30 de septiembre de 2024
RIO NEGRO
Desestimaron una denuncia por presunto fraude contra el intendente de San Antonio Oeste
Adrián Casadei y otros dos funcionarios habían sido acusados en mayo pasado de administraciones irregulares en la organización de la Fiesta Nacional del Golfo Azul. Sin embargo, la Justicia envió el caso a archivo después de que la Fiscalía probara que no se cometió ningún delito
La Fiscalía N° 2 de Viedma, a cargo del Dr. Guillermo González Sacco, resolvió archivar una investigación iniciada en mayo de este año, que involucraba al intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, y a dos de sus funcionarios, Matías Hermo y Nicolás Carassale, por presunta defraudación contra la administración pública en el marco de la 33° Fiesta Nacional del Golfo Azul.
La denuncia había sido presentada por Favio León, ex candidato a intendente y titular del partido vecinal Compromiso Ciudadano, quien acusaba a Casadei, junto al Secretario General de Coordinación Institucional y Gobierno, Matías Hermo, y al Presidente de la Agencia de Turismo, Cultura y Deporte, Nicolás Carassale, de realizar pagos indebidos por un total de 1.649.000 pesos en concepto de alojamiento de artistas durante la festividad. Según León, estos gastos debían haber sido cubiertos por la productora contratada, Pro Ride S.R.L., conforme al convenio establecido con el municipio.
Sin embargo, tras un exhaustivo análisis de los hechos y la respuesta remitida por la Municipalidad de San Antonio Oeste, la Fiscalía determinó que los fondos empleados para los pagos mencionados provinieron de una donación de la empresa Alcalis de la Patagonia S.A.I.C. (ALPAT), por un total de 10 millones de pesos, específicamente destinados al patrocinio y organización de la fiesta. De esta manera, el fiscal González Sacco concluyó que no se configuró delito alguno, dado que las arcas municipales no se vieron afectadas.
La Fiscalía también indicó que el remanente de los fondos donados que no fue utilizado está bajo análisis para su eventual devolución a ALPAT o su redirección a otros fines, según lo decida la empresa.
Pese al archivo de la causa, la medida fue calificada como provisoria, con la posibilidad de reabrir la investigación si surgieran nuevas pruebas. Además, los denunciantes tienen un plazo de tres días para solicitar la revisión de la decisión ante un fiscal superior.