14 de enero de 2025
NEUQUEN
Con resistencia libertaria, el Deliberante de Villa La Angostura decidirá sobre la ocupación mapuche en el Correntoso
El acuerdo impulsado por el intendente Murer busca permitir la gestión mapuche del predio, pero enfrenta críticas del sector de Juntos por la Libertad que exige la ejecución de la sentencia de desalojo
Villa La Angostura atraviesa un nuevo capítulo en la disputa por el camping del lago Correntoso, ocupado desde 2011 por la comunidad mapuche Paichil Antriao. El intendente Javier Murer presentó un acuerdo que permitiría a la comunidad gestionar el predio con fines turísticos y comerciales, sujeto a estrictos controles municipales. Sin embargo, el convenio, calificado como un "acto de entendimiento", debe ser aprobado por el Concejo Deliberante, donde enfrenta una fuerte resistencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén había dictaminado en abril de 2024 que el municipio tiene la posesión del terreno y ordenó el desalojo de los ocupantes, pero la comunidad interpuso una queja ante la Corte Suprema de Justicia, lo que dejó la sentencia sin firmeza. A pesar de ello, sectores políticos como Juntos por la Libertad calificaron el acuerdo como "ridículo" e instan a ejecutar el fallo. "El camping es un patrimonio colectivo, no un bien negociable", señalaron en un comunicado.
El convenio establece que la comunidad Paichil Antriao deberá reconocer al municipio como propietario del predio y comprometerse a cumplir con normas legales y ambientales. A cambio, se les permitiría continuar en el lugar desarrollando actividades como turismo lacustre, venta de artesanías y alquiler de kayaks, mientras reciben capacitaciones en bromatología e higiene. El texto también contempla la posibilidad de extinguir el acuerdo en caso de incumplimiento, habilitando incluso el uso de la fuerza pública.
Para los Paichil Antriao, el acuerdo representa una solución política que podría evitar la confrontación. "Es auspicioso que se apueste al diálogo en lugar de profundizar los conflictos", expresó Luis Virgilio Sánchez, abogado de la comunidad. Desde el municipio, la postura del intendente Murer apunta a evitar un desalojo que podría generar tensiones sociales y políticas en la localidad.