Además de la tradicional extracción de oro y plata, en el Sur reside el potencial de explotar el elemento con fines nucleares. Qué proyectos existen en la región y cuál es el debate sobre el medio ambiente

La minería de uranio en la Patagonia argentina viene resurgiendo como un tema de interés estratégico en el contexto global de transición energética y búsqueda de fuentes de energía más limpias. Aunque históricamente la actividad minera en la región se ha centrado en la extracción de oro y plata, especialmente en Santa Cruz, el uranio comienza a perfilarse como un recurso con potencial para impulsar el desarrollo económico y energético del país. Sin embargo, su explotación enfrenta desafíos significativos, desde marcos legislativos restrictivos hasta resistencias sociales y ambientales

El uranio, mineral clave para la generación de energía nuclear, ha cobrado relevancia global en los últimos años debido a la creciente demanda de fuentes energéticas estables y bajas en emisiones de carbono. Argentina, con tres centrales nucleares en operación (Atucha I, Atucha II y Embalse), depende en gran medida de la importación de uranio, ya que solo produce el 30% de lo que consume. Este escenario llevó al Gobierno Nacional a impulsar el Plan Nuclear Argentino 2023-2032, que busca reactivar la exploración y explotación de yacimientos locales para reducir la dependencia externa.

En este contexto, la Patagonia emerge como una región estratégica debido a sus importantes reservas de uranio. Sin embargo, la actividad enfrenta tensiones entre las oportunidades económicas y los riesgos ambientales, especialmente en provincias como Chubut, donde una ley prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de sustancias tóxicas. Mientras tanto, Santa Cruz, con una normativa más flexible, avanza en la exploración de yacimientos, aunque con cautela para no generar conflictos sociales. De los 17 proyectos de mineros de uranio en Argentina, en el sur hay presentes 14 iniciativas.

En Chubut, destacan proyectos como Cerro Solo, y Laguna Colorada, explorado por la CNEA. También se encuentran en etapa de exploración Arroyo Perdido, Hope, Lago Seco, Meseta Central, Sierra Cuadrada y Kaia, este último con participación de empresas internacionales.En Santa Cruz, como Meseta Sirven U y Laguna Salada ya se perfilan como alternativas para la extracción de uranio.

En Río Negro, el proyecto Amarillo Grande, liderado por Blue Sky Uranium, es uno de los más prometedores, y en Neuquén, el proyecto Cateos, a cargo de Copper Electric Metals Argentina, se encuentra en etapas iniciales.

Chubut: El Dilema Legislativo y el Potencial de Cerro Solo

Chubut alberga uno de los yacimientos de uranio más importantes del país: Cerro Solo, ubicado cerca de Gastre. Este depósito, descubierto en la década de 1970, tiene reservas estimadas en 5,000 toneladas de uranio y fue explorado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en colaboración con empresas internacionales como la china China National Nuclear Corporation (CNNC). El proyecto, que incluye minería subterránea y procesamiento in situ, representa una inversión potencial de USD 300 millones y podría generar alrededor de 1,500 empleos directos.

La actividad minera en la Provincia está limitada por Ley XVII N° 5001, sancionada en 2003. Esta normativa, impulsada tras el rechazo social a la minería en Esquel, prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de sustancias tóxicas como el cianuro. Aunque el uranio no requiere cianuro para su extracción, su procesamiento podría involucrar técnicas como la lixiviación ácida, que generan preocupaciones ambientales.

Sin embargo, el gobernador Ignacio Torres ha sido enfático que la minería de uranio no viola lo establecido por la Ley N°5001 porque al tratarse de la extracción de una versión no enriquecida del elemento, no representa un riesgo ambiental significativo. “No hay nada raro”, señaló el mandatario a La Tecla Patagonia.

En 2021, el entonces gobernador Mariano Arcioni intentó modificar la ley para habilitar proyectos en la meseta central, pero la iniciativa fue retirada tras masivas protestas ciudadanas. Actualmente, la prohibición permanece intacta, bloqueando cualquier iniciativa a gran escala. Organizaciones como la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Chubut han sido firmes en su oposición, argumentando que la minería de uranio representa un riesgo inaceptable para los recursos hídricos y la biodiversidad de la región.

Santa Cruz: Apertura Condicionada y Proyectos en Desarrollo

A diferencia de Chubut, Santa Cruz no cuenta con una ley antiminera, lo que ha permitido el avance de proyectos de exploración de uranio. La provincia, conocida por su producción de oro y plata, comenzó su potencial uranífero en zonas como Cerro Moro y El Tranquilo. En 2020, la empresa australiana Blue Sky Uranium anunció la identificación de anomalías de uranio en la cuenca del Río Deseado, lo que ha generado expectativas sobre el desarrollo de nuevos yacimientos.

Uno de los proyectos más destacados es Laguna Salada, que se encuentra en fase de prefactibilidad. Aunque aún no se han definido plazos concretos para su explotación, este proyecto podría complementar los esfuerzos nacionales para reducir la dependencia de importaciones de uranio. Además, la provincia ha implementado incentivos fiscales para atraer inversiones mineras, siempre que cumplan con rigurosos estudios de impacto ambiental y consultas a las comunidades locales.

Sin embargo, Santa Cruz no está exenta de desafíos. La oposición de comunidades mapuche-tehuelches y organizaciones ambientalistas ha retrasado algunos proyectos, especialmente en áreas cercanas a glaciares, protegidas por la Ley Nacional 26.639. La secretaria de Minería provincial, Nadia Ricci, ha enfatizado la importancia de una minería sustentable que dialogue con las comunidades, aunque reconoce que el consenso social es fundamental para el éxito de cualquier iniciativa.

Proyectos en Otras Provincias Patagónicas: Río Negro y Neuquén

Además de Chubut y Santa Cruz, otras provincias patagónicas comenzaron a explorar su potencial uranífero. En Río Negro, el proyecto Amarillo Grande, liderado por Blue Sky Uranium, es uno de los más prometedores. Ubicado en la región de Valcheta, este yacimiento tiene reservas estimadas en 22 millones de libras de uranio y se encuentra en fase de exploración avanzada. La empresa aseguró que el uranio de Amarillo Grande es de alta calidad y podría ser extraído mediante técnicas de bajo impacto ambiental.

En Neuquén, la exploración de uranio tiene como única prospección en el proyecto Cateos, liderado por la empresa Copper Electric Metals Argentina. Aunque aún se encuentra en etapas iniciales, este proyecto ya generó interés debido a su potencial para diversificar la matriz productiva de la provincia, tradicionalmente asociada a la explotación de hidrocarburos.

Desarrollo Económico vs Sostenibilidad Ambiental

La minería de uranio en la Patagonia enfrenta un dilema central: cómo conciliar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.
Por un lado, los defensores de la actividad argumentan que podría generar empleo, atraer inversiones y reducir la dependencia de importaciones de uranio. Por otro, los opositores destacan los riesgos de contaminación hídrica, la afectación de ecosistemas frágiles y la falta de consulta previa a las comunidades indígenas.

En Chubut, el debate se ha centrado en la Ley 5001 y la posibilidad de despejar dudas para permitir la minería de uranio sin violar sus principios ambientales. Mientras tanto, en Santa Cruz, el desafío es avanzar en proyectos que cumplan con estándares internacionales de sostenibilidad y que cuenten con el respaldo de las comunidades locales.

El futuro de la minería de uranio en la Patagonia dependerá de la capacidad de los gobiernos provinciales y nacionales para encontrar un equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. Mientras Chubut mantiene una resistencia férrea liderada por la sociedad civil, Santa Cruz explora modelos de “minería verde”, aunque sin garantías de éxito. La clave residirá en diálogos transparentes, marcos legales claros y tecnologías de bajo impacto.

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