5 de marzo de 2025
NOTA DE GRAFICA
Santa Cruz: una nueva oportunidad para el carbón
Con el cambio de YCRT en Sociedad Anónima, la empresa carbonífera encara una nueva etapa con el desafío de acortar una brecha deficitaria histórica. ¿Qué implica esta transformación?
Luego de meses llenos de expectativas por lo que iba a suceder con la empresa que maneja la única mina de carbón del país, finalmente el Gobierno Nacional, amparado en el DNU 70/23 y La Ley Bases, decidió avanzar en la trasformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) a Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima.
A pesar de ya haber tenido el escenario previsto, el arco político y gremial reaccionó con especial intensidad tras la salida del decreto. Los sindicatos del sector minero, como el Gobierno Provincial a cargo de Claudio Vidal, la oposición peronista y en la cúpula de la ahora carboeléctrica coincidieron en su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores. En ese marco, también surgieron cuestionamientos a la medida, argumentando que la transformación podría allanar el camino hacia una eventual privatización de un recurso estratégico para el país y la destrucción de una de las principales fuentes económicas de los municipios aledaños de Río Turbio y 28 de Noviembre.
Por otro lado, el oficialismo defendió la decisión como un paso necesario para modernizar la administración de una empresa que, en su formato anterior, mostraba serias deficiencias en términos de eficiencia y rentabilidad.
Así, el cambió a Sociedad Anónima de la ahora carboeléctrica siembra un fuerte precedente en la gestión estatal de los recursos mineroenergéticos del país. La medida se enmarca en un proceso de reestructuración que busca paliar años de resultados financieros insostenibles. Con ingresos que en su inmensa mayoría dependían de las transferencias corrientes del Tesoro, la operatividad de la corporación estaba condicionada a un flujo constante de subsidios que no permitía el desarrollo de un modelo de negocio viable.
YCRT se caracterizó por ser una empresa deficitaria, cuyos resultados se reflejaban en un déficit anual de 140 millones de dólares en 2023, cifra que, aunque se redujo a 70 millones en 2024, no logró disipar la preocupación por la viabilidad de su funcionamiento. Para 2025 se proyectó la necesidad de un aporte estatal superior a los 108 mil millones de pesos -asignados en un Presupuesto Nacional que todavía no se aprobó- de los cuales la inmensa mayoría estaba destinada exclusivamente al pago de salarios, marginalizando inversión en infraestructura, innovación y mejora operativa.
En lo que tiene que ver con los cambios en para la empresa, según lo dispuesto en nuevo estatuto, la sociedad adoptará una estructura legal y administrativa, conforme a la Ley General de Sociedades N° 19.550. Entre los principales cambios se destaca la definición de un capital social fijado en treinta millones de pesos, representado por 30.000 acciones nominativas de mil pesos cada una. Un elemento determinante de este nuevo modelo es la estructura accionaria: las acciones de Clase “A” deberán representar, como mínimo, el 51% del capital social y estarán destinadas exclusivamente al Estado Nacional, garantizando así el control mayoritario.
Paralelamente, se prevé la emisión de acciones de Clase “B” para inversores privados –mediante licitación o concurso– y de Clase “C”, que serán asignadas al personal de planta, con la posibilidad de que, en caso de no ser adquiridas en su totalidad, se conviertan en acciones de las otras clases según lo determine la Asamblea. Básicamente, se permitirán incorporaciones de capital privado, que los empleados puedan tener parte de la empresa y a un régimen mixto que podría favorecer una eventual asociación público-privada.
Además, se amplía respecto a la actividad exclusiva del carbón. La nueva sociedad tendrá por finalidad la explotación integral del complejo minero–carbonífero, que incluye la red ferroviaria, el puerto y las centrales termoeléctricas, con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos Esta integración de actividades, que abarca desde la extracción y procesamiento del carbón hasta la generación y comercialización de energía eléctrica, responde a una estrategia de diversificación que pretende aprovechar sinergias y optimizar la cadena de valor.
El proceso de transformación también contempla la continuidad laboral de los trabajadores de YCRT, asegurando que la totalidad de la plantilla, compuesta por 2.142 empleados –de los cuales unos 900 son mineros que trabajan en condiciones de alto riesgo en el frente de mina– será transferida a la nueva sociedad.
La transformación de YCRT en CRT S.A. también hace parte de una respuesta integral a los múltiples desafíos y objetivos incumplidos que aquejaron a la empresa en las últimas décadas.
Solo el tiempo dirá si las nuevas medidas, junto con la implementación de innovaciones tecnológicas y una gestión más eficiente, serán suficientes para revertir la tendencia a la baja y transformar el legado de una empresa que, pese a sus crisis, se sigue presentando como fundamental para el desarrollo regional y energética en la Patagonia.
El siguiente semestre será crucial para la empresa
Con el cambio de figura societaria en marcha, el estatuto establece un plazo de 180 días para la negociación de un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, lo que supone una instancia clave para definir las condiciones laborales y la estabilidad de los más de 2.000 trabajadores de la empresa.
Al mismo tiempo, la carboeléctrica encara desafíos financieros urgentes: deberá garantizar el pago de sueldos sin depender exclusivamente del Tesoro Nacional y concretar la reactivación en plenitud de la usina termoeléctrica.
Pablo Gordillo Arriagada - Interventor YCRT
“En un año y tres meses la empresa podría equilibrar sus cuentas”
En charla con La Tecla Patagonia, Gordillo comentó sobre la transformación YCRT que "las reacciones han sido positivas, ya que se abre una nueva estructura donde el Estado asume el rol de accionista, lo que permite modificar esquemas de trabajo, negociar nuevos convenios colectivos y atraer inversión privada". No obstante, aclaró: "No es un esquema de privatización total, sino que se establece un marco en el que el capital privado puede incorporarse a la empresa".
En cuanto a lo comercial, el interventor indicó que " ya logramos vender carbón a una empresa española llamada Biomas Energía, que lo comercializa en Colombia, Polonia y otros países de Europa". También destacó que se está trabajando en la habilitación de Carboeléctrica como generadora de energía bajo la Resolución 21 de la Secretaría de Energía: "Esto permitiría vender electricidad directamente a la provincia de Santa Cruz".
Sobre las plantas generadoras, detalló: "Tenemos una usina de 21 megavatios, que se usa para el mantenimiento de la empresa, y una megausina de 240 megavatios, de la cual solo un módulo de 120 está activo". En cuanto a la reactivación de esta última, señaló que "se necesitan inversiones para completar la digitalización y puesta en marcha de la caldera".
Respecto al futuro financiero de la empresa, Gordillo se mostró optimista: “Si logramos vender carbón cada 60 días y generar electricidad, podríamos equilibrar las cuentas en un año y tres meses".
Matías Delgado – Secretario general de ATE Río Turbio
“Tememos que el cambio derive en una lógica de ajuste y precarización”
En diálogo con La Tecla Patagonia, el referente gremial advirtió que "este cambio genera incertidumbre porque, si bien se mantiene el 51% en manos del Estado, abre la puerta a la participación privada, lo que puede derivar en una lógica de ajuste y precarización". A su vez, remarcó que "no se han dado certezas sobre la continuidad de todos los puestos de trabajo ni sobre el nuevo convenio colectivo".
En cuanto a las reuniones con las autoridades, el dirigente gremial señaló: "Hemos pedido explicaciones claras y precisas sobre qué va a pasar con los derechos laborales y con las condiciones de trabajo en la mina. Hasta el momento, la respuesta ha sido ambigua".
Sobre la posibilidad de que los trabajadores participen en la administración de la empresa, según lo estipulado en el artículo 7 del estatuto, Delgado afirmó: "Es un derecho que nos corresponde, pero debemos ver en qué condiciones se implementará y cuál será el verdadero peso de los trabajadores en la toma de decisiones".
Consultado sobre la viabilidad económica de la nueva empresa, el dirigente fue crítico: "Hablan de inversión privada, pero el Estado sigue siendo el principal sostenedor. No hay un plan claro de reactivación de la usina ni de garantía de que la venta de carbón sea suficiente para sostener la empresa". También cuestionó los resultados de la subasta reciente: "Se concretó una venta a Biomas Energía, pero no es una solución de fondo ni un modelo sustentable".
Finalmente, Delgado reafirmó la postura del gremio: "Vamos a seguir defendiendo cada puesto de trabajo y exigir que se respete el convenio colectivo. No permitiremos que la reestructuración signifique un retroceso para los trabajadores".
Daniel Peralta – Exinterventor y diputado provincial
"Hay que seguir este proceso para evitar resultados desagradables"
El exgobernador Peralta, manifestó en intercambio con La Tecla Patagonia que “creo que el Gobierno Nacional va a avanzar con un esquema de privatización más allá de que diga que la mayoría de las acciones son del Estado", y cuestionó el impacto sobre los trabajadores: "El decreto le cambia la tipicidad de figura convencional y sindical a los trabajadores. Es decir, modifica el encuadre sindical y convencional, lo que no me gusta como está planteado".
Para Peralta, la decisión del Ejecutivo representa "un error histórico" que podría afectar la soberanía en una región estratégica, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Chile. "YCRT sostiene a más de 2.200 familias y tiene un impacto muy fuerte en los tres pueblos de la Cuenca”.
Asimismo, hizo hincapié en el rol del Gobierno Provincial en este proceso: "El interventor es un hombre puesto por el Gobernador, con lo cual hay una responsabilidad ahí, y deberán tener mucho cuidado con que una decisión nacional no lo obligue a ejecutar retiros voluntarios o a aceptar inversores privados que vengan por la usina y no por la mina".
El exinterventor reparó que "este proceso tiene muchos interrogantes. Vamos a seguirlo de cerca para vigilar que no haya consecuencias desagradables. Se necesita reactivar el módulo uno de la central de 240 MW y mejorar la venta de carbón desde Punta Loyola. Solo así se podrá reducir el déficit", concluyó.