con alimentos y trabajo comunitario. El perfil de la letrada

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La polémica decisión de la jueza María Laura Martini que le otorgó el beneficio de evitar el juicio oral y público a los ocho imputados por los disturbios durante el tratamiento de la ley minera en Chubut, generó un amplio malestar tanto en el ambiente político como en el propio judicial. A cambio los ocho imputados harían trabajos comunitarios y entregas de alimentos con destino social.

Tal como publicó La Tecla Patagonia, el Ministerio Público Fiscal apelará la decisión ante el Superior Tribunal de Justicia, pero cuál es el perfil de esta magistrada.

Martini fue una de las tres juezas que integró el Tribunal encargado de enjuiciar a Luciano Mallemaci, Ezequiel Quintana y Leandro del Villar, acusados de violar en grupo a una adolescente de 16 años en Playa Unión en el año 2012, caso mal llamado “La Manada de Chubut”. Por el ataque fueron señalados en su momento seis jóvenes en la escena del abuso, quienes actuaron cuando la víctima se encontraba indefensa y en estado de inconsciencia, aunque sólo tres llegaron a juicio y fueron declarados inocentes por el beneficio de la duda y la falta de pruebas.

Trabajó un año como funcionaria fiscal antes de llegar a ser jueza penal de Chubut en Comodoro Rivadavia, lugar del que pidió el traslado por motivos personales - el traslado del trabajo de su esposo- en julio pasado. Actualmente se desempeña en Rawson. Su traslado estuvo envuelto en polémica ya que para el acceso a los cargos en determinada circunscripción judicial debe ganarse un concurso y ella ganó en Comodoro Rivadavia.

Al respecto el diputado Pais decía en su momento: “Ella concursó por la circunscripción de Comodoro Rivadavia, la Legislatura aprobó para que actuara en Comodoro Rivadavia, ya se le había rechazado un pedido de traslado; ahora se le da el traslado quitándole a la comunidad de Comodoro Rivadavia y llevándola a Rawson sonde no se hizo ningún llamado a concurso. Parece una decisión empática por problemas familiares como tenemos todos, pero la Constitución en su artículo 170, establece un mecanismo de tangibilidad”, finalizó.

Nació en Bahía Blanca, pero se crió y estudió en Punta Alta en la Escuela Nº 23 y en el ex Colegio Nacional. Estudio abogacía a distancia en la Universidad de La Plata. Luego de recibirse comenzó una carrera judicial de 20 años en fiscalías de la provincia de Buenos Aires. Trabajó como secretaria de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°15 de Flagrancia y también siendo parte de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2, ambas del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

A principios de 2020 ingresó por concurso como funcionaria de Fiscalía en la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal en Comodoro Rivadavia. En 2021 rindió por segunda vez para acceder al cargo vacante en el Juzgado Penal de Comodoro. El 28 de agosto de ese año asumió como jueza.

Destrozos de millones de pesos para los chubutense

La compleja investigación realizada por la fiscal jefe de Rawson, Florencia Gómez, fue impulsada junto a los Dres. Jeremias Regueira y Federico Esusy como equipo de trabajo, logró las respectivas imputaciones y reunión de pruebas como para que el caso se ventile en un juicio oral y pública.

Se trata de los incidentes que se produjeron en Rawson el 16 de diciembre del año 2021, en el marco de manifestaciones generalizadas en varias calles de Rawson, en oposición al tratamiento de una Ley en la Legislatura provincial, para la explotación de la minería en el Chubut.

Los incidentes se produjeron entre las 19.30 y las 21 horas de ese día. Para la Fiscal Florencia Gómez se trató de “grupos minúsculos mezclados entre quienes se manifestaban legítimamente” y que además “no encontraron resistencia”.

Destacó en la acusación que fueron atacadas, la Casa de Gobierno, la Comisaría de Rawson, la Sección Finanzas de la Policía Provincial, el Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Rawson, la Legislatura Provincial, el Juzgado Federal, las oficinas de SEROS, el edificio del Ministerio de Educación y otros organismos del estado, aunque también algunos comercios y propiedades privadas.

Solo en el arreglo de la Casa de Gobierno ubicada en Rawson 50, el último presupuesto previsto que data del año pasado, daba cuenta de más de 170 millones de pesos. Esto sin contar los destrozos causados en otras dependencias.

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