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Lunes, 9 diciembre 2024
Argentina
2 de noviembre de 2024
ENERGIA

Senadores del peronismo buscan limitar la privatización de las represas

Mediante una carta al ministro Caputo, legisladores de Neuquén y Río Negro propusieron que la venta de acciones de las hidroeléctricas para el sector privado no sea mayor al 50% y que la otra mitad sea dividida entre sus provincias

Senadores del peronismo buscan limitar la privatización de las represas
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Senadores nacionales de las provincias de Neuquén y Río Negro elevaron un pedido formal al ministro de Economía, Luis Caputo, en un esfuerzo por frenar la venta total de las acciones de cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en sus territorios. El grupo de legisladores, compuesto por Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Martín Doñate y Silvina García Larraburu, quienes representan a Unión Ciudadana, plantea que el Decreto 895/2024, que prevé la venta de estas centrales, debería ser modificado para limitar la participación privada al 50%, asegurando que las provincias mantengan el control sobre la mitad restante. Esta propuesta surge como una medida para preservar la administración de estos recursos hídricos estratégicos en manos locales, en respuesta a la reciente decisión del Gobierno de avanzar hacia su privatización completa.

La misiva propone que las provincias de Neuquén y Río Negro sean incluidas como copartícipes en la gestión de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, argumentando que la actual disposición del decreto, al destinar las acciones a empresas privadas, vulnera los principios federales consagrados en la Constitución. Los senadores destacan que la reforma constitucional de 1994 otorga a las provincias el dominio originario de los recursos naturales en sus territorios y subrayan que esta privatización representa una pérdida de control que impactará directamente en el desarrollo regional y en la capacidad de gestionar estos recursos en función de las necesidades locales.

Los senadores insisten en que los fondos que ingresen por la venta de estas acciones deben destinarse exclusivamente al fortalecimiento y desarrollo de infraestructura en la Patagonia y no para el pago de deuda externa, como estipula el decreto. Señalan que, históricamente, el manejo de estos activos estratégicos no ha resultado en ingresos significativos ni en reinversiones orientadas a incrementar la capacidad energética del país. Desde esta perspectiva, los legisladores consideran que la privatización, en los términos actuales, no responde a las necesidades de las comunidades locales y podría resultar en una explotación de los recursos que priorice los beneficios de capitales extranjeros en lugar de contribuir al bienestar y crecimiento regional.

La propuesta de los senadores encontró respaldo en los gobernadores de ambas provincias, Rolando Figueroa, de Neuquén, y Alberto Weretilneck, de Río Negro, quienes expresaron su preocupación por el impacto que esta privatización podría tener en la autonomía provincial y en el acceso a los recursos hídricos. Figueroa y Weretilneck han manifestado que podrían recurrir a medidas judiciales en caso de que el Gobierno nacional decida continuar adelante sin considerar las demandas de las provincias. Esta postura refuerza la idea de que el futuro de las represas del Comahue no solo involucra la gestión de activos energéticos, sino también la soberanía sobre los recursos y el respeto por el federalismo en la administración de bienes públicos.

A este reclamo se sumó recientemente la senadora rionegrina Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, quien presentó un proyecto de comunicación en el Senado solicitando que se revise el Decreto 895/2024 y se garantice que el 51% de las acciones de las represas permanezca en manos de las provincias. Silva fundamenta su propuesta en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales, y sostiene que, dado el carácter estratégico de estas centrales hidroeléctricas, su administración debería ser competencia de las provincias. La senadora argumenta que, en línea con el federalismo, es fundamental que los recursos generados por estas represas beneficien directamente a las economías locales y contribuyan al desarrollo de Neuquén y Río Negro.

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