14 de noviembre de 2024
SANTA CRUZ
Por denuncias de violencia laboral, el TSJ suspendió a la Defensora Pública de la Provincia
Camila Rumi fue apartada provisoriamente de su cargo a inicios de semana por el Tribunal Superior de Justicia, tras una serie de reclamos por parte varios empleados del Poder Judicial, que incluyeron pedidos de licencias psiquiátricas
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz ha dispuesto la suspensión preventiva de la Dra. Camila Rumi, titular de la Defensoría Pública Oficial N°2 en Río Gallegos, en respuesta a las denuncias de violencia laboral presentadas por el gremio de empleados judiciales. La medida busca proteger a los trabajadores de la Defensoría, quienes desde hace casi dos años vienen denunciando un ambiente de maltrato, persecución e incluso amenazas por parte de la funcionaria.
El gremio de judiciales informó que esta suspensión responde a una reunión reciente entre trabajadores de la Defensoría y autoridades del TSJ, donde se expusieron nuevamente las graves condiciones laborales que han llevado a algunos empleados a solicitar licencias psiquiátricas.
A pesar de esta medida, la defensora Rumi presentó su renuncia ante el gobernador Claudio Vidal el 5 de noviembre. Sin embargo, dicha dimisión será efectiva recién a partir del 1 de febrero de 2025, permitiéndole a Rumi cobrar su salario hasta esa fecha, lo cual el gremio considera como un "enriquecimiento sin causa", ya que estará suspendida y sin ejercer funciones durante ese periodo.
Judiciales subrayó que sobre Rumi pesan hasta ocho sumarios administrativos que incluyen faltas graves y denuncias de violencia laboral. Además, aseguran que su renuncia se habría presentado para evitar enfrentar un proceso de jury, en el cual un tribunal de enjuiciamiento evaluaría las pruebas y determinaría las sanciones correspondientes.
La situación, recalca el gremio, pone en evidencia las falencias de la Oficina de Bienestar Laboral (OBL), organismo que, a pesar de recibir denuncias, no tiene facultades sancionatorias ni preventivas ante estos casos. Según el gremio, la falta de un representante laboral en dicha oficina agrava la problemática y limita la protección de los trabajadores.