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Viernes, 24 enero 2025
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24 de enero de 2025
JUDICIALES

Investigan maniobras de blanqueo de langostino ilegal en una planta pesquera de Caleta Olivia

La justicia apunta a dos empresarios y a cooperativas por presunta asociación ilícita para ingresar producto no autorizado desde Chubut a Santa Cruz

Investigan maniobras de blanqueo de langostino ilegal en una planta pesquera de Caleta Olivia
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La justicia de Santa Cruz investiga un esquema de "blanqueo" de langostino ilegal en la planta ex Barillari, ubicada en Caleta Olivia. Según denuncias, el producto provenía de Chubut con documentación presuntamente falsificada y era procesado en la planta bajo el control de las cooperativas El Dorado y 20 de Noviembre.  

El caso salió a la luz cuando un camión cargado con langostino fresco fue interceptado al intentar ingresar al establecimiento. Los documentos del cargamento indicaban un destino falso en el puerto de Caleta Paula, pero el producto estaba destinado a la ex Barillari, según confirmaron fuentes oficiales al medio Mar y Pesca.  

El ministro de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Gustavo Martínez, calificó la situación como "gravísima" y aseguró que las irregularidades detectadas no solo afectan a la planta en cuestión, sino que ponen en riesgo a toda la economía pesquera de la provincia. Por su parte, la Secretaría de Pesca de Chubut también presentó denuncias penales por el caso y anunció una multa administrativa que superaría los 100 millones de pesos.  

La maniobra involucraría a empresarios del sector pesquero, quienes habrían utilizado guías de tránsito adulteradas emitidas por pesqueras en Rawson. El langostino, transportado por camiones de una de las firmas investigadas, era ingresado a la planta de Caleta Olivia con el aval de documentos presuntamente autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).  

En paralelo, las cooperativas que operaban en la planta ex Barillari enfrentan acusaciones por desmanejos administrativos, deudas millonarias con el Estado y presuntas maniobras coercitivas contra trabajadores. Mientras avanza la investigación judicial, el gobierno santacruceño busca garantizar que las actividades pesqueras en la región se realicen dentro del marco legal y en condiciones óptimas para todos los actores involucrados.
 

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