22 de abril de 2025
SANTA CRUZ
Crece la tensión en la Legislatura por el tratamiento del desafuero de Fernando Españon
La oposición denunció maniobras dilatorias del oficialismo para evitar el avance del proceso judicial contra el diputado, quien enfrenta denuncias por abuso de autoridad y abuso sexual. Además, la justicia ingreso otro par de pedidos
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Santa Cruz volvió a reunirse ayer para tratar el pedido de desafuero del diputado Fernando Españón, pero el expediente continúa sin despacho favorable. El planteo original, elevado el 19 de febrero mediante el Oficio 535/25 por el presidente de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, se encuentra estancado desde entonces, según denuncian legisladores de Unión por la Patria.
Españón enfrenta al menos dos causas judiciales: una por abuso de autoridad y otra por abuso sexual simple en tres hechos bajo la modalidad de abuso sexual coactivo o intimidatorio en una relación de dependencia. A estos pedidos de desafuero se sumaron dos nuevos oficios judiciales (648/25 y 658/25), remitidos por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, que aún no tomaron estado parlamentario, según advirtió la oposición.
Desde el bloque opositor acusaron al oficialismo de intentar introducir en la comisión oficios sin el trámite correspondiente para dilatar el tratamiento del caso. La diputada Lorena Ponce denunció además que el abogado defensor de Españón, Sandro Levín, participa de las reuniones como asesor del bloque oficialista, lo que consideró una incompatibilidad ética, dado que se trata de expedientes judiciales reservados.
Previo al envío del pedido a comisiones, el vicegobernador Fabián Leguizamón había autorizado el desafuero por resolución de presidencia, mientras que el propio Españón presentó una nota donde manifestó su renuncia a los fueros, acción que la oposición considera inconstitucional. Según establece el artículo 97 de la Constitución de Santa Cruz, el levantamiento de fueros solo puede resolverse con el voto de dos tercios de los legisladores presentes, en juicio público.
El tema fue incluido en el orden del día del 13 de marzo, pero no logró acuerdo político. Desde entonces, permanece sin resolución y su avance depende de la voluntad del oficialismo, que cuenta con mayoría en la comisión.