19 de mayo de 2025
NEUQUEN
Tensión en Villa La Angostura: comunidades mapuches resisten un desalojo ordenado por la Justicia
Pese a la intervención del gobierno provincial y la propuesta de diálogo, el juez Bonorino ratificó la orden de desalojo. Las comunidades Quintriqueo y Melo bloquearon el acceso al territorio
El conflicto territorial que involucra a las comunidades mapuches Lof Quintriqueo y Lof Melo en Villa La Angostura escaló en las últimas horas tras la confirmación del juez subrogante Diego Bonorino de que la orden de desalojo sigue vigente y será ejecutada, a pesar de la intervención del gobierno provincial que había propuesto abrir una instancia de diálogo.
La decisión judicial contradijo las expectativas generadas por la intervención del ministro de Gobierno, Jorge Tobares, quien había solicitado formalmente la suspensión del procedimiento. En una nota enviada al juzgado y a las partes, el funcionario advirtió que el operativo vulnera la Ley Provincial 2302 y compromete derechos fundamentales de niños, niñas, personas mayores y otros sectores vulnerables. También había planteado la necesidad de cumplir protocolos de contención y protección antes de cualquier desalojo.
La comunidad Quintriqueo, reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) mediante la Resolución 332/23, cuestionó con dureza la actitud del Poder Judicial. A través de un comunicado y declaraciones públicas, referentes de la comunidad desmintieron que se hubiera suspendido la orden y denunciaron que el juez Bonorino “rechazó la conformación de una mesa de diálogo y desoyó los pedidos del Ejecutivo provincial y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
“Estamos resistiendo en el territorio. No vamos a permitir un nuevo atropello. El juez será responsable de lo que suceda con nuestras familias, nuestros niños, nuestros ancianos”, afirmaron en un mensaje grabado desde el lugar. También anunciaron que impulsarán un pedido de juicio político y recusación contra Bonorino, a quien acusan de ignorar la legislación vigente y actuar con sesgo en favor de intereses privados.
La tensión se incrementó este lunes, día en que vencía el plazo judicial para abandonar el predio en Bahía Huemul, ocupado por las comunidades desde hace 14 años. En respuesta, colocaron barricadas y anunciaron que resistirán el ingreso de las fuerzas de seguridad. “La tierra no se vende, se defiende”, proclamaron desde el Consejo Zonal Lafkence de la Confederación Mapuche del Neuquén, que declaró el estado de emergencia y movilización permanente.
El predio está en litigio desde 2012. Si bien la denunciante exhibió títulos de propiedad desde 1973, las comunidades alegan ocupación ancestral y sostienen que el ingreso se realizó como parte de un proceso de “recuperación territorial”. Desde la defensa legal, el abogado Luis Virgilio Sánchez denunció que el juzgado ignoró el relevamiento territorial realizado por el INAI y avanzó sin aplicar los protocolos establecidos por ley.
La situación generó un fuerte debate en la provincia de Neuquén, donde el gobierno busca evitar hechos de violencia en un contexto de alta sensibilidad política y social. A pesar de las gestiones de Tobares y del subsecretario Juan Grandi para encauzar el conflicto, la postura inflexible del juzgado mantiene la amenaza de un desalojo inminente.
Mientras tanto, el recurso de queja presentado por la comunidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue sin resolución. En juego no está solo la ocupación de un predio específico, sino el reconocimiento efectivo de los derechos territoriales de los pueblos originarios en la Patagonia, en un contexto cada vez más tenso por la falta de soluciones estructurales y la judicialización de los reclamos.
“Queremos una salida dialogada, pero no aceptaremos el despojo”, reiteraron desde el Lof Quintriqueo. La comunidad también pidió mayor acompañamiento del gobierno provincial y organismos nacionales para garantizar que se respete el marco legal vigente.