Acusaciones cruzadas y escándalo en una intervención en un hogar de menores
El gobierno provincial llevó a cabo una intervención dispuesta por el Juzgado de Familia de Caleta Olivia en la Fundación Valdocco de Cañadón Seco. El padre a cargo, Juan Carlos Molina, denuncia que fue un "atropello" y se vulneraron derechos de los niños y niñas. La versión oficial
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El gobierno de Santa Cruz llevó a cabo ayer una intervención judicial en la Casa Valdocco, ubicada en la localidad de Cañadón Seco, lo que generó fuertes acusaciones por parte del padre a cargo de la misma, Juan Carlos Molina.
Molina asegura que la intervención vulneró derechos de los niños, niñas y adolescentes. La situación fue puesta en conocimiento de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham.
Según el relato del párroco la acción llevada adelante que contó con un gran despliegue de efectivos policiales, funcionarios y hasta perros intimidó y aterrorizó a los niños y adolescentes que viven en la institución. Además relató que no justificaron el accionar ni explicaron los motivos de la presencia en el lugar.
Molina denuncia exceso y abuso de autoridad y relaciona la medida a lo que llamó la “cacería” por parte del Ministerio de Trabajo, porque se le negó el ingreso para proteger la integridad de los menores.
En tanto, desde el Gobierno provincial emitieron un comunicado donde aseguran que no pueden revelar información sobre el operativo ya que están involucrados menores.
"El Gobierno de Santa Cruz informa que, en cumplimiento de una medida judicial ordenada por el Juzgado de Familia de Caleta Olivia, a cargo de la doctora Rosa Elena González, se llevó a cabo una intervención en la Fundación Valdocco de Cañadón Seco.
En el operativo participaron organismos provinciales como el Ministerio Pupilar N°1, el Ministerio Público Fiscal N°1, la Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en el marco de lo establecido por la Ley Nacional 26.061, la Ley Provincial 3.062, la Convención de los Derechos del Niño, y los principios que rigen el Derecho de Familia.
Dado que la causa judicial sigue en proceso de investigación y se vincula con los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Gobierno Provincial asegura la confidencialidad y protección de la información involucrada en el caso", indica la comunicación oficial.