28 de abril de 2025
PUNTAPIE INICIAL
Comenzó el proceso para reformar el Código Procesal Civil y Comercial de Neuquén
Con participación de los tres poderes del Estado, se realizó la primera reunión de la comisión especial que deberá elaborar un anteproyecto de ley en un plazo de seis meses, buscando actualizar un marco normativo vigente desde hace 50 años
La Comisión Especial encargada de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Neuquén realizó este lunes su primera reunión en la Legislatura provincial. Integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la comisión tendrá hasta seis meses, prorrogables por otro período igual, para presentar un anteproyecto de ley que modernice el régimen procesal vigente.
El encuentro, realizado en la Sala de Comisiones, fue encabezado por el diputado Ernesto Novoa, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, quien destacó la necesidad de alcanzar consensos amplios y de asegurar la participación de toda la sociedad en el proceso de reforma. Durante la reunión se acordó dividir el trabajo en dos subcomisiones: una para el ámbito civil y comercial, y otra para el área de familia.
La vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina, calificó la jornada como "un día histórico" y destacó la importancia de actualizar un código que ya lleva medio siglo de vigencia. Recordó que la iniciativa da continuidad a un proceso iniciado en 2022 y que contó con valiosos aportes de juristas y sectores académicos.
Desde el Poder Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, celebró que el debate se lleve adelante en el ámbito legislativo, destacando la oportunidad de fortalecer la calidad institucional y el Estado de derecho en la provincia. A su vez, abogó por un procedimiento accesible, dinámico y humano.
La comisión especial también definió sus autoridades de trabajo, designando a Cielubi Obreque como secretaria y a Aylen Martín Aimar como coordinadora. En la reunión participaron legisladores de todos los bloques políticos, además de funcionarios judiciales y del Ejecutivo.
El anteproyecto deberá incorporar principios como oralidad, celeridad, transparencia, plazos razonables, gratuidad, innovación tecnológica y regionalización del servicio de justicia. También se prevé la convocatoria a colegios de abogados, magistrados, universidades y expertos para enriquecer el debate.