Son ocho imputados que comenzaron a ser juzgados hoy por el tribunal unipersonal a cargo de la jueza Eve Ponce. Están acusados de destrozos en al menos diez edificios públicos de la capital provincial, el 16 de diciembre de 2021, en el marco de las protestas contra la ley de desarrollo de la minería que había sancionado la Legislatura el día anterior

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Hoy comenzó el juicio oral y público contra ocho imputados de haber protagonizado desmanes en edificios públicos de Rawson en diciembre de 2021, en el marco de las protestas en contra de una ley de desarrollo de la minería que había sido aprobada por la Legislatura provincial.

Los imputados son Lautaro Martínez, Mauricio Vargas, Damián Díaz, G.V. (que al momento de los hechos tenía 17 años), Nicolás Díaz, Brian Díaz, Lucas Espinoza y Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza.

El tribunal unipersonal está a cargo de la jueza Eve Ponce y el debate se realiza en la sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson. Se espera que a lo largo del juicio brinden sus testimonios medio centenar de testigos.

La mayoría de los imputados son asistidos por el defensor Pablo Sánchez, a excepción de Mauricio Vargas, que es asistido por el defensor público Miguel Moyano.

Los hechos que se juzgan son los incidentes que se produjeron en Rawson el 16 de diciembre de 2021, en el marco de manifestaciones generalizadas en oposición a la Ley de Desarrollo Productivo Sustentable de la Meseta (Ley de Zonificación minera) que había sido sancionada por la Legislatura el día anterior.

La explotación minera es un tema sensible para la comunidad de Chubut y la ley suscitó movilizaciones sociales en distintos puntos de la provincia, principalmente en la capital provincial. Las manifestaciones se extendieron hasta el día 21 de diciembre, fecha en que el propio titular del Poder Ejecutivo postuló ante la Legislatura la derogación de la ley.

Los incidentes que se analizan en este juicio se produjeron entre las 19.30 y las 21 horas del 16 de diciembre de 2021. Para la fiscal Florencia Gómez, que llevó adelante la investigación, se trató de “grupos minúsculos mezclados entre quienes se manifestaban legítimamente” y que además “no encontraron resistencia”.

En la acusación, enumeró que fueron atacadas la Casa de Gobierno, la Comisaría de Rawson, la Sección Finanzas de la Policía Provincial, el Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Rawson, la Legislatura Provincial, el Juzgado Federal, las oficinas de SEROS, el edificio del Ministerio de Educación y otros organismos del estado, aunque también algunos comercios y propiedades privadas”.

La fiscal también remarcó que el día en el que se produjo el “punto más álgido de los disturbios” y la “escalada de violencia” se advirtió “la ausencia de un operativo de seguridad con un despliegue operativo acorde a la realidad de situación”, que dejó a los edificios públicos centrales de Rawson “prácticamente a merced de los manifestantes”.

Para la Fiscal Florencia Gómez, los manifestantes “tomarán la fuerza de modo improvisado y desorganizado. Sin ningún tipo de planificación previa, emprendieron una sucesión de acciones violentas consistentes principalmente en arrojar elementos contundentes con el propósito de desplomar los vidrios de los edificios públicos, para luego ingresar en los mismos e iniciar focos ígneos valiéndose de los recursos existentes en las oficinas -hojas, libros, carpetas-, así como, saquear las cosas del lugar -computadoras, matafuegos, botellones de agua, etc. La efervescencia de estos grupos improvisados fue creciendo a medida que no encontraban resistencia, tomando la vía pública a su antojo y emprendiendo, con elementos rudimentarios, contra los edificios públicos”.

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