RIO NEGRO
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Redacción
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El ministerio de Trabajo pone multas a una cooperativa y trabajadores toman la planta
Las trabajadoras de las Cooperativas 20 de Noviembre y El Dorado protagonizan un conflicto con el gobierno provincial, a raíz de la denuncia por irregularidades que hizo el Ejecutivo y que desencadenó en la toma de lugar
La tensión en Caleta Olivia escaló ayer por la noche cuando las trabajadoras de la planta de procesamiento de pescado, conocida como ex Barilari, tomaron las instalaciones del lugar por un conflicto con la empresa contratada y el gobierno provincial.
El ministerio de Producción de Santa Cruz, a cargo de Gustavo Martínez, notificó a las cooperativas el usufructo de las mismas, debido a irregularidades que habrían detectado en el funcionamiento de la planta.
El usufructo de la planta, según relata Martínez, les fue otorgado a las cooperativas El Dorado y 20 de Noviembre luego de la expropiación que realizó la provincia en el año 2009, y que en aquel momento las cooperativas decidieron firmar un contrato con la empresa Vepez para el funcionamiento de la planta.
Lo que el gobierno señala es que durante el 2024 hubo incumplimiento de contrato entre las cooperativas y el empresario dueño de Vepez, Luis Jones, indicando que "se firmó un contrato por un año por $1800 millones con determinado tiempo de entrega. Ese contrato no se cumplió por decisión de la cooperativa y la empresa se presentó en la Justicia".
Ante la denuncia de la empresa, la justicia falla a favor del empresario y ordena la entrega del equipamiento que le pertenecía que estaba dentro de la planta, y es ante esta decisión que comienza la toma de los trabajadores, junto con la resolución del Ministerio que ordenaba el retiro de las cooperativas.
Una de las referentes de las cooperativas, Adriana Carrizo, dialogó con medios locales y manifestó que "la resolución del ministro Martínez dice que las cooperativas están irregulares, pero eso no es cierto, tenemos todos los papeles al día, y el INAES nos confirmó que nuestras cooperativa están activas y bien presentadas".
Las acusaciones de parte de la cartera de Trabajo son graves, y Martínez asegura que el organismo "determinó falencias graves y puso multas por más de $1.000 millones a ambas cooperativas por no tener aportes en regla, personal que trabajaba sin papeles y menores de edad trabajando sin autorización. Esto es muy grave. No cumplieron con la Ley de Cooperativas" y agregó que "se les dio 30 días hábiles en septiembre para regularizar la situación y, estamos casi en febrero y ningún papel se regularizó".
En medio de los reclamos, la toma de la planta y la tensión generada entre las partes, el gobierno ya decidió darle el usufructo de las plantas a dos nuevas cooperativas, San Miguel y Sur Caleta, con un contrato por un año y con controles permanentes del Estado.
Mientras tanto, los 400 trabajadores que se encuentran operando en la planta se encuentran en estado de alerta e incertidumbre por sus puestos de trabajo ante la salida de las cooperativas y la llegada de nuevas entidades a cargo del funcionamiento del lugar.