20 de mayo de 2025
NEUQUÉN
La Provincia desactivó un desalojo y pidió una solución pacífica a un conflicto territorial
Las comunidades mapuche Quintriqueo y Melo bloquearon ayer el ingreso al predio que habitan para resistir al desalojo que había ordenado el juez Bonorino. En una nota del Ministro de Gobierno, Jorge Tobares, solicitó dejar sin efecto la orden judicial y abrir una mesa de diálogo
El conflicto territorial que tiene como protagonistas a las comunidades mapuches Quintriqueo y Melo en Villa La Angostura escaló en el día de ayer, en que se cumplía el plazo que había otorgado el juez subrogante, Diego Bonorino, para que abandonen el predio. Sin embargo, mediante una nota enviada desde el Ministerio de Gobierno de Neuquén, el gobierno provincial puso paños fríos y solicitó dejar sin efecto la orden judicial y abrir una mesa de negociación entre las partes.
La intervención de la provincia se comunicó a través de una nota oficial firmada por el ministro Jorge Tobares, donde advirtió que la ejecución del desalojo violaría la ley provincial 2302 por afectar a grupos vulnerables, como niños, niñas, adolescentes y personas mayores. Esta norma protege a poblaciones en situación de vulnerabilidad y exige medidas previas de contención.
Los miembros de las comunidades habían cerrado las tranqueras que permiten el ingreso al predio en disputa para evitar el desalojo, al cumplirse el plazo de cinco días que les había dado el juez, y responsabilizaron públicamente al Poder Judicial y al Ejecutivo provincial por cualquier consecuencia que pudiera generar un desalojo.
El abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, denunció que la orden de desalojo fue dada sin cumplir con la ley 2302 y denunció que no se convocó previamente a una instancia de diálogo. En consecuencia, presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún no se expidió.
El Estado argentino ya reconoció la ocupación tradicional del Lof Quintriqueo, comunidad que cuenta con personería jurídica y relevamiento territorial validado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2023, mediante la Resolución 332/23.
La disposición oficial para facilitar el diálogo fue reiterada este lunes, tanto al abogado de la comunidad como al de la denunciante. “Se reitera la disposición para sostener un espacio de diálogo que permita abordar la situación de forma pacífica”, se lee en el documento con fecha del 16 de mayo.
Además, miembros de la comunidad recibieron el llamado del subsecretario de Gobierno, Juan Grandi, quien reiteró la voluntad del Ejecutivo de evitar una escalada del conflicto y avanzar hacia una solución pacífica e institucional.
El ministro Tobares ya había ofrecido formalmente el 13 de mayo la intervención de la Subsecretaría de Gobierno como instancia facilitadora, en el marco del expediente iniciado por el abogado Guillermo Hensel.
Sin respuestas concretas, reiteró la propuesta el 16 de mayo, solicitando formalmente abrir un espacio de diálogo entre las partes.