27 de febrero de 2025
JUDICIALES
Neuquén asume la investigación del microtráfico de drogas
Con la entrada en vigencia de la Ley 3488, la Provincia comenzará a intervenir en delitos de comercialización y distribución de estupefacientes para el consumo, con la puesta en marcha de una fiscalía especializada y un plan estratégico de persecución del delito
Desde este jueves entra en vigencia en Neuquén la Ley 3488, que transfiere al ámbito provincial la investigación de delitos vinculados al microtráfico de drogas. En este marco, el fiscal general José Gerez formalizó el “Plan Estratégico de Persecución del Microtráfico de Drogas” y la conformación de la fiscalía de Narcocriminalidad, con sede en la ciudad de Neuquén y alcance en toda la provincia.
La medida responde a la adhesión de Neuquén a la Ley Nacional 26.052, que permite a las provincias asumir la competencia en delitos de comercialización y distribución de estupefacientes para el consumo. Para su implementación, el fiscal general mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y el jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez, junto a integrantes de las fuerzas de seguridad y fiscales especializados.
El plan establece que la intervención del Ministerio Público Fiscal estará orientada a investigaciones complejas y proactivas, con el objetivo de identificar puntos de venta, estructuras de distribución y organizaciones vinculadas al narcotráfico. Asimismo, se busca priorizar la persecución de delitos que generen mayor daño social.
La nueva fiscalía de Narcocriminalidad estará integrada por las fiscales María Eugenia Titanti y Silvia Moreira, junto a asistentes letrados y agentes judiciales, bajo la supervisión del fiscal jefe Agustín García. En el interior de la provincia, la supervisión de los casos estará a cargo de los fiscales jefes Fernando Fuentes (Chos Malal), Gastón Liotard (Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala) y Agustín García (San Martín y Junín de los Andes, Villa La Angostura).
Durante la reunión de coordinación, también se discutieron posibles reformas al Código Procesal Penal para facilitar denuncias anónimas y la incorporación de figuras como el agente revelador e informante en las investigaciones.
El gobernador Rolando Figueroa había anunciado la decisión de asumir esta competencia en julio pasado, argumentando la necesidad de fortalecer la respuesta de la provincia ante un problema que afecta a la seguridad y el tejido social.