La Fiscalía pidió penas de hasta tres años y seis meses en la causa Ñoquis Calientes
En la audiencia de cesura de pena, el MPF también solicitó que la condena contra la exdiputada provincial Cecilia Torres Otarola tenga prisión efectiva, mientras que para los otros acusados por delitos de fraude y defraudación a la administración pública en Chubut sea condicional
Este martes se llevó a cabo la audiencia de cesura de pena en el marco de la causa Ñoquis Calientes, que investiga una trama de corrupción vinculada al uso indebido de recursos públicos en Chubut. El fiscal general jefe, Omar Rodríguez, solicitó penas que oscilan entre dos años de prisión en suspenso y tres años y seis meses de prisión efectiva, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la restitución de los montos malversados.
Para Cecilia Torres Otarola, exdiputada provincial y exministra de Familia, la Fiscalía pidió tres años y seis meses de prisión efectiva, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y la devolución del perjuicio económico ocasionado a la administración pública. Según el fallo de culpabilidad, Torres Otarola fue responsable de cuatro hechos de fraude y tres de exacciones ilegales, incluyendo el requerimiento indebido de un porcentaje de los salarios de sus asesores.
En el caso de Silvana Cañumil, quien se desempeñó como directora general en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, se requirió una pena de dos años de prisión en suspenso, con reglas de conducta como la presentación trimestral ante la Justicia, la realización de cursos de ética pública, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la restitución del monto sustraído.
Los otros tres acusados, que ocuparon distintos roles dentro del ministerio, enfrentan pedidos de dos años de prisión en suspenso, con medidas similares de inhabilitación, reglas de conducta y la devolución de los haberes percibidos indebidamente.
El tribunal, integrado por la jueza Marcela Pérez Bogado y los jueces José Ennis y Carlos Richeri, informó que tomará el plazo legal para dictar sentencia, la cual se espera para el mes de febrero debido a la feria judicial.
La causa “Ñoquis Calientes” destapó una red de irregularidades en la contratación de personal en el Ministerio de Familia de Chubut. Según la investigación, se contrataron asesores ficticios, mientras que otros empleados entregaban parte de su salario a la exministra como condición para mantener sus cargos. Este caso se suma a otros procesos judiciales que han puesto en el foco la administración de recursos públicos en la provincia, donde diversas figuras políticas han enfrentado investigaciones por corrupción.